Cajero automático o comunidad de valores: el reto de frenar las agresiones al Estado de derecho en Europa

Conforme la Unión Europea ha ido sumando miembros, los desafíos al Estado de derecho de varios socios han ido ganando terreno. El mayor ha llegado desde Hungría, una “autocracia electoral”, según una declaración de la Eurocámara aprobada con el rechazo de las fuerzas de ultraderecha que, probablemente, crecerán en las elecciones que se celebran entre el jueves y el domingo. “La situación se ha deteriorado en la última década”, certifica el Tribunal de Cuentas de la UE en su último informe sobre la materia. Para frenar esas amenazas, la UE se ha dotado en los últimos años de un arsenal de sanciones que apuntan a donde más duele: el dinero. Se trata de dejar claro que la Unión “no es un cajero automático”, una idea que surge de parafrasear al primer ministro belga Alexander de Croo.

La amenaza de perder el derecho de voto —el mecanismo que activa el artículo 7 de los tratados— en el Consejo de la UE nunca funcionó. Los Estados miembros jamás se atrevieron a pulsar ese botón nuclear, pese a que la Comisión lo propuso en 2017 para Polonia —la semana pasada cerró el expediente— y el Parlamento Europeo, en 2018, para Hungría, opción que sigue abierta. La falta de decisión de las capitales ha generado impotencia en Bruselas. No fue el miedo a ser un mero oyente en la UE lo que llevó a Varsovia a claudicar; ha sido un cambio de Gobierno, que se ha comprometido a devolver la independencia a los jueces y respetar el derecho comunitario. Y el desafío a esos valores puede aumentar con la próxima integración de nuevos países. Un ejemplo de estas semanas: Georgia ha aprobado una ley de agentes extranjeros de inspiración rusa —y pretende tramitar otra restrictiva con el colectivo LGTBI— apenas unos meses después de ser declarado candidato, pese a las advertencias de Bruselas de que con ella se alejaba de los valores de la Unión.

Para superar esa impotencia se han desplegado “una serie de herramientas suficientemente amplia que deja a la Comisión sin más excusas para que siga apaciguando a los Gobiernos nacionales que infringen la ley”, reclama Sophie in ‘t Veld, eurodiputada holandesa liberal. La también candidata por el partido paneuropeo Volt se refiere al mecanismo de condicionalidad, que puede llevar al Ejecutivo de Bruselas a suspender la entrega de fondos cuando tiene pruebas de que está en riesgo el presupuesto de la Unión (algo que ya ha sucedido con Hungría). También se puede activar cuando esté en peligro la exigencia de cumplir con la carta de Derechos Fundamentales de la UE —Polonia y Hungría ya han estrenado este castigo— y obliga al cumplimiento de requisitos en que se cristalizan en reformas si hay deficiencias en el Estado de derecho para recibir recursos del plan recuperación. Los casos de Varsovia y Budapest han demostrado que, cuando hay voluntad política, la defensa del Estado de derecho es viable.

Pero, ¿qué puede pasar si flaquea la voluntad política? “No soy pesimista. No creo que el panorama se pueda atenuar, como con el Pacto Verde. El Estado de derecho está protegido”, explica Daniel Sarmiento, profesor de Derecho Europeo en la Universidad Complutense, que recuerda que hace solo cinco años “este arsenal era impensable”. “Se aplicarán las normas. No creo que haya un giro radical”, responde a la pregunta de qué puede suponer el previsible incremento de fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo, órgano que siempre ha abanderado las denuncias contra las quiebras del Estado de derecho, o el aumento de los gobiernos ultranacionalistas. “Con la vigilancia de hasta el último céntimo, todos tienen incentivos para pasar por el aro si quieren tener fondos”. Sarmiento razona que en países que son contribuyentes netos a las arcas de la UE, como Países Bajos, Suecia o Finlandia, donde las fuerzas extremistas están o condicionan los Gobiernos pero no se pone en cuestión el Estado de derecho, sí que se prestará atención al uso que se da a los fondos europeos y a la lucha contra la corrupción.

Bloqueo ultra

El eurodiputado alemán de Los Verdes y candidato, Daniel Freund, no lo tiene tan claro. “Partidos como Vox, la Liga, Reagrupamiento Nacional o, incluso, AfD, si miras cómo votan en asuntos como la corrupción en Hungría y el bloqueo de fondos por la corrupción, siempre votan en contra de actuar. Ellos votaron contra el mecanismo de condicionalidad y contra su activación cada vez que han podido. Así que ante la decisión de seguir alimentando con dinero de sus contribuyentes el sistema corrupto de [el primer ministro húngaro, Viktor] Orbán o no, ellos han optado por seguir dando fondos a Orbán”.

In ‘t Veld, por su parte, apunta a la Comisión, porque defiende que si el Ejecutivo de la Unión no ha sido más contundente con los gobiernos de Italia o Grecia, “se debe directamente a su deseo de seguir siendo amiga de los respectivos primeros ministros: [Kyriakos] Mitsotakis y [Giorgia] Meloni”. Menciona solo dos países, pero en una resolución de este año en la que ella fue ponente, aparecen citados otros como Bulgaria, Malta, Eslovenia, Eslovaquia o Rumania, como Estados en los que “el Parlamento ha abordado la situación del Estado de derecho en sus resoluciones”. También están Polonia y Hungría, donde la situación ha sido —o es— más grave.

Esa resolución analiza otra de esas herramientas puestas en marcha desde 2020 para controlar el Estado de derecho, los informes anuales que se publican todos los años sobre la situación individual en los 27 países. Este no es un mecanismo sancionador. Se trata más bien de un examen público que pretende estimular las mejoras a base de sacar a la luz las vergüenzas de cada Estado. Pero lo cierto es que en las cuatro ediciones que van, no se han visto cambios sustantivos. Hungría sigue con sus gravísimos problemas. El Gobierno ultraconservador de Polonia solo rectificó cuando se vio presionado por el bloqueo de los fondos y el país giró definitivamente con el cambio de Ejecutivo en diciembre. Y, por poner un ejemplo muy conocido en España, en las cuatro ocasiones en que se ha hecho hasta ahora el informe se ha afeado, de forma creciente, el bloqueo en la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que continua.

“El informe no es suficiente, ya que el seguimiento de la situación no es adecuado”, explica esa resolución de la Eurocámara, en la que se pide a la Comisión que este examen “forme parte de todo un proceso dentro del ámbito del mecanismo del Estado de Derecho en su conjunto, y que garantice el pleno uso del arsenal de herramientas a su disposición, incluido el artículo 7, en los casos en que el informe siga detectando infracciones continuas año tras año en determinados Estados miembros”.

Más acción

Lo que subyace en esta redacción es la demanda de pedir a la Comisión Europea más acción. Lo dice explícitamente In ‘t Veld, con fuertes críticas a Ursula von der Leyen, la presidenta del Ejecutivo comunitario, por “vender el alma de la Comisión Europea”, al no haber recurrido más veces a herramientas como el mecanismo de condicionalidad que retiene fondos europeos cuando se percibe un riesgo para el presupuesto europeo, algo que hasta ahora solo ha hecho con Hungría y Polonia. “Ha hecho una elección política consciente para apaciguar al Consejo Europeo”, apunta.

Con menos dureza, Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Delors, también apunta que uno de los elementos que limita la acción del Ejecutivo de la Unión es que es un órgano político: “El problema con estas herramientas, como el mecanismo de condicionalidad, es que lo evalúa la Comisión, que no es un órgano 100% independiente. Tiene presiones y además debe sacar adelante otras iniciativas, con lo que es vulnerable al chantaje de los Estados”.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, recomienda al Ejecutivo de Von der Leyen “seguir evaluando las lagunas potenciales que socavan la eficacia del marco del Estado de Derecho” e incidir en la vía monetaria, cuando aconseja que se desplieguen “medidas de protección adicionales” al presupuesto europeo cuando se elabore el próximo presupuesto plurianual. El que empezará a prepararse al día siguiente de que la próxima Comisión tome posesión.