Bélgica investiga un caso de injerencia rusa en las elecciones europeas

El primer ministro belga, Alexander De Croo, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación por parte de la justicia nacional sobre los intentos de injerencia de Moscú en la UE, después de que los servicios de inteligencia del país hayan confirmado la existencia, adelantada por la República Checa, de una “red de injerencia prorrusa” en varios Estados europeos, incluida Bélgica, con pagos a diversos actores, entre ellos eurodiputados de diversas nacionalidades, de cara a las elecciones europeas de junio.

La situación es tan seria que el jefe de Gobierno belga, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, quiere llevar el tema a la cumbre de líderes de los Veintisiete la semana que viene y ha pedido también una reunión urgente de Eurojust, la agencia de coordinación judicial de la UE.

“Los servicios de inteligencia belga han confirmado la existencia de una red de injerencia prorrusa con actividades en varios países europeos y en Bélgica”, ha dicho De Croo en rueda de prensa en Bruselas. Aunque se ha negado a revelar nombres y nacionalidades de los presuntos implicados, por ser información clasificada que ni siquiera él ha podido ver de forma completa, el dirigente ha confirmado que hay eurodiputados en esa lista y que “se han producido pagos”, aunque no en territorio belga, sin aclarar tampoco los destinatarios de esos pagos.

Según ha explicado, los objetivos de Moscú son “claros”: se trata, ha dicho, de “ayudar a elegir más candidatos prorrusos al Parlamento Europeo y reforzar el relato prorruso en la institución”.

Como respuesta nacional, De Croo ha señalado que, tras recibir esta semana una parte desclasificada de un extenso informe de la inteligencia belga, la Fiscalía federal considera que tiene argumentos suficientes como para abrir una investigación sobre la sospechosa red rusa. La ley que penaliza más gravemente los delitos de espionaje e injerencia, ha recordado el jefe de Gobierno, acaba de entrar en vigor en el país, aunque no está claro aún que sea aplicable para este caso.

“Los pagos en efectivo no se produjeron en Bélgica, pero sí la injerencia. Como sede de las instituciones europeas [Bruselas], tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a unas elecciones libres y seguras”, ha indicado.

Todo ello con un objetivo explícito: “Un apoyo europeo más débil a Ucrania ayuda a Rusia en el campo de batalla y ese es el verdadero objetivo de lo que se ha contado estas últimas semanas”, ha agregado el primer ministro en referencia a las denuncias iniciales de República Checa, que lanzó la alarma a finales de marzo al anunciar la desarticulación de una operación de influencia rusa que operaba a través de una plataforma de artículos llamada Voice of Europe, con sede en Praga. El Gobierno checo cree que las redes del Kremlin usaron esa plataforma como vehículo para pagar miles de euros a políticos europeos, en efectivo o en criptomonedas, según una fuente de inteligencia. Entre los políticos identificados por varios medios desde entonces, sobre todo de extrema derecha, han sido señalados dos alemanes del partido ultra AfD, Petr Bryston y Maximilian Krah, que han negado los señalamientos.

Las advertencias de De Croo se suman también a la valoración de la propia UE, que en unos documentos internos, consultados por este diario, advertía ya de que “se está amplificando el uso de redes coordinadas y personas influyentes para difundir y amplificar de forma artificial en las redes narrativas engañosas relacionadas con la UE, el apoyo a Ucrania y otros elementos”. A principios de febrero, la Eurocámara aprobó también una resolución manifestando su “total indignación y honda preocupación por los intentos continuos de Rusia de minar la democracia europea mediante diferentes formas de injerencia y desinformación”.

A esos esfuerzos se añaden, según fuentes comunitarias, los intentos de Rusia por reconstruir en los países aliados de la OTAN su red de espionaje, que sufrió un duro golpe con las expulsiones ordenadas en toda la UE tras la invasión de Ucrania, advierten fuentes comunitarias. Unas expulsiones que continúan hasta hoy: solo en Bélgica, en los últimos meses han sido expulsados varios diplomáticos rusos “sospechosos de espionaje”, ha recordado este viernes la ministra de Exteriores, Hadja Lahbib.

“Tenemos que tener los ojos abiertos. Y tenemos que actuar, tanto a nivel nacional como en la UE”, ha instado De Croo, que ya está en contacto con el primer ministro checo, Petr Fiala, así como con las presidentas tanto de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Esta misma semana, la jefa de la Eurocámara anunció que la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka, acusada de haber trabajado al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, ha sido sancionada con la prohibición de representar al Parlamento Europeo en diversos foros y la retirada de dietas durante cinco días, equivalentes a 1.750 euros. Durante un debate sobre Rusia en el penúltimo pleno de esta legislatura, el alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, dijo estar seguro de que Rusia intentará interferir en las elecciones europeas y calificó de “despreciable e ilegal” el intento de Moscú de sobornar a políticos europeos. Las autoridades europeas llevan tiempo advirtiendo de los esfuerzos desestabilizadores y de desinformación rusos de cara a la cita europea ante las urnas en junio y han instado también a las grandes plataformas de internet a que tengan especial cuidado para evitar propagar la desinformación entre la ciudadanía.

Con este trasfondo, el jefe de Gobierno belga también ha instado a reflexionar sobre si el mandato de las agencias como la Fiscalía Europea (EPPO) o la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) es lo suficientemente amplio como para afrontar investigaciones de este tipo o si hay que modificarlo, una de las cuestiones que podrían debatir los veintisiete líderes europeos durante su encuentro en Bruselas la semana que viene.

El nuevo caso de presunta injerencia llega cuando todavía no se han aclarado todas las sombras y responsabilidades de otro caso de injerencias y pagos que sacudió a la Eurocámara hace menos de año y medio: el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a eurodiputados y antiguos legisladores por países como Qatar o Marruecos para que influyeran en decisiones y políticas favorables a sus intereses. El caso, para el que todavía no hay fijada una fecha de juicio, llevó a que el Parlamento Europeo sobre todo, pero también las demás instituciones europeas, adoptaran medidas de mayor vigilancia y transparencia en materia de cabildeo, aunque muchos las consideran insuficientes.

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