La UE retrasa la exigencia de aumentar las compras de armamento europeo tras las presiones de Trump

Uno de los mantras del rearme europeo ha sido el de “comprar más material de defensa, comprar juntos y comprar europeo”. Sin embargo, en un panorama político en ebullición, avivado por las constantes presiones de Washington para que Europa se rearme, pero con material estadounidense, la UE se está resignando a que ese camino hacia la autonomía estratégica en defensa sea más lento. En la nueva hoja de ruta de preparación para una hipotética guerra, que ha presentado este jueves, la Comisión Europea ha renunciado a marcar un plazo temporal para alcanzar el objetivo de que al menos un 55% de las compras militares de la UE se realicen en el mercado europeo. Ese porcentaje está ahora en menos de la mitad e incluso ha decrecido en los últimos tiempos, según estimaciones de Bruselas.

En el nuevo plan que marca el camino en materia de defensa hasta 2030, el Ejecutivo comunitario había planteado fijar en 2028 esa meta de comprar europeo para potenciar y apuntalar la industria del Viejo continente. Y que ese porcentaje de adquisiciones de material militar europeo (y ucranio) aumentase hasta un 60% en 2030, según se recoge en los borradores de la estrategia Preservando la paz - preparación para la defensa adelantados por EL PAÍS.

En el documento definitivo de la hoja de ruta, presentada este miércoles, ese cronograma ha quedado fulminado. Y lo ha hecho, sostienen varias fuentes comunitarias, por las resistencias de algunos Estados miembros estrechamente vinculados a la industria de EE UU, el temor a irritar al volátil Donald Trump —que está presionando a los europeos para que compren más armas estadounidenses para sus ejércitos, pero sobre todo para enviarlas a Ucrania, ahora que Washington ha reducido su apoyo— y también por las críticas de algunas capitales, que consideran que la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, se está extralimitando al abarcar también asuntos de defensa (que son competencia nacional).

Y aunque ha escalado y aumentado considerablemente su capacidad, también han influido en esa decisión las dificultades que podría enfrentar la industria europea para abarcar toda la nueva demanda, señalan las mismas fuentes.

La nueva hoja de ruta de la UE supone una verdadera prueba para la ambición europea en materia de defensa. Establece que al menos el 40% de las compras militares en la UE deberán ser conjuntas para finales de 2027 (ahora esa cifra está por debajo del 20%).

Además, marca cuatro proyectos emblemáticos y prioritarios para alcanzar la preparación para una guerra: el denominado Vigilancia del flanco oriental para protegerse frente a la amenaza rusa, que se combina con una iniciativa para crear una red anti-drones que anteponga a los países del Este, pero que pueda ser extrapolable a todas las fronteras comunitarias y que debería estar en pleno funcionamiento a finales de 2027; un escudo aéreo europeo y el llamado escudo espacial europeo de defensa.

“Nuestras fuerzas armadas deben ser capaces de anticipar, prepararse y responder ante cualquier crisis. Esto presenta importantes oportunidades, no solo para la industria de defensa europea, sino también para los países europeos”, ha dicho la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, que ha presentado la nueva hoja de ruta junto a la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, y al comisario de Defensa, Andrius Kubilius. “Es hora de convertir el poderío económico de Europa en fuerza militar, y con rapidez”, ha remarcado Kallas.

Las ambiciones del Ejecutivo comunitario de avanzar hacia el rearme europeo conjunto —debido a las sensibilidades de países como España o Italia ya no se ahonda en un lenguaje bélico, que se ha sustituido por conceptos como el de “preservar la paz”— chocan con la realidad. Ejemplo de ello es que ha tardado muchos meses en aprobarse definitivamente el Programa Industrial Europeo de Defensa (EDIP), que tiene una dotación de unos 1.500 millones de euros que buscan aumentar los incentivos para la contratación pública colaborativa de los Estados miembros, algo que podría compensar los costes adicionales de una contratación pública multinacional. El programa, que ha estado perdido en los debates políticos entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo, parece haber despegado por fin este jueves tras un acuerdo con la Eurocámara.