España y otros 15 países advierten contra posibles ataques a la flotilla que viaja a Gaza

Los ministros de Asuntos Exteriores de 16 países, incluido el español, han expresado este martes en un comunicado conjunto su “preocupación” por la seguridad de la Flotilla Global Sumud, la iniciativa civil que recorre el Mediterráneo con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo impuesto por Israel. El mensaje institucional advierte al Gobierno israelí, aunque sin mencionarlo expresamente: “Recordamos que cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra los buques en aguas internacionales o detenciones ilegales, darán lugar a la rendición de cuentas”.

La carta hace un “llamamiento a la abstención de todo acto ilegal o violento contra la Flotilla”. Los países firmantes son, además de España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar y Sudáfrica. Todos ellos tienen ciudadanos que van a bordo de alguno de los casi 40 barcos que se encuentran actualmente camino a Malta, donde no está prevista ninguna parada.

La semana pasada, y con una diferencia de apenas 24 horas, dos de las embarcaciones que forman parte de la flotilla fueron atacadas por drones cuando estaban atracadas en el puerto de Túnez. No hubo heridos, pero sí daños materiales causados por el incendio derivado de la explosión en ambos casos. Los responsables de las embarcaciones señalaron a Israel como autor de los ataques, algo que negó el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. El lunes, la organización hizo público un dossier con las conclusiones de una investigación sobre estos sucesos, en el que sostiene que “los ataques fueron perpetrados por Israel contra población civil”.

El objetivo de la expedición es entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y romper así el bloqueo israelí, que mantiene a la población gazatí privada de alimentos, medicinas y suministros básicos desde hace meses. También intentan concienciar sobre “las necesidades urgentes del pueblo palestino y la necesidad de detener la guerra en Gaza”.

El mensaje de la quincena de ministros de Exteriores que firman la carta se solidariza con esos fines: “Estos dos objetivos, la paz y la prestación de ayuda humanitaria, junto con el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, son compartidos por nuestros gobiernos”, señalan.

“El camino de la presión internacional organizada de manera colaborativa es el camino correcto”, celebra Juan Bordera, diputado de Compromìs en les Corts Valencianes y que va a bordo de uno de los barcos, el Sirius. Bordera cree que comunicados conjuntos como este pueden contribuir a la seguridad de la Flotilla y al establecimiento de un corredor humanitario “sin ataques”. Y cuenta que leer el comunicado ha provocado cierta alegría entre los más de 30 participantes del barco, aunque echan en falta “acciones” concretas como enviar naves de protección.

Personalidades públicas y varios diputados europeos y latinoamericanos que participan en la Flotilla pidieron días atrás a los gobiernos algún tipo de apoyo para garantizar la seguridad de la misión humanitaria, sin obtener respuesta alguna.

Los temores a que se produzcan nuevos intentos violentos de detener la misión se incrementan, mientras la Flotilla —en la que viajan, entre otros, los activistas Greta Thunberg y Thiago Ávila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau— se dirige a aguas internacionales. Los ataques con drones de la semana pasada contra dos de los principales barcos de la misión retrasaron los planes y obligaron a la organización a revisar sus protocolos de seguridad. Finalmente, el domingo zaparon desde el puerto tunecino de Bizerta alrededor de 20 barcos, que pronto se unirán en alta mar a las 17 embarcaciones que salieron de Italia.

El lunes, la dirección de la Flotilla emitió un comunicado señalando que había concluido su investigación sobre los ataques con drones de los días 8 y 9 de septiembre. Su conclusión es que “fueron perpetrados por Israel contra población civil” y que “no habrían sido posibles sin el conocimiento de dos países europeos”, en referencia a Italia y Malta, y con la “colaboración de Estados Unidos”.

El argumento para sostener estas acusaciones es que el 2 de septiembre el avión israelí Hércules C-130 despegó de la base aérea de Nevatim y aterrizó en Sigonella, una instalación militar siciliana en la que operan tanto el ejército de Italia como la OTAN. Allí permaneció tres horas y media y regresó a su base. El mismo día, un C-130J de Israel se desplazó hasta una isla de Malta, estuvo varias horas y volvió a Nevatim. Por el tipo de aviones y el tiempo estacionado, desde la organización consideran que esas aeronaves descargaron drones con una autonomía suficiente como para llegar hasta Túnez y regresar.