El Gobierno del Reino Unido anuncia la rebaja a 16 años de la edad legal para votar

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado su intención de impulsar los trámites parlamentarios necesarios para reducir la edad legal de votar a los 16 años en las próximas elecciones parlamentarias, previstas para 2029. Se trataba de un compromiso que el Partido Laborista y su líder y entonces candidato —hoy primer ministro—, Keir Starmer, habían incluido en su programa electoral. Pero la aceleración de la idea, que supondría el mayor cambio introducido en la ley electoral desde 1969 (cuando se rebajó la edad de 21 a 18 años), es además un intento de resucitar la popularidad de un Ejecutivo de izquierdas cuyo prestigio está hoy por los suelos, apenas un año después de haber conquistado el poder.

“Estamos emprendiendo las medidas necesarias para derribar barreras a la participación electoral, y para asegurarnos de que sean más los ciudadanos que tengan la oportunidad de implicarse con la democracia del Reino Unido”, ha dicho en un comunicado Angela Rayner, la vice primera ministra británica y ministra de Comunidades y Vivienda. “No podemos dar por conquistada definitivamente la democracia”, ha añadido. “Al proteger nuestras elecciones de posibles abusos e incentivar la participación, reforzamos para el futuro los cimientos de nuestra sociedad”.

Los Gobiernos autónomos de Escocia y Gales ya decidieron rebajar la edad legal para todas aquellas elecciones que organizan en sus respectivos territorios. El referéndum de independencia de 2014 celebrado en Escocia ya contempló esa posibilidad.

La participación de los comicios de hace un año, cuando Starmer logró finalmente acabar con 14 años de gobiernos conservadores y acceder a Downing Street, fue de apenas un 59,7%, la más baja de unas elecciones generales desde 2001, según un informe elaborado por el Parlamento británico.

Junto con la rebaja de la edad legal, el Gobierno laborista someterá al voto de los diputados otra serie de propuestas destinadas a incentivar el voto ciudadano. En un país donde no existe un documento nacional de identidad generalizado, ni es obligatorio portar alguno, se aceptarán formatos como tarjetas bancarias, carnés de conducir o tarjetas de veteranos para poder identificarse en el colegio electoral.

Las medidas incluirán además un mayor control sobre posibles injerencias extranjeras en los comicios, y endurecerán la normativa referente a las donaciones a los partidos, tanto de particulares como de empresas.