China ejecuta a los autores de dos ataques que dejaron decenas de víctimas en noviembre

Las autoridades de China ejecutaron este lunes a dos hombres que se encontraban en el corredor de la muerte por sendos ataques mortales que tuvieron lugar en la misma semana de noviembre, según ha informado la agencia estatal de noticias, Xinhua. Son Fan Weiqiu, de 62 años, autor de un atropello masivo de Zhuhai (provincia de Cantón, en el sur del país), y Xu Jiajin, de 21 años, responsable de un ataque con arma blanca en una escuela de formación superior en Wuxi (provincia de Jiangsu, en la costa este). Recibieron la sentencia a la pena capital en diciembre; ninguno apeló el veredicto de los tribunales, que en ambos casos consideraron que sus crímenes eran “excepcionalmente atroces”. No se ha hecho público el método empleado para las ejecuciones.

Fan fue el responsable de embestir deliberadamente con una furgoneta y en varias ocasiones a un grupo de personas que se encontraba haciendo ejercicio frente a un centro deportivo. El atropello, ocurrido en la noche del 11 de noviembre, dejó un saldo oficial de 35 muertos y 43 heridos. Por los vídeos que circularon en redes sociales y los testimonios de los testigos se sabe que Fan condujo en círculos y a gran velocidad por la pista que rodea el perímetro del estadio. Fue detenido en el acto, pero entró en coma tras autolesionarse con un cuchillo, por lo que la policía no pudo interrogarlo. De acuerdo con la investigación del caso, su presunta motivación fue el descontento por la distribución de bienes tras su divorcio y con su vida. Tras este suceso, que conmovió profundamente a la nación, el presidente chino, Xi Jinping, instó “a todas las regiones y departamentos pertinentes a tomar precauciones y reforzar el control de riesgos”.

Días después, el 16 de noviembre, Xu asesinó a puñaladas a ocho personas y dejó heridas a otras 17 en la Escuela de Formación Profesional de Artes y Tecnología de Wuxi. El ahora ejecutado, que había sido alumno del centro, había suspendido sus exámenes y estaba insatisfecho con la baja remuneración que recibía como becario en una fábrica, según indicó entonces la policía en un comunicado.

El tribunal de Zhuhai que condenó a Fan determinó que su comportamiento merecía “el castigo más severo previsto por la ley”. Lo sentenció a muerte por “poner en peligro la seguridad pública por medios peligrosos”; calificó sus motivos como “despreciables”; y destacó los “métodos brutales empleados”, las graves consecuencias y los significativos daños sociales derivados de sus actos.

En el caso de Xu, un tribunal de Jiangsu lo sentenció a muerte por homicidio intencional. Al revisar el caso, el Tribunal Popular Supremo, en Pekín, estimó que sus acciones se llevaron a cabo bajo “circunstancias criminales particularmente graves y con consecuencias serias”. Según recoge Xinhua, Xu pudo despedirse de sus familiares antes de su ejecución.

Los dos sucesos se sumaron a una lista de agresiones en los últimos meses que han despertado el debate sobre si la presión económica actual puede estar relacionada con las enfermedades mentales y su tratamiento o, incluso, con la xenofobia, ya que varios ataques se han dirigido contra extranjeros. Expertos legales han pedido que se destinen más recursos a la salud mental y los servicios sociales y han instado a las autoridades a investigar las causas subyacentes en este tipo de ataques.

Zhang Jun, presidente y juez del Tribunal Popular Supremo, ha subrayado la necesidad de castigar con severidad los delitos graves, al tiempo que ha abogado por sentencias más indulgentes en casos menores, especialmente cuando los acusados se declaran culpables. También ha enfatizado la importancia de que los juicios se celebren “a tiempo” para que la ciudadanía “sienta realmente la imparcialidad y la justicia”. No existen cifras oficiales sobre el número de ejecuciones que China lleva a cabo, ya que están clasificadas como secretos de Estado. Sin embargo, Amnistía Internacional estima que anualmente se producen miles, lo que situaría al país como líder mundial en la aplicación de la pena de muerte.