TikTok inicia la batalla legal por su supervivencia en Estados Unidos

La plataforma de vídeos cortos TikTok y su empresa matriz, la tecnológica china Bytedance, han iniciado este lunes lo que promete ser una intensa batalla legal contrarreloj en los tribunales por la supervivencia de la popular aplicación en suelo estadounidense. En una sesión ante una corte de tres jueces, los representantes de la compañía han alegado que la legislación que obliga a TikTok a separarse de su actual propietaria antes del 19 de enero no solo viola el derecho constitucional a la libertad de expresión; además, es imposible de cumplir.

“La ley que se presenta ante este tribunal carece de precedentes y su efecto sería devastador”, ha indicado el abogado de la empresa tecnológica, Andrew Pincus. “Por primera vez en la Historia, el Congreso ha puesto en su punto de mira a una voz estadounidense, ha prohibido que se exprese y que se expresen 170 millones de estadounidenses”, la cifra de usuarios que TikTok asegura que tiene en el país. Entre ellos se encuentran las campañas presidenciales de la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, que utilizan la aplicación con avidez para comunicar su mensaje a los bloques de votantes más jóvenes.

El Congreso estadounidense aprobó en abril una ley que obliga a la plataforma a ponerse en venta antes del 19 de enero, con una posible prórroga de tres meses si el Gobierno decide que la plataforma está haciendo esfuerzos suficientes por encontrar un comprador. De otro modo, quedaría prohibida en Estados Unidos, donde es enormemente popular y se ha convertido en una herramienta habitual de búsqueda de información, especialmente entre la juventud. TikTok interpuso en mayo una demanda contra la medida, y exige que los tribunales emitan una orden que paralice la ley.

El Gobierno estadounidense alega que la plataforma representa un riesgo para la seguridad nacional por dos razones. La primera, que dispone de montañas de datos sobre sus usuarios estadounidenses, especialmente sobre sus hábitos de visionado y consumo, que en un momento dado estaría obligada a compartir con el Gobierno chino si este se lo exigiera. La segunda, que el algoritmo que emplea, y que es la envidia del sector por lo ajustado de sus sugerencias a cada usuario, puede llegar a utilizarse para difundir propaganda, información falsa o algún otro tipo de influencia encubierta.

La aplicación argumenta que el Gobierno estadounidense no ha conseguido demostrar que TikTok represente un riesgo para la seguridad nacional. También alega que la aplicación de la ley violaría el sacrosanto derecho a la libre expresión, recogido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La Administración Biden no ha presentado públicamente pruebas que demuestren que el Gobierno chino haya podido acceder a los datos de ciudadanos estadounidenses en poder de TikTok, y ByteDance sostiene que si Pekín los exigiera, rechazaría entregarlos. Los parlamentarios en el Capitolio sí han recibido sesiones informativas a puerta cerrada.

En un informe legal presentado en junio, la plataforma y su empresa matriz también defendían que, de tener que separarse, TikTok perdería los atributos que la han hecho tan popular y, en la práctica, quedaría condenada a muerte. La venta, sostenían, “simplemente no es posible”. “Ni comercial, ni tecnológica, ni legalmente”.

“Aunque la separación fuera posible, en Estados Unidos TikTok quería reducida a un mero cascarón, desprendida de la tecnología innovadora que ajusta el contenido a cada usuario” de manera individual, alegaban ByteDance y su plataforma. La aplicación, explicaban, “se convertiría en una isla, en la que los estadounidenses no podrían intercambiar puntos de vista con la comunidad global de TikTok”. Una situación similar a la que afecta a los usuarios en la propia China, donde la versión local de la aplicación, Douyin, carece de acceso fuera del llamado “Gran Cortafuegos” impuesto por la censura china en internet.

Tanto el Departamento de Justicia como ByteDance y TikTok han solicitado a los tribunales una decisión antes del 6 de diciembre. Esa fecha daría tiempo al Tribunal Supremo a pronunciarse antes de la entrada en vigor de la ley si, como se espera, la parte perdedora presentase una apelación.

El Gobierno de Estados Unidos asegura que con la ley no se pretende forzar el cierre de la aplicación, sino su venta, para proteger el uso que los propietarios de la plataforma puedan hacer de los datos de millones de sus ciudadanos. “En lo que nos centramos a la hora de aplicar esta ley ahora es en trabajar para una desinversión de modo consistente con la intención de la ley y con las preocupaciones de seguridad nacional que la hicieron aprobarse”, señalaba el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa inmediatamente después de que la medida quedara promulgada en abril.