Starmer promete un “ejército permanente” de policías y juicios exprés para sofocar los disturbios

El primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, mantiene el pulso ante la oleada de violencia alentada por la extrema derecha desde el apuñalamiento múltiple de hace una semana que provocó la muerte de tres niñas de entre seis y nueve años. Tras un fin de semana de protestas contra la migración que acabaron con momentos de caos, el Gobierno ha convocado este lunes al gabinete de emergencias COBRA (conocido así por el acrónimo de las instalaciones donde se celebra) para coordinar una respuesta ante unos disturbios que han dejado al menos 378 detenidos, movilizados por una activa campaña de desinformación en la Red. Starmer ha propuesto la creación de un “ejército permanente” de agentes de policía especializados en orden público y la activación de los protocolos necesarios para habilitar tribunales prácticamente las 24 horas.

Ante la evidencia de la influencia de internet sobre la movilización, el Gobierno ha acordado que la legislación recaiga sobre aquellos que han incitado a la violencia en las redes sociales de la misma manera que sobre quienes participaron en los altercados, que han dejado decenas de policías heridos e importantes desperfectos materiales. El portavoz oficial del primer ministro ha especificado que “cualquiera que aliente esta violencia, ya sea en internet o en persona, puede ser denunciado y se enfrenta a penas de prisión”.

Starmer, que acaba de cumplir un mes en el cargo, trata de sofocar la primera prueba de fuego de su mandato con un mensaje de mano dura contra los promotores de los altercados, a quienes ha vuelto a calificar de “matones de extrema derecha”. Pero, pese a la presión creciente —incluso de sus propios diputados—, se resiste a convocar al Parlamento, en receso estival hasta septiembre. Su prioridad, ha dicho, es la seguridad ante un fenómeno del que denuncia que “no son protestas, sino violencia”, según ha declarado al término de la reunión del gabinete de emergencias, que contó, además de con los ministros de los departamentos afectados, con responsables policiales y de inteligencia.

El Gobierno quiere asegurarse de que el sistema judicial pueda hacer frente a la avalancha de denuncias para identificar y condenar a los responsables, a quienes Starmer ha advertido de que “sentirán todo el peso de la ley”. La saturación tanto de juzgados como de prisiones será, sin embargo, un problema añadido, ya que las cárceles estaban ya prácticamente a plena capacidad antes del cambio de Gobierno el mes pasado.

El primer ministro culpó a la anterior Administración conservadora de la situación, pero garantizó que, en el caso de los implicados en la violencia de los últimos siete días, habrá espacio suficiente. Ya durante el fin de semana, en el que se registraron graves incidentes —con asaltos incluso a hoteles que albergan migrantes en situación irregular, como ocurrió en Rotherham y Tamworth—, unos 70 fiscales han estado disponibles para respaldar la diligencia policial a la hora de promover cargos.

El primer encuentro desde que estalló la crisis el martes, cuando más de un centenar de ultranacionalistas trataron de tomar una mezquita en la localidad donde se produjo el ataque (Southport, en el noroeste de Inglaterra), ha servido para trazar una estrategia basada en la prevención.

Posible injerencia extranjera

Downing Street ha confirmado que los tribunales podrán permanecer abiertos por más tiempo para garantizar sentencias exprés. Si bien la decisión, en última instancia, corresponde a la judicatura, el Gobierno ha dejado claro que espera agilidad en la emisión de sentencias y en la aplicación de las penas. Por ello, ha dado luz verde a los jueces de Inglaterra y Gales (competencia del Ejecutivo británico) para aplicar medidas similares a las puestas en marcha por primera vez en verano de 2011, cuando la muerte de un hombre negro a manos de la policía precipitó una oleada de disturbios. Entonces, hubo un millar de acusados en la primera semana, un volumen sin precedentes que se traduciría en un aumento de presos de hasta 900 más.

Junto a la identificación de quienes alentaron la violencia y participaron activamente en los altercados, la reunión de este lunes ha analizado también qué aceleró los acontecimientos, y si ha habido injerencia extranjera para generar inestabilidad en el Reino Unido. El Gobierno considera que la frenética actividad online podría haber sido “amplificada” por Estados hostiles, que habrían maximizado la desinformación que prendió la mecha de la violencia, después de que circulase falsamente que el único imputado, un individuo de 17 años nacido en Gales en una familia de refugiados de Ruanda, era un migrante sirio, en el radar de los servicios de inteligencia.

El discurso antiinmigración y la activa campaña promovida en canales ultranacionalistas se encargaron del resto y el Ejecutivo recuerda que las noticias falsas “atraen amplificación en la actividad de bots, que pueden relacionarse con actividad patrocinada por ciertos Estados”. Downing Street ha rechazado concretar qué países estarían implicados, si bien reitera la reprimenda del primer ministro a los gigantes tecnológicos, a los que ha advertido de que “no van lo suficientemente lejos” en la batalla contra la desinformación y los contenidos incendiarios.

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