Balance de 14 años de conservadurismo en el Reino Unido: austeridad, Brexit y estancamiento

A las once de la mañana de un día cualquiera entre semana, media docena de personas merodean ya en la puerta de North Paddington Foodbank, al oeste de Londres. Aún faltan cinco horas para que el almacén de víveres abra sus puertas, pero esperarán todo ese tiempo para llevarse a casa una bolsa con una variedad básica de alimentos. Para entonces serán ya muchos más los que hagan fila. Miran con recelo al periodista, y prefieren evitar las preguntas.

En la sexta nación más rica del planeta hay actualmente cerca de 3.000 bancos de alimentos, que proporcionan un sustento necesario a millones de usuarios. En concreto, la organización Trusell Trust, la mayor red filantrópica de asistencia en el Reino Unido, repartió en el ejercicio fiscal de 2022-2023 tres millones de raciones de comida. Un 37% más que el año anterior, 1,14 millones de esas porciones, para menores de edad.

“No es justo que nuestra red de seguridad social no pueda proteger a los ciudadanos frente a la necesidad de tener que saltarse comidas, de mantener apagados electrodomésticos básicos o de que sus hogares permanezcan oscuros o fríos”, denuncia Beatrice Orchard, directora de Políticas y Asuntos Públicos de la ONG.

Catorce años de gobiernos conservadores en el Reino Unido han dejado un país con mayores desigualdades, lamiéndose las heridas del Brexit, que se añaden a las provocadas por la pandemia o la guerra de Ucrania. El Ejecutivo de David Cameron inició una era de austeridad, para remontar la crisis financiera de 2007, que frenó en seco la inversión pública y privada. El país sufre ahora un doble desafío: estancamiento y falta de productividad. Si el Partido Laborista, como anticipan todas las encuestas, gana las elecciones el próximo 4 de julio, su candidato, Keir Starmer, tendrá una complicada tarea por delante.

Aún son muchas las fortalezas británicas, como un claro liderazgo en la exportación de servicios, una población muy cualificada, unas universidades con un inmenso prestigio y un mercado laboral flexible y ágil, pero es un país que arrastra deficiencias estructurales y un deterioro de los servicios públicos que los tories fueron incapaces de corregir en década y media.

Este es un repaso al estado del Reino Unido ante unas elecciones cruciales en su historia reciente.

Coste de la vida

El Gobierno de Boris Johnson apostó su suerte a que la pandemia, un tsunami devastador que afectó a medio mundo, ayudaría a camuflar gran parte de las consecuencias negativas que el Brexit, según anticiparon todos los expertos, iba a traer consigo.

Pero aquella decisión aún agravó más las cosas, porque Downing Street había impulsado ya, cuando arreció la crisis sanitaria, una Ley de Inmigración profundamente restrictiva, al amparo de su divorcio de la UE.

A finales de 2021, el Reino Unido se dio de bruces con un fuerte problema de desabastecimiento. Algunos establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald´s se vieron obligados a cerrar por falta de materia prima, y las estanterías de grandes supermercados como Sainsbury´s aparecían desoladamente vacías.

La principal patronal, la CBI, calculó entonces que el Reino Unido necesitaría al menos 100.000 camioneros más para paliar los crecientes problemas de desabastecimiento. Y no era solo ese uno de los principales agujeros. Faltaban trabajadores capaces de manejar maquinaria pesada, y también transportistas de trayecto corto. Y personal para las plantas procesadoras de alimentos, para el cuidado de ganado o la recolección de frutas, hortalizas y flores. No había dependientes suficientes para las tiendas, operarios para los almacenes, personal de limpieza para hoteles y oficinas. Ni carpinteros, ni electricistas; ni ingenieros mecánicos ni trabajadores para las plantas de ensamblaje.

Y al desaparecer la pandemia, llegó la inflación. Un 11%. Los precios de la electricidad o el gas se dispararon. En abril de 2023, el gasto anual en energía del hogar medio británico aumentó en más de 1.600 euros (casi 1.800 dólares); la cesta de la compra, en casi 1.200 euros (1.270 dólares).

En octubre de ese año, el salario medio semanal del Reino Unido era de unos 730 euros (790 dólares). Ligeramente por debajo de lo que era en 2008, sin contar la inflación. “La combinación de un bajo crecimiento y una alta desigualdad ha resultado tóxica para los británicos de las clases medias y bajas. Ambos segmentos son hoy más pobres que sus equivalentes en países con los que nos solemos comparar, como Francia, Holanda, Canadá, Alemania o Australia. Por eso nos cuesta tanto hacer frente, por ejemplo, a una subida del recibo de la electricidad”, explica Torsten Bell, el economista que dirigió durante los últimos años el prestigioso centro progresista de análisis económico Resolution Foundation y hoy es candidato del Partido Laborista, en su libro Great Britain? How We Get Our Future Back (¿Gran Bretaña? Cómo reconquistar nuestro futuro). “Somos una nación estancada”, sostiene.

La crisis de la sanidad

En la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, uno de los números centrales era una coreografía de enfermeras, médicos, pacientes y camas de hospital que bailaban en torno a las gigantescas letras NHS (National Health Service, Servicio Nacional de Salud). La joya de la corona. La sanidad pública británica, creada en 1948 e imitada en todo el mundo.

La lista de espera para obtener un tratamiento prescrito por el médico de familia o por el especialista alcanzó en Inglaterra (Escocia, Gales e Irlanda del Norte, con autonomía sanitaria, sufren problemas similares) en 2023 la cifra récord de 7,8 millones de pacientes. En 2020, el número era de 4,6 millones. A principios de 2010, de 2,3 millones. Cerca de 400.000 personas han tenido que esperar más de un año para ser atendidas.

El Reino Unido sufrió en 2023 el invierno del descontento en la sanidad pública. Enfermeras, personal de emergencias, conductores de ambulancias, médicos residentes… un grupo tras otro protagonizaron semanas consecutivas de huelga para reclamar una subida salarial. Una inflación de doble dígito y 14 años de congelación de los sueldos habían puesto contra la pared a gran parte del personal sanitario.

Más de un millón de citas y operaciones programadas tuvieron que ser canceladas o desplazadas a una nueva fecha. Y sin embargo, como pudo comprobar este corresponsal, fueron muchos los conductores que en las frías mañanas de febrero hacían sonar su claxon en apoyo a las enfermeras concentradas en las puertas del hospital St. Thomas, a orillas del Támesis.

El Brexit provocó que mucho personal sanitario procedente de la UE ―las reconocidas enfermeras españolas, por ejemplo― se fuera del país. El NHS, y sobre todo los servicios de Asistencia Social (residencias y ayudas a los dependientes), necesitan urgentemente incrementar su fuerza laboral; ahora, gran parte de las nuevas incorporaciones procede de África y Asia.

Los gobiernos de Johnson y Sunak han invertido sumas considerables en la sanidad pública durante estos cinco años, e incrementado el número de médicos y enfermeras. Pero la falta de inversión que comenzó durante la época de la austeridad, y una población cada vez más envejecida, han hecho que la calidad de la sanidad siga muy empobrecida.

Necesidad de inversión en educación

En septiembre del año pasado, a punto de comenzar el curso escolar, el Gobierno conservador anunció por sorpresa el cierre temporal de más de 150 colegios por todo el país, por riesgo de derrumbamiento. Un material de construcción utilizado profusamente en los años cincuenta había llegado a su fecha de caducidad, en techos y paredes. Se sabía desde hacía tiempo, pero no se hizo nada. Desde 2021, el Ministerio de Educación británico manejaba un informe que señalaba que al menos 700.000 alumnos acudían a instalaciones que necesitaban con urgencia ser reparadas.

“El impacto retrasado de todos los recortes previos, sobre todo la reducción de inversiones en la reparación y mantenimiento de colegios, hospitales o tribunales, ha hecho que los servicios públicos sigan teniendo un nivel muy pobre”, asegura Stephen Hunsaker, investigador económico de la organización UK in a Changing Europe.

También en el caso de la educación el principal problema es la falta de profesores. Al finalizar la pandemia, se redujo en un 20% el número de aspirantes a un puesto de docente tanto en la primaria como en la secundaria.

La desigualdad entre alumnos de clases favorecidas y desfavorecidas, agravada durante el confinamiento, se expresó en toda su crudeza al volver a la normalidad. El nivel de “ausencia persistente”, que se alcanza al faltar más de un 10% del curso escolar, llegó a alcanzar el 25% en la escuela secundaria. En el caso de los alumnos de capas pobres, la cifra llega al 46%.

La crisis de la vivienda

El Reino Unido comparte con otros países europeos una crisis de la vivienda que obliga a los jóvenes a prolongar su permanencia en el domicilio de los padres o resignarse a un largo alquiler compartido. Tradicionalmente, una casa asequible suponía el valor de tres años de un salario medio anual. Hoy, en Inglaterra y Gales eso supone unos 40.000 euros. Es decir, una primera propiedad debería costar en torno a 120.000 euros. El precio medio de una vivienda en la actualidad es de 320.000 euros.

El declive del número de propietarios jóvenes en el Reino Unido es mucho más agudo, casi el doble, que en otros países europeos como Francia o Alemania.

La oferta de vivienda social, en un país donde la planificación urbanística es compleja y costosa, se ha reducido notablemente. Si en 1980 un 25% de los adultos de entre 25 y 34 años pagaban alquileres sociales, en 2019 la cifra se había reducido al 10%. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Margaret Thatcher, que permitió a los inquilinos hacerse con la casa a un precio que en ocasiones era la mitad del mercado, creó una nación de propietarios e hipotecó las posibilidades futuras de los jóvenes. Catorce años de gobiernos conservadores no han hecho más que proteger la riqueza patrimonial de los mayores a costa de las siguientes generaciones.

El desafío de la inmigración

El Brexit, prometían los euroescépticos, supondría la recuperación del control de las fronteras. Take Back Control, decía el eslogan de los partidarios de la salida de la UE en el referéndum de 2016. Las nuevas leyes de inmigración aprobadas justo después de ese divorcio iban a reducir unas cifras que el Gobierno conservador de David Cameron prometió rebajar, sin éxito.

Todo lo contrario. Es cierto que la llegada de ciudadanos comunitarios al Reino Unido se frenó en seco. Quedaron dentro los casi cinco millones que ya vivían anteriormente, y lograron su settled status o permiso indefinido de residencia. Para el resto se cerraron las puertas, especialmente las del mercado laboral británico. Pero el país comenzó a registrar cifras récord de inmigrantes procedentes de países de fuera de la UE.

En 2023, el saldo neto (los que llegan menos los que se van) alcanzó los 685.000 nuevos habitantes, frente a unos incrementos medios de entre 200.000 y 300.000 en los años anteriores a la pandemia. Indios (21%), nigerianos (12%) o chinos (7%) son ahora los flujos predominantes, junto al desembarco coyuntural de casi 175.000 ucranios.

Los nuevos inmigrantes acceden a las plazas vacantes en la sanidad o en las ayudas a la dependencia que antes ocupaban los ciudadanos europeos. O contribuyen al sostenimiento financiero de las universidades con matrículas anuales que rondan los 30.000 euros.

El Partido Conservador de Sunak se ha enzarzado en una subasta al alza con el populista Nigel Farage y su partido, Reform UK, que amenaza con arrebatar a los tories el espacio de la derecha, para ver quién es más duro en su discurso contra la inmigración. Sunak ha prometido límites anuales de visados, cada vez más reducidos, y mano dura con la inmigración irregular, con su plan de deportaciones a Ruanda. El Partido Laborista ha prometido que anulará ese plan, pero promete también límites estrictos al aumento de nuevos residentes.

El comercio dañado

Fue la ex primera ministra Theresa May la que anunció la nueva era de un Reino Unido global ―Global Britain― que, liberado ya de las cadenas de la UE, cerraría acuerdos comerciales con todo el planeta. Boris Johnson heredó y amplificó el eslogan. Los resultados de ambos, así como de Sunak, alcanzaron un nivel mediocre.

El país no se ha convertido en una potencia comercial mundial. Más bien lo contrario. Nunca se materializó el perseguido acuerdo de libre comercio con EE UU. Tampoco se ha cerrado aún el pretendido con la India. Y los alcanzados con Australia y Nueva Zelanda son de dimensión reducida y con países lejanos. No sirven para compensar la enorme pérdida de haber abandonado el mercado único europeo, que suponía el 60% de los intercambios del Reino Unido.

“El desempeño económico del Reino Unido desde que acabó la crisis financiera ha sido más bien mediocre. En parte como resultado de políticas como la austeridad o también del Brexit, que han reducido el crecimiento. Pero también como consecuencia de debilidades estructurales prolongadas en el tiempo”, han escrito los profesores Jonathan Portes y Sara Hall en su informe para la organización UK in a Changing Europe.

El espejismo del Brexit, que acaparó casi la mitad de los 14 años de gobiernos tories, agotó políticamente al país y lo acabó haciendo más pobre. Pero los británicos, anticipan las encuestas, van a castigar sobre todo a los conservadores por dejar un Reino Unido peor del que se les entregó a ellos.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.