Biden amplía a casi medio millón de venezolanos la protección contra deportaciones

La Administración de Joe Biden ha anunciado este miércoles medidas para agilizar el tapón que el sistema migratorio ha creado en muchas ciudades de Estados Unidos. El Gobierno ha revelado la segunda extensión del estatus de protección otorgado a los venezolanos, conocido popularmente como TPS (Temporary Protected Status). Esto permitirá que 470.000 ciudadanos del país sudamericano que hayan cruzado la frontera obtengan permisos laborales y estén blindados de ser deportados durante 18 meses. El programa fue anunciado hace un par de años por Biden y ampliado el verano pasado por Alejandro Mayorkas, el titular de Seguridad Interior. La medida favorecerá solo a los venezolanos que hayan llegado a la nación norteamericana antes del 31 de julio de 2023.

Una fuente del Departamento de Seguridad Interior ha señalado que la decisión de Biden se da porque existen “condiciones extraordinarias” que no permiten la devolución segura de los venezolanos a su país. Por ello, el Ejecutivo estadounidense ha otorgado una nueva extensión para el TPS, que se extinguía en marzo de 2024 y ahora lo hará 18 meses más tarde. El Gobierno expeditará, desde el 1 de octubre, los trámites de permisos de trabajo para los inmigrantes que cuenten con una cita ante las autoridades de inmigración.

Ese era uno de los reclamos de varios alcaldes del país, quienes han recibido en sus ciudades a numerosos inmigrantes que han saturado los albergues. Los regidores, especialmente los demócratas de Nueva York, Denver y algunas ciudades de California, habían pedido agilizar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y así seguir su camino dentro del país.

Biden alivia con una mano la presión de la inmigración dentro de su territorio. Con la otra, no obstante, ha endurecido la vigilancia de la frontera con el año electoral a la vista. La Administración ha informado esta tarde de que acelerará la expulsión de familias que hayan llegado a Estados Unidos de forma irregular. Washington responde de esta manera a los números récord de cruces ilegales que el Departamento de Seguridad Interior documentó en agosto. Las autoridades detuvieron entonces a 91.000 inmigrantes que hicieron el viaje con algún miembro de su familia. Fue la cifra más alta registrada en cuatro años. Las autoridades ya han deportado a unas 1.600 personas que integran familias enteras y promete incrementar el ritmo en las próximas semanas.

El Gobierno también reforzará la presencia de autoridades enviando a 800 militares a la frontera común con México. Con el anuncio de esta tarde, la presencia de agentes de fuerzas de seguridad asciende a 3.300. El Ejecutivo ya había desplegado a 2.500 miembros de la Guardia Nacional por varios puntos calientes de la línea. La movilización coincide con un incremento del flujo de inmigrantes que están llegando, especialmente por Texas. Medios estadounidenses han mostrado recientemente imágenes de cientos de personas llegadas en los últimos días a la espera de ser procesadas en comunidades del bastión republicano. Algunos canales indican que hasta 8.000 personas cruzan diariamente.

Las autoridades no han confirmado la cifra, pero admiten que hay un incremento importante. Aseguran que los números oficiales serán dados a conocer pronto. Seguridad Interior, no obstante, ha confirmado que se ha ampliado a 23.000 personas la capacidad de los centros de detención. Estas grandes carpas blancas repartidas a lo largo de la frontera podrán recibir desde hoy a 3.250 personas más.

Estados Unidos ha deportado a 250.000 personas desde el 12 de mayo, cuando se levantó el Título 42, una medida sanitaria que Biden heredó de Donald Trump de tiempos de la pandemia. La norma permitía expulsar rápidamente a los inmigrantes que llegaban de manera ilegal. El Gobierno demócrata dejó la medida en vigor durante dos años y la usó como una herramienta para agilizar la gestión de la frontera. Con su extinción se preparó para una invasión inminente. Esta no llegó en los días siguientes, pero las cifras revelan que el flujo migratorio ha crecido a un ritmo constante desde entonces. El año fiscal 2022 (octubre 1 de 2022 a septiembre 30 de 2023) amenaza con convertirse en uno de los que más cruces ilegales ha registrado en los últimos años.

Desde Washington afirman que las condiciones que han llevado a un incremento de la migración no han cambiado en los últimos años. Se citan los efectos económicos que dejó la contingencia sanitaria del coronavirus en el hemisferio norte, el cambio climático y los regímenes autoritarios de algunas naciones de la región.

El control migratorio es una de las prioridades de los votantes republicanos y uno de los temas principales de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido conservador. Es la carta fuerte de Donald Trump, quien durante su presidencia separó a las familias migrantes en la frontera con la esperanza de que esto disminuyera el número de cruces.

El Gobierno de Biden, sin embargo, reclama a la oposición el bloqueo en el Congreso de una petición especial de 4.000 millones de dólares destinados al control fronterizo y a otras medidas de combate a los cruces ilegales. Sin este dinero, la Administración admite que seguirá enfrentando duros retos en la frontera con México.

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