La democracia de Guatemala se enfrenta a sus horas más críticas

Lucy Rodríguez publicaba el fin de semana un mensaje desde su perfil de Twitter para pronunciarse a favor de los resultados de la primera vuelta de la elección general en Guatemala. Esta ciudadana guatemalteca mostraba de esta forma su rechazo a la posibilidad de revertir el proceso, tras la sorpresa que llevó a la segunda vuelta al candidato Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla. Ese resultado generó tal terremoto político, que los principales partidos del país se movilizaron para tratar de contrarrestar el golpe, por lo que acudieron a las cortes. La Sala Constitucional se hizo eco del reclamo y decidió suspender la oficialización de los resultados electorales y ordenó depurarlos. Fue entonces cuando se dispararon las alertas y miles de guatemaltecos han usado las redes para demostrar que el resultado la elección es justo. Como Lucy Rodríguez, quien mostró el acta que reúne la votación en la mesa 1191 de la capital guatemalteca, donde Arévalo arrasó. “En la mesa en la que yo voté ganó Semilla. Hubo fiscales de los otros partidos y no hubo impugnaciones. La voluntad del pueblo se respeta”, ha escrito Rodríguez. Guatemala vive días tensos y su democracia se enfrenta a sus horas más críticas.

La decisión de la Sala Constitucional fue fuertemente criticada por exjueces y exfiscales que han luchado contra la corrupción en el país centroamericano. Periodistas y medios de comunicación, así como políticos críticos con el actual sistema, también han alertado de las consecuencias de esta revisión, en un país donde la población ha demostrado en las urnas electorales su hartazgo frente a los poderes tradicionales. “La Corte de Constitucionalidad violó el procedimiento electoral al ordenar una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos. Este procedimiento esta fuera de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyos preceptos son imperativos”, ha criticado Claudia Paz y Paz, exfiscal general que lideró las investigaciones por el genocidio cometido en el país durante la guerra civil.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló el sábado a favor de suspender la oficialización de los resultados de las elecciones generales del 25 de junio tras aceptar la denuncias de supuestas irregularidades planteadas por nueve partidos políticos. El fallo ordena repetir el escrutinio de las actas de votación y, de ser necesario, que se efectúe un recuento de votos. Esa corte ordena al Tribunal Electoral que actúe de tal forma que para “la fecha prevista de la segunda vuelta para la elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”. La decisión de la Corte ha sido duramente criticada por el triunfador sorpresa en la primera vuelta, Bernardo Arévalo, quien logró casi el 12% de las preferencias y se enfrentará en segunda vuelta el próximo 20 de agosto a la exprimera dama Sandra Torres, que con cerca del 16% fue la opción más votada. “¡Vamos a defender la democracia! Y vamos a hacerlo codo a codo con el pueblo de Guatemala que no se va a dejar estafar”, ha dicho Arévalo. Los fiscales de su movimiento, un partido progresista surgido al calor de las movilizaciones de 2015, estaban el martes supervisando la audiencia de revisión de escrutinios ordenada por las cortes. “Estaremos muy atentos al proceso para defender la democracia”, ha afirmado Arévalo.

Mientras la tensión aumenta cada hora que pasa, la polarización también crece. Sectores conservadores han lanzado una fuerte campaña contra Arévalo, a la que se han unidos las iglesias evangélicas, que tienen mucho poder e influencia entre sus feligreses. Los mensajes van desde el viejo miedo al comunismo inoculado entre las clases altas hasta la supuesta amenaza de que Guatemala se convierta en un Estado como el de Venezuela, con una economía deteriorada y una dura represión contra las voces críticas. “No solo se trata de que Guatemala siga teniendo libertad religiosa, sino de que siga siendo un país conservador con principios y valores”, ha dicho Cash Luna, pastor de la llamada Casa de Dios, una organización evangélica muy conservadora y que cuenta con miles de seguidores en el país.

También hay voces que forman parte de la política tradicional que han demostrado su descontento con la decisión de las cortes. Entre ellos está Edmond Mulet, candidato presidencial por el Partido Cabal, quien el martes se opuso a “cualquier intento de modificar el calendario electoral”. Mulet ha dicho que “crear problemas artificiales en la revisión de actas representa un peligro para la democracia en Gautemala”. El político ha informado de que al revisar los fiscales de su partido el cotejo de las actas y compararlos con los resultados presentados por el Tribunal Electoral, “no observamos mayores discrepancias. No vemos que pueda darse un cambio en los resultados de primero y segundo lugar y de quienes pasan a la segunda vuelta electoral”, ha afirmado Mulet, quien además ha alertado de que “cualquier acción que socave el sistema democrático pone en riesgo la estabilidad política y social de Guatemala”.

Muchas de las fuentes consultadas afirman que la arremetida contra los resultados del 25J viene de los “poderes fácticos” que controlan la toma de decisiones en Guatemala. Hacen referencia a lo que en el país centroamericano llaman el “pacto de corruptos”, una alianza criminal que reúne a poderosos empresarios, partidos políticos tradicionales, exmilitares, agrupaciones del crimen organizado e integrantes del Gobierno, a quienes les interesa mantener un statu quo que les garantice la impunidad. Estas voces críticas denuncian directamente al Gobierno del presidente Alejando Giammattei, a quien señalan de haber deteriorado la democracia en el país tras lograr el control de instituciones clave como las cortes, cuyos jueces, dicen, responden a sus intereses. “Los partidos tradicionales recurrieron al cartel de la toga, las cortes al servicio de la mafia enquistada en el Estado, para revertir el resultado electoral”, dice Juan Francisco Sandoval, exfiscal general anticorrupción.

Sandoval es una de las víctimas de una cruenta persecución contra operadores de justicia que han sido amenazados con juicios y cárcel por luchar contra la corrupción. El exfiscal ha tenido que marchar al exilio, como decenas de sus colegas, para evitar ser apresado por hacer su trabajo. “La resolución de la Corte Constitucional es arbitraria, porque interpreta extensivamente la Constitución y obstruye la competencia de la Corte Suprema”, explica Sandoval en entrevista telefónica. “Estos partidos han recurrido a la justicia constitucional, que tenemos años denunciando porque está cooptada por la élite política guatemalteca, a la que le interesa mantener un sistema de privilegios en detrimento de la población”, asegura el exfiscal.

Sandoval asegura que los tiempos para las impugnaciones de los resultados electorales establecidos en la ley electoral se vencieron y que las actas que no tuvieron impugnaciones demuestran resultados legítimos. “Este es un movimiento paralegal desesperado. Estos partidos nunca pensaron que la agrupación política de Arévalo iba a recibir tanto voto”, dice. Asegura que el trabajo en las Juntas Receptoras de Votos fue un “esfuerzo ciudadano transparente”, y que fue un riesgo que no previeron los partidos políticos tradicionales. “Entiendo que los fiscales de esos partidos tenían la consigna de impugnar los votos de otros partidos que tenían la posibilidad de encarar una segunda vuelta, pero en muchas mesas el ganador fue el movimiento de Arévalo y no hubo impugnaciones porque era una sorpresa. Y cuando se venció el plazo no tuvieron otra medida que recurrir a la corte de constitucionalidad. Esa decisión está alineada con el oficialismo. Lo decidido es un intento de deslegitimar el proceso electoral”, afirma.

Mientras la tensión va en crecimiento en Guatemala, muchos sectores críticos temen la reacción que puede generar una anulación de la elección en un país cansado de los desmanes de sus políticos. “Con el voto la población manifestó lo que no puede hacer en las calles, porque existe un alto riesgo de criminalización. Fue el voto la herramienta para encontrar y manifestar su hartazgo a la clase política”, afirma el exiliado exfiscal Sandoval.

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