El Constitucional de Alemania debate si se debe retirar la financiación pública a un partido neonazi

Si un partido, aunque sea legal, es claramente inconstitucional y amenaza los valores democráticos, ¿debe el Estado contribuir a financiarlo con dinero público? Esa es la pregunta a la que deberá responder en los próximos meses el Tribunal Constitucional alemán. Los jueces de Karlsruhe estudian, a petición del Parlamento y el Gobierno, si es posible retirar las subvenciones al Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD), que recientemente ha cambiado de nombre para llamarse La Patria.

El NPD es un partido de ultraderecha nacido en 1964 al que se considera heredero del nacionalsocialismo y que durante un tiempo tuvo representantes en Parlamentos regionales y hasta un eurodiputado. En los últimos 20 años el Constitucional ha dirimido en dos ocasiones si debía ser ilegalizado, la última vez en 2017. En ambos casos determinó que no, pero por un motivo ajeno a su ideología: lo consideró tan irrelevante y con tan escasas probabilidades de ganar apoyos en la sociedad que no merecía la pena tomar una decisión tan radical en una democracia.

Lo que sí dejaron claro los jueces de Karlsruhe es que el NPD pretende acabar con “el sistema constitucional existente” y reemplazarlo por “un Estado nacional autoritario que defienda la idea de una comunidad definida a través de la etnia”. En esencia, que es un partido anticonstitucional, pero que no representa un peligro para la democracia porque carece de potencialidad de poner en práctica sus ideas totalitarias. Tras la decisión del tribunal, el Bundestag (la Cámara baja Parlamento alemán), el Bundesrat (la Cámara alta) y el Gobierno federal solicitaron conjuntamente en 2019 excluir a la formación de la financiación pública.

Es la primera vez que llega al alto tribunal un caso de este tipo, que se sustenta en una reforma constitucional de 2017 que permite retirar las subvenciones públicas a los partidos contrarios a la Constitución. Para ello debe existir una denuncia del Parlamento o del Ejecutivo. De darse una sentencia favorable a esas instituciones, la exclusión se prolonga durante seis años.

El NPD estuvo a punto de entrar en el Bundestag en 1969, pero desde entonces nunca se ha acercado al umbral del 5% de votos necesario. Durante las siguientes décadas mantuvo cierta presencia en los Estados orientales del país, los que en su día pertenecieron a la República Democrática Alemana (RDA), pero la irrupción en 2012 de la formación ultraderechista pero más moderada Alternativa para Alemania (AfD) le dio la puntilla. En las últimas elecciones federales el partido apenas logró el 0,1% de los votos.

La primera sesión del juicio se celebró este martes en Karlsruhe, con la presencia de la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas; el presidente del Bundesrat, Peter Tschentscher, y la ministra del Interior, Nancy Faeser. Los representantes del partido ultra no se presentaron y dejaron libres sus asientos en la sala. En un comunicado publicado en la web del partido aseguraron que se niegan a ser “extras en un simulacro de justicia”.

La formación decidió rebautizarse como La Patria (Die Heimat, en alemán) en un congreso celebrado el mes pasado. Según datos de la memoria de 2022 de la Oficina para la Protección de la Constitución —los servicios secretos alemanes—, es el partido de extrema derecha más potente, con alrededor de 3.000 miembros, una afiliación que ha ido descendiendo paulatinamente. El informe de la oficina les achaca vínculos con grupos neonazis violentos y dice de ellos que rechazan y difaman a personas que perciben como extranjeras. En su ideología están “profundamente arraigadas posiciones antisemitas” y tienen una actitud “positiva hacia el nacionalsocialismo y a posiciones revisionistas de la historia”. A diferencia de AfD, que trata de camuflar algunas de sus ideas, el NPD no esconde que busca un “cambio de sistema” en Alemania.

“El NPD ha sido clasificado como partido de extrema derecha y anticonstitucional por el Tribunal Constitucional Federal. Y un partido cuyas actividades están encaminadas a destruir el Estado, a eliminarlo, un partido así no debe ser apoyado por el Estado”, aseguró en la sala el presidente del Bundesrat y alcalde de Hamburgo (SPD), Peter Tschentscher. El partido, que avisó al Constitucional dos horas antes de la vista —que califica de “juicio espectáculo”— de que no pensaba presentarse, había alegado previamente que excluirle de la financiación violaría el principio de igualdad de oportunidades. Para Tschentscher su ausencia es una señal más de que desprecian el orden constitucional y al Estado.

Al quedar por debajo del umbral del 0,5% necesario para recibir subvenciones en las elecciones de septiembre de 2021, el partido ya no goza de financiación pública. Antes había recibido entre 300.000 y 400.000 euros al año, además de lo que le correspondiera por los escaños en los parlamentos regionales y por el eurodiputado (entre 2014 y 2019 Udo Voigt, que calificó a Hitler de “gran estadista alemán” en una entrevista, representó a la formación en Bruselas). Sin esa fuente de ingresos, ahora se mantiene con los donativos de sus simpatizantes.

Si el Constitucional atendiera la petición del Parlamento, no solo dejaría de percibir posibles ayudas gubernamentales, sino también privilegios fiscales. Un ejemplo sería la exención del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del que todavía se beneficia en la actualidad. Uno de los abogados de los demandantes, Christian Waldhoff, explicó a los medios que solo en herencias el partido se ahorró 200.000 euros en 2020 y 2021.

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