Madres a la fuerza: el impacto silencioso del régimen de excepción en El Salvador de Bukele

Luego de haber criado a sus dos hijos durante más de dos décadas, Vilma Mancía, una mujer salvadoreña de 65 años, había abandonado por completo la idea de volver a ser madre otra vez. Pero en la tarde del 4 de abril de 2022 le nacieron seis hijos de golpe.

Esa tarde, Mancía, una mujer delgada y de piel morena, vendía verduras en su pequeño local en el mercado en el municipio de San Martín, en el área metropolitana San Salvador, la capital de El Salvador. Cuando, de pronto, otra vendedora llegó corriendo a avisarle de que, a unas cuadras del mercado, debajo de una pasarela, la Policía acababa de capturar a su hija. Solo unos minutos después, una llamada la alertó que también habían capturado a su hijo mientras almorzaba en su casa.

Aunque en ese momento y durante mucho tiempo después, Mancía no pudo pensar en otra cosa que no fuera cómo sacar de la cárcel a sus hijos, desde ese día quedó a cargo de sus seis nietos, cinco niños y una niña con edades entre los ocho meses y los seis años. Y desde entonces hasta casi quince meses después, los sigue cuidando como si fuera su madre.

“Yo les doy de comer, los baño, los cambio, los llevo a la escuela, les doy cariño y mi amor como si fueran mis hijos”, dice Mancía casi un año después de aquella tarde.

Para ese entonces, el régimen de excepción, la medida represiva impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en su llamada “guerra contra las pandillas” llevaba apenas unos días en vigor y la Policía y el Ejército realizaban redadas masivas deteniendo a casi cualquier persona que se les pusiera enfrente. Las redadas que más de un año después han dejado más de 68,000 capturas se llevaron de paso a miles de inocentes, a decir de sendos reportes de organismos que defienden los derechos humanos y según los 5.000 presos liberados que hasta esta fecha han sido encontrados inocentes.

El régimen de excepción establecido por el Gobierno de Bukele ha logrado la desarticulación de las pandillas, pero al mismo tiempo una camándula de graves violaciones a derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias hasta muertes por torturas y asfixia dentro de las prisiones salvadoreñas. Y aunque la mayoría de los detenidos son hombres, las mujeres también han sufrido consecuencias que las afectan de una manera más silenciosa.

Un informe de la organización de defensa de derechos humanos Cristosal publicado el pasado lunes señaló que el régimen de excepción ha provocado formas particulares de violencia del Estado hacia las mujeres, obligándolas a asumir el rol de encargadas de velar por los familiares presos y convirtiéndolas en niñeras de niñas, niños, adolescentes o adultos mayores de su hogar o incluso de hogares ajenos. Como el caso de Vilma Mancía.

Ser madre a la fuerza no es una forma de esclavitud nueva en El Salvador. En 2018, la Revista Factum reveló cómo la pandilla Barrio 18 obligaba a mujeres de una comunidad de la capital a ser madres de hijos de pandilleros que caían presos. La dinámica ahora se repite, pero empujada por el Estado.

No existe una cifra oficial de cuántas mujeres han sido detenidas durante el régimen de excepción. De hecho, no existe niguna cifra oficial del número de detenidos. Lo único que se sabe es que son más de 68.000 y se sabe únicamente por declaraciones esporádicas de funcionarios en entrevistas de televisión o por algún tuit que la policía o el presidente ponen en sus cuentas. Toda información al respecto ha sido declarada secreta por la vía formal. Sin embargo, un informe publicado en agosto pasado por Human Right Watch apuntó que para entonces el 15,8% de las personas detenidas durante en durante el régimen eran mujeres.

La Policía salvadoreña ha publicado en redes sociales imágenes de mujeres diciendo que son pandilleras e incluso a algunas de ellas se les puede ver con tatuajes alusivos a las pandillas. Sin embargo, en El Salvador, desde hace casi dos décadas, el papel de las mujeres en las pandillas ha sido relegado. Al menos desde el 2005, las estructuras de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18 prohibieron que mujeres se siguieran convirtiendo en miembros activos o “homegirls”, como sí lo podían hacer antes. Desde entonces, su rol se ha limitado a ser novias o colaboradoras de la pandilla y sus actividades delincuenciales se vieron reducidas a guardar armas, droga, dinero producto de la extorsión o a recoger estos cobros, entre otras.

Sin embargo, el nuevo informe de Cristosal revela un dato nuevo: de las más de 5.000 denuncias por posibles violaciones a derechos humanos recibidas de parte de la población en los casi 15 meses de régimen de excepción, el 80% han sido interpuestas por mujeres. Lo que significa, según la organización, que son las mujeres quienes han asumido el rol de encargadas de los procesos judiciales de sus detenidos y de llevarles alimentos y vestuario a las prisiones.

Fuera de los penales, se ha vuelto una normalidad ver a cientos de mujeres llevando paquetes de higiene y comida a sus familiares, lo que ha generado que incluso se establezcan pequeños mercados informales en los alrededores de las prisiones. Estos paquetes tienen costos que oscilan entre 35 y 170 dólares, un precio que es asumido por las mujeres que quedaron a cargo de sus detenidos.

Desde el día en que capturaron a sus dos hijos, hace casi 15 meses, Vilma Mancía tiene no solo la carga de mantener seis bocas más. También debe encargarse del proceso judicial de sus dos hijos de quienes apenas ha logrado saber algo como que él está en el penal de Mariona y ella en Apanteos. El tiempo que invierte en llevarles comida a los dos y cuidar a otros seis le resta fuerza para trabajar y además dinero.

Hace dos meses, a Vilma le llegó un dolor repentino en el estómago. Al principio pensó que alguna comida le había caído mal, luego pensó que era estrés. Pero cuando fue al médico le diagnosticaron cáncer de estómago.

“Quisiera que alguien me ayudara al menos con todos estos niños que me han dejado. Ya no puedo más con todos ellos. Me han dicho que se los entregue al gobierno, pero no quiero”, dijo Vilma.

Abortos dentro y fuera de las prisiones

Cristosal documentó además casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de policías y soldados que se aprovechan del poder casi absoluto que la medida les otorga. “En algunos casos, dicha situación ha obligado a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad”, dice el informe.

Asimismo, muchas mujeres que se encontraban embarazadas al momento de su detención han dado a luz dentro de las prisiones sin que sus familiares se enteren del estado de salud de la madre como de la criatura. Asimismo, algunas que dieron a luz justo antes de ser detenidas fueron separadas de sus hijos.

En su informe, Cristosal documentó relatos de mujeres que vivieron en condiciones inhumanas. “En unas galeras que había en la parte de abajo había miles de mujeres durmiendo en los suelos, sin colchonetas, sin cobija, y como estábamos en época de invierno se mojaban por las noches ... Como no había asistencia médica, vi morir a una anciana de 50 o quizá 56 años”, dice una de las mujeres entrevistadas.

El documento también señala que algunas mujeres presenciaron abortos espontáneos dentro de los penales provocados por los malos tratos de parte de las autoridades. “Había una mujer que todos los días tenía que salir caminando a curación y cuando le hicieron una cirugía no se dieron cuenta que tenía cuatro meses de embarazo. Después de la operación, la muchacha se agravó nuevamente, la llevaron al hospital y le hicieron un legrado”, dice el relato.

También fuera de las prisiones, el régimen de excepción ha impactado en la vida de las mujeres que iban a ser madres. El documento da fe de un caso de un joven pescador de 24 años que falleció producto de torturas dentro de las cárceles bajo régimen de excepción. “El impacto de la muerte provocó que su esposa de cinco meses de embarazo perdiera a su hijo”, dice el documento.

Pero los efectos del régimen no paran ahí. También hay bebés muriendo por haber estado encarcelados. Este viernes, un periódico local publicó que Génesis, una bebé de seis meses murió luego de permanecer el mismo tiempo junto a su madre en una prisión. Hasta la publicación de la nota, la madre no sabía de la muerte de su bebé ya que, a pesar de tener órden de libertad dada por un juez, permanecía en prisión.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.