“El asesino se equivocó de hijo y de madre”: jóvenes de barrios pobres de Venezuela en el blanco de la policía

Omar estaba con otros cuatro amigos jugando cartas en una vivienda del barrio José Félix Ribas, en la caraqueña área de Petare, cuando un grupo de funcionarios policiales irrumpió en la casa, acorraló a los jóvenes y los asesinó. Era el 31 de julio de 2022 y no fue hasta hace poco, ocho meses después de lo ocurrido, que su madre, Urselis Valdez, ha podido ver el expediente del caso. Empieza a recordar los detalles de ese día en que lo buscó en una comisaría, porque le dijeron que se lo habían llevado vivo, y luego lo encontró en un hospital con las costillas rotas y un número de disparos en su cuerpo que no ha querido saber. “Me siento bastante mal, todos los días lloro a mi hijo, pero su muerte no se va a quedar así”, dice la mujer de 42 años, acompañada de Lina Rivera y Carmen Arroyo. Las tres se conocieron porque comparten duelos similares por familiares asesinados por la policía y se acompañan en el empedrado y solitario camino hacia la justicia.

Las historias de estas mujeres están entre los más de 2.000 testimonios que recibió el Tribunal Penal Internacional (TPI) en los primeros meses de este año, cuando abrió la posibilidad de escuchar a las víctimas como parte del proceso que se sigue para reanudar las investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El volumen de formularios y videos recibidos obligó a extender el plazo a la Fiscalía a cargo de Karim Khan para su procesamiento y respuesta. La decisión del TPI se espera para finales de este mes.

Persecución a opositores, detenciones arbitrarias, violencia sexual y torturas registrados a partir del 2014 —el primer año pico de conflictividad política en el país durante el Gobierno de Nicolás Maduro— están recogidas en la demanda del TPI. Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas están impulsando que el tribunal también considere los asesinatos en protestas y durante operativos de seguridad, sobre los que se denuncia la existencia de un patrón y una política de Estado, como han recogido ya varios informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU —que pidió la disolución de las FAES (las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana)— y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.

Las ejecuciones extrajudiciales se recrudecieron durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuestionadas incursiones militares y policiales que el Gobierno venezolano llevó a cabo entre 2015 y 2017 para combatir la delincuencia en el que, durante esos años, se convirtió en uno de los países más violentos de la región y el mundo. Luego siguieron con las FAES, hasta el punto de que las llamadas muertes por resistencia a la autoridad o enfrentamientos con la policía llegaron a ser la principal causa nacional de homicidios. Con los años, Venezuela se ha vaciado por la intensa migración que ha traído la crisis humana a la par que han ido disminuyendo los delitos y también los casos de muertes a manos de la policía. Sin embargo, el activista del proyecto Lupa por la Vida Marino Alvarado dice que se está lejos de tener argumentos para asegurar que la violencia de los cuerpos de seguridad se haya reducido. “Hubo un reciclaje de funcionarios en distintos cuerpos y las FAES dejaron de existir de facto como un nombre”, explica.

Un informe presentado recientemente por la ONGA Provea y la fundación Centro Gumilla, que llevan adelante la iniciativa Lupa por la Vida, registró 824 casos de lo que considera “ejecuciones extrajudiciales” en 2022, lo que representa un descenso con respecto a las más de 3.000 víctimas contabilizadas en 2020. La mayor parte de las víctimas tenía entre 18 y 30 años y las prácticas más abusivas de las OLP parecen haber vuelto, advierten. “Allanamientos masivos sin órdenes judiciales, tomas, detenciones arbitrarias se están viendo de nuevo. Desde la masacre de La Vega, hace dos años, ya no se está informando sobre la cantidad de personas asesinadas en los operativos ni sobre las que se detienen. Hay una política de silencio con una altísima complicidad de la Defensoría del Pueblo que no exige al Gobierno que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se están dando en el contexto de ejecuciones extrajudiciales”, agrega Alvarado.

Justamente en esa masacre de La Vega cayó Ríchard, de 23 años, que trabajaba reparando neumáticos y no tenía antecedentes penales. Era el hijo de Miyanllela Fernández que vio cómo lo mataron desde una pequeña ventana de la que cuelga una jaula para pájaros. Ese día de enero de 2021 fueron asesinadas 24 personas en ese operativo que mantuvo este barrio del oeste de Caracas en zozobra. “Se ensañaron contra los jóvenes”, dice la madre cuando recuerda ese día en el que, asegura, no detuvieron ni asesinaron a ninguno de los miembros de las bandas criminales que controlan la zona.

Alvarado dice que hay un patrón de víctima. “Los jóvenes varones de sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional”. Carmen Arroyo perdió a Christian, su único hijo, el 24 de septiembre de 2018, cuando regresaba de madrugada de celebrar su cumpleaños y se encontró con más de 20 funcionarios. Desde su experiencia, insiste en completar el perfil que los hace más vulnerable. “Vivir en un barrio, ser joven y pobre, de piel morena, tener tatuajes y el pelo crespo nos convierte en delincuentes para la policía”, dice con rabia la mujer de 55 años, que lidera Madres Poderosas, una organización que integra a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría son mujeres que llevan el peso de la tristeza y la impunidad en los ojos y los nombres de sus hijos asesinados en tatuajes.

“A él le dispararon cuando iba a subiendo la escalera y levantó las manos para que no lo mataran. Y esto es algo que ocurre a diario, son muchos”, continúa Carmen sobre su hijo, que se ganaba la vida como barbero y jugaba baloncesto en una cancha cercana a su casa en el barrio La Dolorita donde ahora hay un mural en su memoria. “Hay un mismo patrón: la muerte física y la muerte moral, porque les siembran expedientes para convertirlos en malandros”, asegura. “Pero el asesino se equivocó de hijo y de madre. Yo no me voy a detener, porque ahora yo soy la voz de mi hijo”. El único funcionario que está señalado en el caso de Christian está siendo juzgado en libertad y sigue siendo un funcionario activo, denuncia la mujer. En otros casos, como el del hijo de Miyanllela o el de los familiares las investigaciones apenas están comenzado. “Nosotras luchamos solas en esto. Cada semana o cada 15 días nos ponemos de acuerdo para ir a la Fiscalía juntas a preguntar”.

Entre 2018 y 2019, casi cada seis meses, Lina Rivera enterró a cinco familiares asesinados en operativos policiales. Primero su sobrino Jordan, luego su hijo Jesús, boxeador, junto con su yerno Kevin. Después vino Josué, otro sobrino, y su hermano Dani. La noche antes que asesinaran a su hijo escuchó que algo golpeó el techo de su casa en Barrio Unión, en Petare, y el ruido que le semejaba a una chicharra. Era uno de los drones de la policía que utilizaron en un despliegue masivo en varios barrios que dejó más de una decena de muertos. A los niños y mujeres los sacaban de las casas. Los funcionarios buscaban a los hombres, sin ninguna orden judicial. Como en la mayoría de los casos, alegaron un enfrentamiento, aunque Jesús se estaba bañando cuando llegaron los policías. Lina asegura que unos testigos vieron cuando le pusieron un bolso con drogas, una escopeta y un revólver de calibre 38 al lado del cuerpo. “Lanzaron muchos tiros, había hasta francotiradores en los techos. Ese día mataron a mucha gente en todo Petare, cuando fuimos a retirar el cuerpo de mi hijo la morgue estaba colapsada”.

Avances y retrocesos

Venezuela ha negado reiteradamente la ocurrencia de crímenes que puedan ser juzgados con base en el Estatuto de Roma. Desde que el proceso comenzó a avanzar con el cierre del examen preliminar y el inicio de la investigación, el Gobierno de Maduro mantiene un pulso para evitar que avance el proceso. La semana pasada, el fiscal Khan desestimó los argumentos esgrimidos por Venezuela en un escrito presentado en febrero en el que califica de “falacias de la agresión mediática y geopolítica” los señalamientos sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno ha pedido desestimar la investigación que se reabrió en noviembre pasado, tras otros intentos de frenarla. Pero el organismo internacional insiste en su nueva respuesta que no se han producido enjuiciamientos contra los responsables en las cadenas de mando y que el Estado venezolano no ha presentado pruebas de que en efecto se hayan producido sentencias y reparaciones a víctimas. Esto ocurre un año después de que el TPI abriera una oficina técnica en Caracas para asesorar sobre las reformas judiciales necesarias en Venezuela.

“Los operativos de seguridad pasaron a ser uno de los dramas más relevantes de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil”, advierte el abogado Ezequiel Monsalve, de la ONG Defiende Venezuela, que forma parte del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad que está documentando casos para el expediente de Venezuela. “Lejos de ser una política de seguridad ciudadana, son una política de control social. Y aunque han disminuido la mortalidad tras la disolución de las FAES, no es menos cierto que han aumentado en número y lugares donde se han desarrollado, ocasionando otro tipo de delitos como tortura, tratos crueles, ataques a la propiedad, violencia sexual, detenciones arbitrarias a partir de un desplazamiento de las fuerzas para conseguir lo que llaman botines de guerra”.

Ante la dura respuesta de la Fiscalía de hace una semana, Venezuela ha pedido un nuevo derecho a réplica que podrá presentar hasta este 20 de abril. Un nuevo movimiento en el juego político de Maduro para defender su imagen a escala internacional.

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