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El ‘Qatargate’ le cuesta el puesto al jefe de la Confederación Sindical Internacional

Un informe interno reconoce “vulnerabilidades” ante intentos de injerencia o corrupción extranjera. Luca Visentini es destituido tras perder un voto de confianza

Luca Visentini
Reunión en Doha de Luca Visentini con el ministro de Trabajo de Qatar, el pasado octubre, antes de que estallara el 'Qatargate'.
Silvia Ayuso

El Qatargate también está sacudiendo con fuerza el mundo sindical. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha destituido este sábado a su secretario general, Luca Visentini, implicado en la trama de corrupción para favorecer presuntamente intereses de Qatar y Marruecos en instituciones como el Parlamento Europeo y que, según avanza la investigación, se teme podría haber extendido sus tentáculos a otras organizaciones internacionales.

Aunque la CSI no ha constatado que el italiano cometiera una ilegalidad, considera que su actuación en el contexto de la trama dirigida por el exeurodiputado (y también exsindicalista) Pier Antonio Panzeri, del que recibió dinero en efectivo para su campaña, lo deslegitima como cabeza del movimiento trabajador internacional, puesto para el que acababa de ser elegido cuando estalló el escándalo. El caso ha generado una gran preocupación en el entorno sindical porque ha puesto de relieve la “vulnerabilidad” de la organización a intentos de injerencia o corrupción exterior, como advierte un informe interno que ha podido consultar EL PAÍS. Que no se haya logrado del todo esta vez no significa que no haya que reforzar los mecanismos para evitar un nuevo Qatargate, porque “daña la credibilidad del movimiento sindical, su fuerza y representatividad”, subrayan fuentes sindicales presentes en la reunión de la CSI celebrada este sábado en Bruselas.

Visentini ha proclamado una vez más su inocencia ante los miembros del consejo general de la CSI, reunido en la sede sindical belga para decidir el futuro del italiano, que el 21 de diciembre fue apartado de sus funciones, pero no obligado a dimitir. Ante la reiterada negativa de este ahora a renunciar a su puesto, el órgano de decisión de la organización sindical decidió someterlo a un voto de confianza que perdió claramente: 57 votaron en contra suya, solo 12 lo apoyaron y hubo una abstención, según fuentes presentes en la reunión.

El sindicalista italiano, de 53 años, dirigía la Confederación Europea de Sindicatos (CES) hasta su elección el 21 de noviembre como secretario general de la CSI, que representa a hasta 200 millones de trabajadores en 168 países y territorios. No llevaba más que unos días en el nuevo puesto cuando fue detenido en el marco de la primera oleada del Qatargate, el 9 de diciembre.

Aunque ha admitido haber recibido 50.000 euros de Panzeri para su campaña por el liderazgo de la CSI; y realizó poco antes de su elección un controvertido viaje a Qatar pagado al menos en parte por ese país, siempre ha negado haberse dejado influir por Doha. El juez que instruye el Qatargate lo dejó en libertad vigilada dos días después de haber sido detenido junto a Panzeri y la entonces aún vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili. Ambos siguen hasta hoy en detención preventiva, junto con otro eurodiputado socialista, Marc Tarabella. Todos ellos, así como el asistente parlamentario y pareja de Kaili Francesco Giorgi, recientemente liberado con brazalete electrónico, están acusados de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Otro eurodiputado italiano y socialista, Andrea Cozzolino, está bajo detención domiciliaria en su país a la espera de ser deportado a Bélgica.

En enero, la CSI decidió encargar a la sindicalista y exministra sueca de Trabajo Eva Nordmark una comisión especial que investigara “las circunstancias vinculadas a las alegaciones emitidas contra Visentini”. Un mes más tarde, al anunciar que había concluido su informe, Nordmark ya se mostró muy preocupada con una situación que, advirtió, constituye “una amenaza para los valores fundamentales de la democracia, la justicia y la solidaridad que defiende el movimiento sindical”.

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“Decisiones atípicas”, “escaso criterio” y “ambiciones personales”

En el informe final, que ha podido consultar este diario, se concluye que Visentini tomó en repetidas ocasiones “decisiones atípicas” con las que mostró “escaso criterio” y contribuyó a “erosionar el liderazgo” de la organización con actuaciones que “podrían haber superpuesto ambiciones personales al bienestar de la organización”. Pero señala también que todo el caso revela un “fracaso colectivo” para “proteger a la CSI de las amenazas que afronta el movimiento sindical global” que viene de largo.

“Hemos hallado un entorno operativo, financiero, constitucional y político vulnerable al tipo de corrupción” que se investiga, señala el informe, que no ha sido hecho público, sino que fue distribuido esta semana de forma confidencial entre los miembros de la CSI. La confederación sindical “carece de reglas y procedimientos modernos necesarios para garantizar que ninguna influencia exterior pueda contaminar a la organización”, alerta. Aunque dice no haber descubierto ningún intento más de “corromper” a la CSI, considera que los hechos del año pasado “revelan cuán vulnerable es la organización si no se realizan reformas urgentes”.

“Necesitamos cortafuegos”, coinciden fuentes sindicales, que reconocen que la preocupación se multiplica por el hecho de que en el Qatargate se investigue el presunto intento de injerencia de un país cuyos estándares democráticos están lejos de ser los ideales, no garantiza los mismos derechos a mujeres y hombres y tiene una situación laboral “nefasta” para los trabajadores más vulnerables, como se denunció en vísperas del Mundial de fútbol que celebró el Estado del Golfo.

Precisamente es el lavado de imagen del país ante la cita deportiva lo que supuestamente llevó a los intentos de corrupción de diversas instituciones. También se ha cuestionado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su actitud en vísperas del mundial. Durante una audiencia sobre el evento futbolístico celebrada en el subcomité de Derechos Humanos de la Eurocámara el 14 de noviembre —bajo presidencia de la socialista belga Marie Arena, también salpicada por el Qatargate por su estrecha relación con Panzeri, de quien heredó esta comisión de la que ahora está apartada—, el jefe de la oficina de la OIT en Doha, Max Tuñón, sorprendió al valorar positivamente los esfuerzos de Qatar en materia laboral, algo que también habían hecho en los meses y semanas previos al Mundial figuras que acabarían atrapadas por el Qatargate, especialmente Eva Kaili.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

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