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La UE aprueba el décimo paquete de sanciones a Rusia por invadir Ucrania en el primer aniversario de la guerra

Los Veintisiete superan sus discrepancias a última hora, después de que Polonia, que exigía medidas aún más duras, retirara su veto

Banderas de Ucrania y de la UE en la fachada del Parlamento Europeo, el 24 de febrero. Foto: KSENIA KULESHOVA (BLOOMBERG) | Vídeo: EPV
Manuel V. Gómez

El décimo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia por invadir Ucrania se ha hecho de rogar hasta la última hora de este viernes, cuando, tras una jornada de discrepancias, los Veintisiete han pactado finalmente una nueva ronda de sanciones al cumplirse el primer año de la guerra, confirmó la presidencia sueca del Consejo en un tuit. El nuevo paquete de medidas incluye “restricciones más estrictas a la exportación de tecnología y productos de doble uso”, “restricciones específicas contra personas y entidades que apoyen la guerra”, así como contra aquellas que “difundan propaganda o entreguen drones utilizados por Rusia en la guerra”. También se adoptan sanciones contra “la desinformación rusa”. El mensaje de la presidencia sueca concluye afirmando: “Juntos, los Estados miembros de la UE hemos adoptado las sanciones más contundentes y de mayor alcance jamás impuestas para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. La UE está unida a Ucrania y al pueblo ucranio. Seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que haga falta”.

Fuentes diplomáticas españolas explicaron a EL PAÍS que el procedimiento escrito para la adopción del paquete se iniciará en la noche de este viernes y tendrá como plazo límite este sábado a las 11.30 horas. Al sacar adelante la décima ronda de medidas, el objetivo era, sobre todo, simbólico: dar otra vuelta de tuerca en los castigos a Moscú por la agresión bélica, coincidiendo con el triste aniversario. La solidaridad que tratan de mostrar todos los edificios de las instituciones europeas con banderas y luces con los colores ucranios hubiera quedado muy deslucida sin el acuerdo conseguido a apenas dos horas de que concluyera la jornada. La UE se suma así al intento de aumentar la presión sobre Rusia, el objetivo al que apunta también el nuevo anuncio de Washington y el G-7 (en el que hay tres países de la UE, Alemania, Francia e Italia).

A la hora de cerrar este nuevo paquete de sanciones, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró en unos 11.000 millones de euros, los últimos escollos no habían llegado de Budapest, como había sido la tónica habitual casi en cada uno de los paquetes anteriores. Fuentes diplomáticas miraban a Varsovia por reclamar castigos más duros de los que los demás socios estaban pactando y no aceptar la demanda de comprensión con el caucho sintético, un producto de mucha importancia en el sector automovilístico. Polonia es el Estado miembro que en todas las rondas de sanciones ha reclamado más contundencia y esta vez también.

Varsovia acabó por ceder y aceptó el nuevo paquete de restricciones a Rusia con seis condiciones, precisó la embajada polaca ante la UE. Entre ellas, una relativa a ese escollo del caucho sintético, en el que Polonia ha dado su brazo a torcer a cambio de la adopción de un mecanismo especial de control, con revisiones trimestrales, “del nivel de diversificación de las importaciones” de ese producto a la UE. Otras condiciones son —según esa fuente— que se castigue a “los responsables de la deportación de niños ucranios a Rusia” y que se avance en la adopción de posibles sanciones a Bielorrusia, aliado del Kremlin. Polonia ha logrado a su vez incluir sanciones contra la industria nuclear y el comercio de diamantes rusos. El último requisito exigido por Varsovia ha sido que los Veintisiete estudien sancionar a “150 propagandistas rusos” incluidos en una lista propuesta por el Gobierno polaco.

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No hubo discrepancias respecto a otras de las medidas restrictivas, como la de aumentar la lista de productos de doble uso ―que pueden emplearse para fines civiles o militares― vetados. En este nuevo paquete, aparecen equipos de rayos X, todo tipo de superconductores, conductores y semiconductores, y piezas para aviones no tripulados. También entran en las sanciones productos químicos como el pentobarbital sódico y otros compuestos que pueden usarse con fines letales. Además, se da un paso para evitar que Rusia eluda las sanciones al decretar que los productos de doble uso que vayan a terceros países no podrán hacer su tránsito comercial pasando por ese país.

Junto a todo esto, se añade la prohibición de que los ciudadanos rusos puedan formar parte de consejos de administración de empresas propietarias de infraestructuras críticas en Europa (depósitos de gas).

Desde que comenzó la guerra, la Unión Europea ha desplegado una batería de sanciones sin precedentes. Nada más comenzar la invasión pactó, junto con Estados Unidos y otros países occidentales, congelar los activos del Banco Central de Rusia en el extranjero, unos 300.000 millones de dólares (unos 284.000 millones de euros). También se ha desconectado del sistema internacional de pago a dos tercios del sistema bancario ruso, entre ellos a la principal entidad del país, Sberbank. No se ha hecho lo mismo con Gazprombank, el banco a través del que la gasista pública Gazprom cobra sus exportaciones de gas. A finales de diciembre y comienzos de este mes se desplegaron los vetos al petróleo ruso y sus derivados para los países de la UE y los límites de precios para terceros Estados.

Las primeras rondas de sanciones se cerraron rápidamente al calor del inicio de la guerra. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez ha sido más costoso cerrar un nuevo paquete. Este último se presentó hace 10 días. Todavía un plazo de tiempo corto para dejarlo listo si se compara con el acuerdo en que se vetaron las compras de crudo. El simbolismo de llegar con todo listo al 24 de febrero ha acelerado el proceso, tal y como se esperaba.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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