Macron relanza la reforma de las pensiones pese al rechazo de los sindicatos y la oposición

Una reforma polémica, que está en boca de todos y que amenaza con desencadenar una ola de manifestaciones en el país. El martes, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, tiene planeado presentar la reforma de las pensiones, que prevé el retraso progresivo de la edad de jubilación. Una promesa de campaña del actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, que ya trató de aprobar durante su primer mandato, pero que quedó archivada al inicio de la pandemia en 2020, tras semanas de huelgas y protestas.

En su tradicional mensaje de Año Nuevo, el 31 de diciembre, Macron insistió en que habrá que “trabajar más” para “asegurar el equilibrio” del sistema de pensiones en los próximos años y recordó que su objetivo era aplicar la reforma “a finales del verano” de 2023. Sin embargo, no dio ningún indicio sobre si la edad legal de jubilación se elevaría a los 65 o 64 años, con un aumento del periodo de cotización, unos puntos que han estado en el centro de las negociaciones en las últimas semanas.

Para justificar la necesidad de una reforma, el Gobierno se basa en las proyecciones del Consejo de Orientación de las Pensiones, un organismo público independiente, cuyos informes han sido objeto de interpretaciones distintas por parte del Ejecutivo, la oposición y los sindicatos. Según ha dicho el Gobierno, el sistema de pensiones registrará un equilibrio a corto plazo, pero se prevén déficits en las próximas décadas a medida que disminuye el número de personas que cotizan por cada jubilado, debido al envejecimiento de la población.

La primera ministra Borne declaró el pasado martes que la opción de aplazar la edad de jubilación a los 65 años no era inamovible y que existen otras soluciones para equilibrar la financiación del sistema. También insistió en que no se aumentará el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, que subirá hasta los 43 años a raíz de una precedente reforma.

La edad de jubilación en Francia es de las más bajas de Europa. Actualmente, los franceses pueden jubilarse con carácter voluntario a partir de los 62 años, pero para cobrar una pensión completa es necesario haber cotizado más de 40 años. La primera ministra multiplicó la semana pasada los contactos con los sindicatos y líderes políticos antes de dar a conocer formalmente el proyecto. Su presentación, inicialmente prevista para el 15 de diciembre, fue aplazada casi un mes.

Macron justificó esta prórroga por las elecciones del nuevo líder de los conservadores franceses, Éric Ciotti, y de la nueva secretaria nacional de Europa Ecología-Los Verdes (EELV), Marine Tondelier. “Esto nos permite disponer de algunas semanas más para que quienes (...) acaban de asumir responsabilidades puedan, sobre algunos elementos clave de la reforma, intercambiar [opiniones] con el Gobierno”, alegó entonces.

“El mayor desafío que se avecina”

El hecho de que el Ejecutivo haya aplazado la presentación de la reforma demuestra que “teme una fuerte movilización”, aseguró el sindicato CGT a la Agencia France Presse a mediados de diciembre. La reforma es rechazada por todos los sindicatos ―incluido la moderada CFDT, la primera de Francia― y por una mayoría de ciudadanos, según sondeos recientes.

Es la primera vez que todos los sindicatos están dispuestos a manifestarse juntos contra la medida desde hace 12 años, cuando se aprobó la reforma del entonces ministro de Trabajo, Eric Woerth, que aplazó la edad de jubilación de 60 a 62 años. Ya hay una reunión prevista el martes para fijar una fecha de movilización. El Gobierno espera, sin embargo, lograr que la CFDT no se oponga directamente a la reforma gracias a medidas concretas para las carreras largas y los trabajadores que realizan las tareas más arduas.

Del lado de la oposición, el principal partido de izquierda, la Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, ya ha llamado a manifestarse el 21 de enero en contra de la reforma. Sus aliados en la NUPES ―la alianza que agrupa a LFI, socialistas, comunistas y ecologistas, y que constituye el primer bloque opositor en la Asamblea Nacional― anunciaron también un “frente común” en contra de la reforma, aunque de momento persisten diferencias sobre qué tipo de acciones llevar a cabo. La extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, rechaza también cualquier retraso de la edad de jubilación.

Macron, en cambio, insiste en que su reforma es legítima y que ha sido reelegido por los franceses para llevarla a cabo. El mandatario perdió, sin embargo, la mayoría absoluta parlamentaria en las legislativas de junio, lo que le obliga a negociar cada ley que quiere sacar adelante.

La reforma, que será presentada ante el Consejo de Ministros el 23 de enero, es “el mayor desafío parlamentario y social que se avecina”, analiza Lisa Thomas-Darbois, investigadora en economía y finanzas públicas del Instituto Montaigne. “Será el ejercicio más decisivo y llamativo de esta nueva política de compromiso desde las elecciones parlamentarias”, agrega.

En busca del apoyo de la derecha

El Ejecutivo busca el apoyo de la derecha de Los Republicanos (LR), que con sus 62 escaños tiene la llave para llegar al umbral de la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma. El partido cree que una reforma es necesaria, pero está dividido sobre sus líneas rojas. La primera ministra se reunió estos días con el nuevo presidente, Éric Ciotti.

“La única opción que tiene el Gobierno de pasar esta reforma sin el [artículo] 49.3 es con el apoyo de Los Republicanos”, insiste Thomas-Darbois. El artículo 49.3 de la Constitución permite zanjar los debates parlamentarios y adoptar directamente una ley sin someterla a votación, siempre y cuando no se presente una moción de censura. En septiembre, Macron había dicho que no excluía convocar nuevas elecciones legislativas si la oposición bloqueaba la reforma.

De momento, el Ejecutivo tiene tres opciones para aprobarla. La primera es usar el artículo 49.3, pero en este caso, “perdería su último cartucho que le queda hasta finales de junio”, subraya Thomas-Darbois. La Constitución francesa establece que este instrumento solo se puede usar una vez a lo largo de una sesión parlamentaria [de septiembre a junio], salvo para los textos financieros. El Gobierno lo activó diez veces en total para aprobar los presupuestos.

La segunda opción es imponer la reforma a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Seguridad Social y usar el 49.3 para votarla. Como es un texto financiero, el Ejecutivo no perdería la posibilidad de volver a usar este instrumento para otras leyes. Finalmente, la tercera opción es obtener el apoyo de LR. Hace tres años, la reforma de las pensiones ya provocó una oleada de manifestaciones. En ese entonces, el primer ministro Edouard Philippe quería llevar la edad de jubilación a los 64 años, pero la covid-19 frenó sus ambiciones.

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