El lado oscuro de los cónsules honorarios: terrorismo, blanqueo y tráfico de drogas

Una treintena de estos representantes españoles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigación internacional destapa las tramas de corrupción y delitos de más de 500 de estas figuras en todo el mundo

Patricia Bolinches

“Te haré cónsul en tu país. Todos tus amigos serán cónsules”. El traficante de armas marfileño Faouzi Jaber intentaba así, en otoño de 2012, engatusar a los potenciales compradores de un enorme cargamento de misiles y granadas. Representaba al brazo armado de Hezbolá, la milicia proiraní libanesa considerada grupo terrorista, y prometía un atajo para acceder al mundo diplomático. Jaber ahora se encuentra en una prisión federal de Estados Unidos por conspirar en apoyo de paramilitares colombianos. Desde la cárcel, relata: “Sé cómo funcionan los consulados honorarios, cómo se crean. Los cónsules honorarios mueven drogas, dinero. Conozco a muchos que se meten en todo tipo de tonterías”.

En los últimos 60 años, más de 500 cónsules honorarios de decenas de países han sido acusados públicamente de infringir la ley o han tenido problemas con la justicia, a menudo abusando de un cargo opaco. Nueve de ellos han sido vinculados a grupos terroristas, 26 han estado implicados en casos de tráfico de drogas y 17 han sido sancionados por otros gobiernos, como Gennady Timchenko, cónsul honorario de Serbia en San Petersburgo, que forma parte del círculo de oligarcas próximos al presidente ruso, Vladímir Putin. Otros han acabado en la cárcel por crímenes que van desde el contrabando de armas o de estupefacientes hasta el asesinato, pasando por el blanqueo de dinero o la estafa.

Los casos identificados son un fragmento de un problema mucho mayor: nadie monitoriza a estos cónsules y muchos gobiernos ni siquiera publican sus nombres.

Es el sistema que destapa Diplomacia en la Sombra (Shadow Diplomats), una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Propublica en la que han colaborado EL PAÍS, La Sexta y El Periódico de Catalunya. Más de 150 periodistas de 46 países han creado la primera base de datos sobre las transgresiones de un colectivo lastrado por personas que han abusado de su estatus, sorteado la ley o favorecido sus agendas políticas.

Los consulados honorarios, creados hace siglos como una alternativa de bajo coste para Estados sin embajadas, permiten a cualquier país nombrar sin apenas control a ciudadanos particulares para servir a los intereses patrios en el extranjero. Estos cónsules acceden a la esfera diplomática, codiciada por quienes buscan abrirse puertas en la industria o la política, y reciben parte de la protección de los diplomáticos de carrera: gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y tanto sus archivos como su correspondencia consular son inviolables.

El buen cónsul honorario, que no tiene remuneración sino para cubrir gastos, asiste a nacionales del país que representa o favorece las relaciones bilaterales. Pero en cientos de casos como los analizados se dedica también a actividades complementarias que llegan hasta la financiación del terrorismo, el fraude o el blanqueo de dinero. Son casos como el del empresario guineano Ali Saade, cónsul honorario de Sudán del Sur en el Líbano: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala que es uno de los financiadores clave de Hezbolá. O el abogado retirado Jack M. Webb, que desde el consulado honorario de Ghana en Houston estafó 354.000 dólares a base de inflar las tarifas que cobraba por tramitar visados.

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“Los cónsules actúan de forma completamente autónoma y no están controlados por el Estado al que representan. El Gobierno no tiene forma de intervenir en sus asuntos”.

Al menos 29 cónsules honorarios españoles en el extranjero o representantes de otros Estados en el país han protagonizado algún escándalo o han tenido problemas con la justicia. En el reciente caso de tres cónsules honorarios investigados por tráfico de drogas en Barcelona, el informe de los Mossos, de 2020, no deja dudas: “Los cónsules actúan de forma completamente autónoma y no están controlados por el Estado al que representan [...]. El Gobierno español no tiene forma de intervenir en sus asuntos”.

Trama Gürtel y desvío de dinero

Los tres casos de Barcelona llevan hasta el clan Jodorovich, uno de los más importantes grupos de narcotráfico de la ciudad. Una trama de blanqueo de dinero conectaría la organización criminal con José Luis López Fernández, José María Calmet y Juli Bárcena San José, cónsules de Albania, Mali y Croacia, respectivamente. Pero no son una excepción. Hay cónsules con papeles destacados en millonarias tramas de corrupción, como Pablo Collado Serra, empleado de una de las empresas de Francisco Correa, imputado en el caso Gürtel y aun hoy cónsul honorario de Malta en Madrid; o José Luis Gamarra, que fuera cónsul de Filipinas en Bilbao, y que en 2013 fue condenado a seis años de cárcel por apropiación indebida de más de siete millones de euros de la ONG Anesvad.

Entre la treintena de casos identificados hay blanqueo de dinero, tráfico de drogas, órdenes internacionales de búsqueda y captura, y en el extremo más macabro, infanticidios: Rosario Porto fue cónsul honoraria de Francia en Santiago de Compostela años antes de ser detenida, en 2013, como sospechosa del asesinato de su hija Asunta; Mario César Deus Yela representaba a Macedonia del Norte en Barcelona cuando fue acusado de asesinar a sus gemelos.

Actualmente, hay cerca de 500 cónsules honorarios de países extranjeros en España, que a su vez tiene algo más de 400 de estos diplomáticos repartidos en 143 países. La actividad consular suele ser una ocupación secundaria: son abogados, profesores universitarios, economistas y, sobre todo, empresarios. Llegan al cargo porque un embajador o cónsul de carrera presenta una candidatura al Ministerio de Exteriores del país y este la aprueba. No hay formularios ni módulos oficiales para presentar un nombre y difícilmente se rechazan. La “honorabilidad y el prestigio” es de lo poco que exige el reglamento del sector, de 2007.

A diferencia de los cargos en la compleja carrera diplomática, a veces para ser cónsul honorario casi basta con quererlo. Joan Gaspart, cónsul honorario de Seychelles en Barcelona desde 1983, explica que él mismo decidió asumir ese rol durante un viaje por el archipiélago, que le enamoró. “Estando allí me informé de si tenían consulado en España, me dijeron que no, hablé con el Ministerio de Asuntos Exteriores y después de una serie de trámites me concedieron el título”, recuerda.

Mapa de consulados honorarios



No hay incompatibilidades con los cargos políticos, aunque el país de destino es libre de vetar un nombramiento si lo considera problemático. Así ocurrió en 1993, cuando Costa de Marfil propuso proclamar al empresario y político Jesús Gil, fallecido en 2004, cónsul honorario de su país en Marbella. Un par de meses después del anuncio y cuando Gil ya había presumido de cómo su nuevo rol le permitía fichar jugadores marfileños para el Atlético de Madrid, Exteriores rechazó la designación por considerarla incompatible con sus funciones como alcalde de Marbella.

Un chalet en la Costa del Sol y un consulado honorario vía web

Existe una industria de consultores que se comprometen a vender consulados honorarios de países pobres a cualquiera dispuesto a pagar. Lo hacen sin tapujos, como la página web Elma Global, que reza: “Uno puede viajar a través de canales diplomáticos como un ‘VIP’, a menudo sin visados. Volvo y otras marcas ofrecen grandes descuentos a diplomáticos [...]. Algunos cónsules utilizan su estatus diplomático para establecer un buen comercio con buenas ganancias para ambos extremos”.

El consulado se emplea como tarjeta de visita, como razona el doctor en derecho José Antonio de Yturriaga, exembajador de España en Rusia:”En Alemania se decía, medio en serio medio en broma, que el mayor deseo que tenían los grandes empresarios y personalidades era tener un chalet en la Costa del Sol y ser cónsul honorario de cualquier país, aunque fuera de Ruanda o Burundi”, comenta el diplomático, que también fue cónsul general en Oporto: “Éramos siete u ocho de carrera. Los demás eran honorarios, pero nos trataban a todos igual”.

Fuentes del Ministerio de Exteriores, que en España tiene que dar el visto bueno final a sus cónsules en otros países, admiten que “es muy típico que los empresarios busquen este cargo, puede que en algunos casos por motivaciones espurias, pero en muchos por prestigio”.

Los cónsules identificados en Diplomacia en la Sombra han explotado esa aura de invulnerabilidad, no necesariamente reflejada en la ley, para evitar impuestos, multas de tráfico, registros policiales o incluso cargos criminales, esgrimiendo una protección que no tenían. En 2015, el empresario Jean Laprade, cónsul honorario de Canadá en Guinea, violó a una niña de 12 años en su sede consular y logró huir de vuelta a Canadá después de que las autoridades, creyendo que gozaba de total inmunidad, desistieran de su arresto.

También las comunicaciones de estos diplomáticos están protegidas. Pueden utilizar valijas consulares en sus relaciones con otras oficinas, si media la autorización de los dos Estados; y sus archivos se consideran inviolables en muchos casos. Pero las fronteras que el tratado de Viena sobre relaciones consulares (sin actualizar desde 1963) establece a estas salvaguardas aún dejan margen para el delito. En 2017, el exconsul honorario de Italia en Egipto ocultó más de 21.000 antigüedades egipcias —monedas, vasijas e incluso un sarcófago— en un contenedor diplomático enviado al puerto de Salerno (Italia). Un fortuito error de papeleo llevó a las autoridades a registrar la mercancía y permitió recuperar las reliquias.

Ruiz-Mateos y la virgen del pasaporte

La corrupción en las redes consulares es tan antigua como los intentos de sofocarla. En 1927, un panel internacional advirtió de que otorgar privilegios especiales a ciudadanos particulares les permitía competir “de forma desleal” con rivales de negocios. “Los cónsules honorarios están más ocupados con sus asuntos personales que con los del país que les ha otorgado el título”, concluían los expertos hace casi 100 años.

En los años 80, un pasaporte y una imagen religiosa coincidieron en el centro de un pintoresco culebrón internacional que ejemplifica las redes que pueden tenderse desde estos cargos. El entonces cónsul honorario de Nicaragua en Madrid y su mujer regalaron una Virgen del Perpetuo Socorro al presidente de Honduras, Roberto Suazo, con la esperanza de canjearla por un pasaporte diplomático para José María Ruiz-Mateos, que en aquel entonces se encontraba fuera de España tratando de sortear a la justicia. El escándalo se saldó con la renuncia del embajador de Honduras en España.

En 2007, Liberia cesó a casi todos sus cónsules citando informes de actividad criminal. Canadá, Bolivia, Costa Rica o Montenegro están entre los Estados que han reportado fallos de supervisión o problemas peligrosos.

Seguir en el cargo a pesar de todo

Nadie está obligado a quedarse con un cónsul que no quiere. El país que le recibe puede retirar el cargo por la vía oficial declarándole persona non grata o bien retirándole la autorización, conocida como exequátur. Estos ceses se suelen producir entre bambalinas, con “gestiones discretas”, según señalan fuentes diplomáticas: una situación que dificulta aún más cuantificar el alcance de la corrupción en estas redes.

Al menos cuatro de los casi 500 cónsules honorarios designados por otros países en España permanecen en el cargo pese a haber tenido algún encontronazo con la justicia. El economista Alberto López es cónsul honorario de Costa de Marfil en A Coruña desde hace más de tres décadas. Su estatus ha resistido una denuncia por la presunta malversación de 400.000 euros de una empresa en concurso de acreedores. Se mantuvo incluso después de que huyera a Venezuela. No se vio afectado por la orden de búsqueda y captura internacional decretada en marzo de 2018. Y no peligró cuando, un mes más tarde, fue detenido en Caracas por la Interpol: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó extraditarle a España.

También continúan en el cargo Pablo Collado, cónsul honorario maltés en Palma de Mallorca e imputado en la trama Gürtel; y Manuel Moreno Maestre, designado por Turquía en la demarcación de Sevilla e imputado en el caso Acuamed. Desde las embajadas de ambos países en España aseguran conocer la situación de sus representantes y subrayan que tomarán las medidas oportunas una vez que concluyan sus procesos judiciales.

Sí ha tomado cartas en el asunto, aunque dos años después del comienzo de la investigación, la embajada de Croacia en Madrid, que asegura haber iniciado los trámites para destituir a Juli Bárcena San José por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de dinero para el clan Jodorovich. El todavía cónsul croata en Barcelona explica que él mismo informó a las autoridades del país en 2020 y que ha comunicado a la embajada su intención de dejar el cargo, como tarde, al final de este año.

Pero no es imposible deshacerse de un cónsul problemático. Cuando el empresario Jacinto Soler Padró, cónsul de Austria en Barcelona, se vio envuelto en la polémica sobre la dudosa legalidad de la compra del grupo industrial La Seda, en los años noventa, la embajada austriaca se apresuró a prescindir de sus servicios. Más reciente es la destitución de cuatro cónsules honorarios destinados a Barcelona por Finlandia, Filipinas, Letonia y Bulgaria, debido a sus manifestaciones a favor de la causa independentista en 2018. Uno de los cesados, Albert Ginjaume, fue detenido en junio de este año por su presunta relación con una red de tráfico de drogas. La operación de la Guardia Civil se saldó con la intervención de 3,2 toneladas de khat valoradas en 61 millones de euros.

Han colaborado en esta historia:

Debbie Cenziper (Propublica), Will Fitzgibbon (ICIJ), Delphine Reuter (ICIJ), Eva Herscowitz (Northwestern University), Emily Anderson Stern (Propublica), Miguel González (El País) y Daniele Grasso (El País)

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