Ucrania pide calificar a Rusia de país “patrocinador del terrorismo”

El fiscal general de Ucrania, Andrii Kostin, ha planteado este jueves en La Haya que es el momento de calificar a Rusia como un “Estado patrocinador del terrorismo”. Kostin recordó que el pasado lunes Rusia lanzó un “ataque masivo con misiles” contra varias ciudades, entre ellas, Kiev, y causó al menos 17 muertos y 93 heridos. “Esto no tenía un propósito militar. El objetivo de los ataques deliberados de Rusia es causar muertes de civiles y destruir infraestructura civil (…). Junto a otras tácticas de intimidación contra civiles, este es un clásico acto de terror prohibido por el derecho internacional”. Por esa razón, el fiscal ucranio considera que es “el momento adecuado para evaluar y calificar a la Federación Rusa como un Estado patrocinador del terrorismo”.

El fiscal general ucranio ha participado en La Haya en un acto en la sede de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, en el que se ha anunciado la incorporación de Rumania al Equipo Conjunto de Investigación (JIT, en sus siglas en inglés), que intercambia información y facilita la búsqueda de pruebas sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad que hayan podido cometerse en Ucrania desde la invasión rusa del pasado febrero. Rumania es el séptimo país que se incorpora al JIT, en el que trabajan también Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Eslovaquia y la propia Ucrania. El JIT se creó en marzo de 2022. Su trabajo favorecerá la apertura de juicios y apoya la labor del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Kostin ha asegurado que están “investigando y juzgando todos los delitos cometidos por las fuerzas rusas” en el país, así como los perpetrados fuera contra sus ciudadanos, en referencia a los prisioneros de guerra en manos rusas y “a los adultos y menores deportados ilegalmente, en particular los niños”. Según ha sostenido, son al menos 8.000 los menores afectados, aunque Ucrania cree que “la cifra es al menos diez veces mayor”. Según Kostin, la Fiscalía ucrania ha identificado hasta la fecha a “186 sospechosos de crímenes de guerra, en su mayoría tropas rusas. Se han remitido a los jueces 45 investigaciones, y hay 10 condenados”.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, que ha acudido al acto para agradecer la incorporación de Rumania a las investigaciones sobre crímenes de guerra, ha subrayado una vez más que estos “no prescriben y la ley debe ponerse del lado de los más vulnerables”. Khan añadió que su oficina ha tenido “una presencia continua” sobre el terreno en Ucrania desde mayo, con ayuda de varios países europeos “para garantizar que la verdad no sea la primera víctima de la guerra”. Khan subrayó la “determinación firme” de que los presuntos autores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia, tanto de Ucrania, como de un tercer país o la internacional.

Las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad no son fáciles de sostener, y de ahí que Khan haya recordado que no tiene una agenda con fechas concretas. “La credibilidad es esencial y estamos avanzando, pero mi oficina debe contar con pruebas suficientes antes hacer una acusación formal”, aseveró.

En la misma comparecencia, Gabriela Scutea, fiscal general de Rumania, presentó su ingreso en el JIT como “un deber y una oportunidad para llevar ante la justicia a los causantes de los crímenes: tenemos que hacerlo como vecinos de Ucrania, ya que un gran número de refugiados ucranios han huido a nuestro país”.

Ladislav Hamran, presidente de Eurojust, recordó que, junto al JIT y la propia Ucrania, hay 14 países miembros de la organización que han abierto sus propias investigaciones sobre supuestos crímenes internacionales cometidos en Ucrania. Son de distinta naturaleza legal y precisan de coordinación, y ese es el trabajo de Eurojust a través de una base de datos. Los países son invitados a incluir ahí sus hallazgos para evitar duplicidades y avanzar juntos. Existe también una guía para que ONG y otras organizaciones civiles puedan colaborar.

Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido al Consejo de Europa que lidere la creación de un tribunal especial para los crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas. El TPI se ocupa de estos delitos, y también de los crímenes contra la humanidad y el genocidio, que pudieran haberse cometido en suelo ucranio por ambas partes. La Fiscalía persigue a los máximos responsables. Rusia no reconoce el TPI y Kiev tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, el texto que sustenta la labor del tribunal, pero sí ha permitido que investigue lo ocurrido desde 2014, tras la anexión rusa de Crimea.

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