El suicidio de un joven en Turquía agita el debate sobre los abusos de las cofradías religiosas

El suicidio de un joven en una residencia de estudiantes regentada por una cofradía islámica ha puesto el foco del debate en Turquía en las organizaciones religiosas, cuyo poder económico se ha incrementado desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan al poder, y alrededor de las cuales se han multiplicado las denuncias de abusos sexuales y malos tratos.

El pasado 10 de enero, Enes Kara, un estudiante de Medicina de 20 años de la Universidad del Éufrates (provincia de Elazig), se tiró por la ventana del séptimo piso del edificio en que vivía, una residencia estudiantil propiedad del movimiento islamista Nur. Un mes antes de acabar con su vida, Kara había publicado un vídeo en las redes sociales en el que afirmaba haber “perdido la alegría de vivir”. En el vídeo relataba cómo desde pequeño había pasado por internados religiosos y que su familia le había obligado a alojarse en una residencia islámica al marchar a la universidad, pese a que él no quería porque hacía años que había perdido la fe.

Las estrictas reglas y dureza de la vida en la residencia —acudir a todos los rezos desde el amanecer, lecturas coránicas, clases religiosas obligatorias incluso los fines de semana además de los estudios de su carrera— acabaron por minar al joven. “Cuando te obligan a hacer estas cosas contra tu voluntad sientes que has perdido tu libertad. (…) Estoy psicológicamente agotado”, decía en el vídeo.

Tras conocer la noticia de la muerte, sus compañeros de facultad organizaron una concentración en la que pidieron medidas para poner fin a los “suicidios por desesperación” de los jóvenes turcos sometidos a presiones familiares, sociales, religiosas y económicas. “¿Cuántas vidas más hemos de perder antes de que se pase a la acción?”, se preguntó la estudiante que leyó el comunicado, en el que se pedía investigar las residencias gestionadas por organizaciones religiosas. En varias ciudades ha habido concentraciones y manifestaciones de protesta, algunas con decenas de detenidos, y el caso ha reabierto el debate sobre las tarikat y cemaat, las organizaciones islámicas que, además de sus actividades religiosas, mantienen intereses en diferentes sectores, especialmente en la educación: cursos de Corán para niños, internados, residencias universitarias, colegios confesionales, cursos de preparación de exámenes y oposiciones...

Algunas familias envían a sus hijos a estos centros para que reciban una formación religiosa, otras porque son más asequibles, otras por las oportunidades de futuro que se abren. Pero periódicamente son objeto de escándalos que en muchos casos se achacan a la falta de supervisión. “Legalmente, debería haber una supervisión del Ministerio [de Educación], pero no la hay y cuando la hay dudo mucho que los inspectores se atrevan a denunciar las irregularidades”, lamenta el periodista turco Ismail Saymaz, autor de dos libros sobre el poder que han alcanzado las tarikat.

En diciembre, el cocinero de una residencia de estudiantes de la provincia de Antalya degolló a un estudiante de 18 años convencido de que era el Deccal, el falso mesías que, según el Corán, anticipa la llegada del Juicio Final. El edificio había sido alquilado por una fundación islamista a una congregación que no tenía licencia para operarlo. En 2016, un internado perteneciente a la orden religiosa de los Süleymanci en la provincia de Adana ardió debido a la falta de mantenimiento de su instalación eléctrica y murieron 11 niños de entre 10 y 12 años y un educador.

Con todo, la mayoría de denuncias se centra en malos tratos y abusos sexuales. Por ejemplo, un empleado de un internado para estudiantes de enseñanza media en la provincia de Esmirna condenado por abusar de siete niños. O el director de una residencia de la provincia de Adiyaman que obligaba a niños de 10 y 11 años a ver porno con él y los tocaba. O los imanes de las provincias de Bartin y Afyon que abusaron de varias niñas. O el caso de un internado religioso de Karaman en el que un profesor, miembro de la influyente fundación religiosa Ensar, violó a unas 45 niñas en un periodo de cuatro años. En todos estos casos se ha producido una condena al menos en primera instancia.

Muchos de estos casos no son ni siquiera reportados por el daño psicológico que sufren las víctimas o el miedo de sus familias, como explicaba una menor al diario Cumhuriyet tras hacerse público que en su internado se pegaba a los estudiantes con martillos, se les obligaba a masajear a sus profesores o a dormir y ducharse con ellos: “Al menos se abusó de 30 niños, pero se callaron por miedo a que les persiguiesen los malos espíritus de los maestros”. Recientemente, el jeque (líder espiritual) de la comunidad religiosa Ussaki, en la provincia de Sakarya, fue condenado a 10 años de cárcel por violar a una niña de 12 años, hija de la mujer que limpiaba en la congregación, aunque se sospecha que abusó de más menores. El jeque trató de convencer al padre de la víctima de que retirase su denuncia con argumentos religiosos, luego le instó a matar a la niña y disfrazarlo de suicidio y, ante la negativa, envió a sus seguidores a darle una paliza y a tratar de sobornarlo.

La influencia de las ‘tarikat’

A raíz del suicidio de Enes Kara, algunos comentaristas y partidos de izquierda han llegado a pedir la ilegalización de las tarikat o que se les retire la gestión de centros educativos, a lo que el dirigente de uno de los partidos de la coalición gubernamental respondió: “Si por la muerte de un niño hay que cerrar las congregaciones religiosas, cuando muera un borracho habría que cerrar las tabernas”. De hecho, el principal partido de la oposición, el laico y centroizquierdista CHP, se ha mostrado inusualmente cauto. “El Gobierno intenta mostrar al CHP como enemigo de la religión y atizar el miedo de sus electores diciendo que si la oposición llega al poder nos obligará a quitarnos el velo y a afeitarnos las barbas, nos cerrará los cursos de Corán y las tarikat, así que el CHP ha preferido no entrar en la polémica”, opina Saymaz.

Y es que estas cofradías están profundamente arraigadas en el tejido social del mundo musulmán, pues han servido desde hace siglos para vehicular la religiosidad y la espiritualidad popular. Muchas son de inspiración sufí —aunque sea solo en su aspecto formal—, si bien la mayoría de las actuales abrazan una versión del islam ortodoxa e incluso fundamentalista. Tras la instauración de la República y la abolición del califato, el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, decretó la prohibición de las tarikat en 1925. Pero sobrevivieron en la clandestinidad y comenzaron a resurgir en la década de 1950 gracias al apoyo de sucesivos gobiernos de derecha. Crecieron así en influencia política —el apoyo del jeque de una cemaat a una determinada formación política puede arrastrar los votos de miles de seguidores de la congregación— y económica, pues extendieron sus inversiones “hasta convertirse en grandes grupos empresariales, con intereses en la Educación, la Sanidad y los medios de comunicación”, explica Saymaz. “Además, han instaurado fundaciones y asociaciones que mantienen protocolos con el Estado y así reciben fondos públicos, además de las donaciones privadas”, añade el periodista.

Extenderse por el sector educativo es para las congregaciones religiosas un objetivo esencial, ya que mediante el adoctrinamiento de los más jóvenes pueden captar futuros discípulos. Y para los estudiantes, además de la motivación religiosa o ideológica, hay cuestiones más prácticas: dada la extensión de la influencia de estas organizaciones, cuyos adeptos tienen puestos de responsabilidad en numerosos ministerios, en muchos casos sirven para colocar en la Administración o buscar empleo a sus miembros.

El caso más paradigmático es el movimiento Hizmet de los seguidores del predicador Fetulá Gülen, que llegó a amasar tal poder que era capaz de controlar los exámenes de acceso al funcionariado y al cuerpo de Policía. Hasta que su desmesurada ambición le enfrentó a su antiguo aliado Erdogan, contra el que Ankara asegura que lideraron el intento de golpe de Estado en 2016. Tras la ilegalización del movimiento gülenista, sus despojos —cientos de edificios, residencias de estudiantes, colegios y universidades— han sido repartidos por el Gobierno entre diferentes fundaciones vinculadas a la familia Erdogan y numerosas tarikat, a cual más conservadora.

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