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Bruselas lanza un plan de inversión para intentar contrarrestar la Nueva Ruta de la Seda china

La Unión Europea espera movilizar 300.000 millones hasta 2027 para construir infraestructuras en países en vías de desarrollo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentando el plan Global Gateway este miércoles. Vídeo: DELMI ÁLVAREZ/ EFE
Manuel V. Gómez

La Unión Europea ha presentado este miércoles una herramienta con la que pretende hacer frente al aumento de la presencia e influencia china en el mundo: un plan de financiación de inversiones para países en desarrollo con el que pretende movilizar hasta 300.000 millones de euros. La respuesta llega ocho años después de que la gran potencia asiática lanzara su estrategia para reforzar su posición en el mundo sobre la base de la financiación de infraestructuras que puede alcanzar los 1,1 billones de euros, es lo que se conoce popularmente como la Nueva Ruta de la Seda.

Huyen en la Comisión Europea de presentar el paso dado este miércoles como una respuesta a Pekín, pero la presidenta Ursula Von der Leyen sí que ha señalado que las propuestas de financiación de infraestructuras de otros países “no son transparentes, no son sostenibles, no implican a la comunidad local”. Porque desde Bruselas también se presenta el plan Global Gateway, su nombre oficial, como una vía para impulsar los valores de la Unión: democracia, Estado de derecho, sostenibilidad medioambiental.

Se trata de darle “un enfoque democrático basado en valores”, ha añadido Von der Leyen. “El propósito es crear lazos y no dependencias”, concreta el documento presentado, “invertir en proyectos que puedan entregarse con altos estándares, buen gobierno y transparencia”.

Desde que Pekín lanzó el Belt and Road Iniciative, el nombre oficial del plan chino, sus inversiones han llegado a decenas de países y ha provocado el recelo de varias capitales europeas, aunque en otros casos han sido recibidos con los brazos abiertos, como en el puerto del Pireo, en Atenas.

Los 300.000 millones que la Comisión Europea pretende movilizar salen de recursos públicos y privados. La principal palanca serían 135.000 millones del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus, a los que podrían añadirse otros 25.000 millones del Banco Europeo de Inversiones. El mecanismo consiste en que este dinero se utilice como garantía para incentivar las inversiones privadas. Hay otros 18.000 millones en subvenciones. Y el resto, unos 145.000 millones procederían de la financiación de instituciones financieras europeas.

El plan de Bruselas para llegar a esta cantidad es implicar a los Estados miembros también en la financiación, como ha explicado Von der Leyen. Así pues, el programa presentado este miércoles es un primer paso al que le faltan todavía elementos, como la parte de gobernanza, y que cuenta con el apoyo de Estados miembros muy significativos, como Alemania, según apuntan fuentes diplomáticas.

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La meta del plan es llegar a países de todo el mundo para financiar infraestructuras de transporte y conexiones digitales, también colegios y refuerzos en las cadenas de producción locales, especialmente en las vacunas contra la covid. Con esta palanca Bruselas pretende apoyar también algunos de sus objetivos y principios, de ahí que se advierta que se tendrá en cuenta la sostenibilidad medioambiental del proyecto o el impacto en las comunidades locales. También se exigirá transparencia para luchar contra la corrupción.

Según los números que maneja el G7, en todo el mundo hay un déficit de infraestructuras que se acercará en 2040 a los 13 billones de euros, una cantidad cercana a todo el PIB de la economía china. Esto implica que si se toman también las inversiones necesarias para combatir el cambio climático, hace falta una inversión anual de 1,3 billones, explica la Comisión en su documento.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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