España quiere que la UE recurra las sentencias que anulan los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos

El Gobierno español pedirá a las instituciones europeas que recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE las sentencias del Tribunal General que anulan los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos por no haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, según fuentes gubernamentales. Los propios jueces, que dan la razón al Frente Polisario, suspenden por un plazo máximo de dos meses su aplicación, con el argumento de que la anulación de los acuerdos con Marruecos “con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”.

España quiere que el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, aproveche esta moratoria de dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, que es la instancia superior al Tribunal General, con sede en Luxemburgo. El objetivo es que, una vez admitido a trámite el recurso, el Tribunal de Justicia suspenda cautelarmente las sentencias hasta su pronunciamiento definitivo, que podría demorarse al menos un año, según las fuentes consultadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy que Marruecos es un “socio estratégico” para España y que la decisión judicial “no pone en tela de juicio” las relaciones bilaterales. En declaraciones a los periodistas, Planas ha agregado que, una vez que estudien las sentencias, las instituciones europeas son las competentes para interponer recurso y, mientras tanto, los acuerdos siguen en vigor de manera provisional. El Gobierno, ha añadido, preservará los intereses de los pescadores españoles con respeto a la decisión del tribunal de Luxemburgo, informa Europa Press.

La anulación de los acuerdos entre la UE y Marruecos tiene una incidencia directa para España, que es el primer socio comercial del país vecino y cuya bandera enarbolan 93 de los 128 barcos europeos que faenan en aguas del Sahara Occidental. La decisión judicial se produce además en un momento crítico para las relaciones entre Madrid y Rabat, cuando aún no se ha cerrado definitivamente la crisis diplomática que se desencadenó a raíz de la acogida en España por razones humanitarias (sufría una afección grave de la covid) del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y de la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta a partir del 17 de mayo.

El objetivo de Exteriores es convencer a las autoridades marroquíes de que se trata de una decisión de las instancias judiciales europeas a la que el Gobierno español no solo es absolutamente ajeno sino que, además, está en desacuerdo con la misma; e intentar que este revés no haga descarrilar el proceso de normalización diplomática entre los dos países que se encuentra muy avanzado.

El ministro español José Manuel Albares y su homólogo marroquí Naser Burita tenían previsto reunirse la semana pasada con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, pero finalmente el segundo no viajó a Nueva York y ambos hablaron por teléfono, quedando en verse personalmente en una cita para la que aún no hay fecha.

Albares aún no ha visitado Rabat, pero este jueves realizará su primer viaje a Argel, con el objetivo de garantizar el suministro de gas argelino a España después de que, con la ruptura de relaciones entre los dos países como telón de fondo, Argelia haya anunciado que a partir del 31 de octubre suspenderá la exportación de gas a Europa a través del gasoducto que atraviesa Marruecos. El ministro viaja acompañado por los presidentes de Naturgy, Franscisco Reynés, y Enagas, Antonio Llardén, según fuentes diplomáticas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido este miércoles al Gobierno que “vele por los intereses” de la flota andaluza que faena al amparo del acuerdo con Marruecos; mientras que Izquierda Unida ha calificado la decisión judicial de “muy buena noticia para el pueblo saharaui y su lucha por la descolonización” y ha pedido el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

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