Una investigación arroja nuevas pruebas de la negociación de Bukele con las pandillas de El Salvador

El histórico desplome en las ejecuciones violentas que vive El Salvador se debe a un pacto secreto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas que controlan el país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según nuevas pruebas difundidas este lunes en el digital salvadoreño El Faro. Este periódico publicó audios, fotografías y testimonios que apuntalan los contactos del mandatario con los líderes pandilleros a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.

Según el diario salvadoreño, antes de su destitución en mayo de este año, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones, consideradas terroristas por la legislación salvadoreña. En esa investigación se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz, por la precipitada e ilegal salida del cargo de Melara y su equipo.

Aquel grupo de fiscales bautizó el caso como Catedral y se incautó de documentos oficiales de Centros Penales después de que El Faro publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS-13. El 7 de septiembre de 2020, cuatro días después de la publicación de este medio, la Fiscalía registró varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Fruto de esas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más amplia de lo publicado hasta el momento: no solo incluía a la MS-13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos.

Los investigadores de Catedral descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse. Los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.

La Fiscalía consiguió también libros de novedades y fotografías de esas visitas y logró el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación, de los que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla se refiere al disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar. En uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.

Peticiones de los pandilleros

Gracias a esos audios conocieron también el pliego de peticiones que las pandillas han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo: se trata de una lista de 20 puntos, muy parecidos a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para respaldar el proceso de negociación con las pandillas que intentó el Gobierno del FMLN del ex presidente Mauricio Funes, conocido como La Tregua.

Los pandilleros pidieron al Gobierno de Nayib Bukele el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y de la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.

La Fiscalía consiguió documentar también algo que el Gobierno se ha empeñado en negar: los miembros de pandillas distintas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca fueron separados el 8 de agosto de 2020: el subdirector general, Carlos Aparicio, pasó nueve horas en esas instalaciones coordinando la separación de internos, de modo que cada celda albergara exclusivamente a miembros de una sola pandilla. El Gobierno montó una visita dentro de cárceles para algunos periodistas luego de la publicación de este medio en 2020, pero no incluyó Zacatecoluca, donde guardan prisión los principales líderes pandilleros.

La información obtenida por la Fiscalía se suma a las pruebas aportadas por el diario salvadoreño en un reportaje anterior en el que después de analizar 108 páginas de libros de novedades de Centros Penitenciarios, estableció que el 18 de octubre de 2019, cuatro meses después de la toma de posesión de Bukele, y el 7 de agosto de 2020, al menos un pandillero y distintos funcionarios públicos encabezados por Carlos Marroquín el permiso de Luna entraron en 12 ocasiones a las cárceles de Zacatecoluca e Izalco Fase III a reunirse con líderes de la MS-13.

Desde su llegada al poder, el presidente Bukele ha presumido de una reducción de la violencia a niveles jamás vistos en años recientes. Las autoridades reportaron “cero homicidios” el pasado 8 de agosto, según la Secretaría de Prensa de Bukele, que atribuyó el logro al éxito de su plan de control territorial. Hace solo seis años, el país centroamericano registró 147 homicidios en los primeros cinco días de agosto, con cinco policías entre las víctimas. La reducción este 2021 es significativa, con cinco homicidios en los primeros cinco días de agosto.

La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con sus dos facciones, Los Sureños y Los Revolucionarios, son los dos grandes grupos criminales de El Salvador. Las autoridades estiman que hay unos 60.000 pandilleros activos que operan en el 94% de los municipios del país, y unos 18.000 están encarcelados.

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