Suiza se enreda en su relación con la Unión Europea

Las relaciones de Suiza con la Unión Europea, cimentadas sobre tratados bilaterales que dan al pequeño y rico país alpino el acceso al mercado interior comunitario, amenazan con ensombrecerse. El elefante en la habitación se llama acuerdo marco institucional, que ambas partes empezaron a negociar en 2014 y que aún no ha logrado pasar el filtro suizo. El debate se ha enredado en suelo helvético y formado una madeja llena de nudos mientras Bruselas espera una decisión. El nuevo acuerdo busca reunir los pactos principales entre las dos partes (hay más de 120) y fijar mecanismos estables para desarrollar la futura relación. Suiza (8,5 millones de habitantes) seguiría sin ser miembro de la UE -en 1992 rechazó en las urnas, por poco, la entrada en el Espacio Económico Europeo-, pero mantendría las ventajas comerciales y podría ampliarlas a cambio de aceptar condiciones de Bruselas. Para unos suponen una cesión inaceptable de soberanía y para otros son asumibles frente al riesgo de perder lo conseguido.

“Estamos en el corazón de Europa, rodeados por la UE, en un sentido positivo. Eso no se puede cambiar”, defiende en favor de la conclusión de un acuerdo Philip Mosimann, presidente de Bucher Industries, una multinacional de la región de Zúrich especializada en maquinaria agrícola y vehículos de limpieza. Para su grupo, el acceso sin trabas al mercado comunitario es esencial, explica en la sede de la asociación de la industria de maquinaria, electrónica y del metal (Swissmem), un sector que aporta en torno al 7% del PIB nacional.

Los números reflejan los fuertes lazos ya existentes. El 52% de las exportaciones suizas tienen como destino la UE (110.000 millones de euros en 2018), y el 70% de las importaciones llegan del entorno comunitario. La Unión es el primer socio comercial de los helvéticos. Y ellos, el cuarto para la UE. La mitad de las inversiones suizas en el exterior se localizan en la Unión, según datos oficiales, y el mercado laboral también está muy entrelazado: cerca de 458.000 suizos trabajan en la UE; 1,4 millones de ciudadanos comunitarios, de Noruega y el Reino Unido viven en Suiza, y 315.000 cruzan a diario la frontera para trabajar en el pequeño país.

Una red de intereses mutuos que la discusión sobre el acuerdo marco ha puesto en una encrucijada. No firmarlo conduciría a una edad de hielo con Bruselas y supondría no actualizar los tratados en vigor de libre acceso al mercado y de libre circulación de personas, entre otros. El inicio de la negociación en 2014 estuvo marcado precisamente por la tensión, después de que los suizos aprobaran por la mínima una iniciativa para controlar la migración, lo que afectaba al acuerdo de libre circulación entre ambas partes.

El nuevo texto prevé, a grandes rasgos, que Suiza acepte una adaptación dinámica de su legislación a la comunitaria (ya lo hace cuando es necesario, pero con mayor lentitud); un tribunal de arbitraje para los litigios que se apoyaría en la interpretación jurídica del Tribunal de Justicia Europeo; un control de las ayudas públicas suizas; una rebaja de los controles a las empresas por trabajadores desplazados (ahora son más amplios que los de la UE), y abre la puerta a que Berna amplíe los derechos sociales de los residentes comunitarios.

Proceso de consulta

El acuerdo terminó de negociarse con Jean-Claude Juncker aún como presidente de la Comisión, pero el Gobierno suizo (el Consejo Federal, un órgano colegiado de siete miembros de los principales partidos) no se decidió a firmarlo en diciembre de 2018 y abrió un amplio proceso de consulta que cerró en junio de 2019. En una carta enviada entonces a la Comisión, el Gobierno suizo hacía una valoración general positiva, pero pedía “aclaraciones” sobre tres puntos delicados para el país, relacionados con las ayudas públicas, la protección frente a prácticas de dumping salarial y la asunción de nuevos derechos sociales. Bruselas aceptó realizar precisiones, pero no reabrir de nuevo el melón tras años de trabajo, en medio de la negociación del Brexit y con Londres pendiente de cualquier concesión a terceros.

Pero el diablo para Suiza está en esos detalles, y por motivos de política interna y la pandemia, el proceso se ha alargado hasta ahora sin que el Consejo Federal haya adoptado todavía su decisión final. Mientras, el debate se ha polarizado hasta el punto de que, según destacados medios suizos, ya casi se prepara el entierro del acuerdo marco.

En esta tesitura, le llueven piedras al Consejo Federal. La patata caliente sigue en sus manos, aunque tiene previsto un encuentro de alto nivel con la Comisión, en principio el próximo 23 de abril. Mientras, Bruselas tira de paciencia. “Esperamos que Suiza avance en el proyecto de acuerdo marco institucional. Se están llevando a cabo debates que buscan aclarar ciertos puntos planteados por la parte suiza”, se limitan a decir fuentes de la Comisión.

“El problema es nuestro Gobierno, que ha perdido el sentido de la realidad económica. No atiende a sus funciones de liderazgo. No decidir no es digno de una política de gobierno”, critica Peter Grünenfelder, director del think tank Avenir Suisse, de línea liberal, en sus instalaciones en Zúrich. “Si no hay acuerdo, la UE seguirá su camino y eso los suizos lo subestiman. El Brexit debería ser una señal para despertar, los británicos no han conseguido mucho con el nuevo acuerdo”, añade Patrick Dümmler, investigador del mismo centro.

Con los retrasos, las posiciones se han endurecido, han surgido nuevos comités a favor y en contra de empresas y sociedad civil, y al final “no es de extrañar que el ambiente del debate sea tóxico”, destaca Grünenfelder. Hasta el punto de que hay sectores que no ven factible que el texto negociado llegue al Parlamento y esperan que el Consejo Federal lo meta en un cajón. El amplio apoyo a los acuerdos bilaterales existentes se mantiene, y se aboga por profundizar en esa línea, pero el nuevo pacto divide.

Para la principal asociación de pequeñas y medianas empresas (SGV, en sus siglas en alemán), la versión actual, a falta de las aclaraciones pedidas a Bruselas, situaría a Suiza a la larga en una “posición subordinada” ante la UE y sometería al mercado laboral, con un alto nivel salarial, a “difíciles pruebas de resistencia”, afirma por correo electrónico Henrique Schneider, directivo del SGV.

Escepticismo

En el escenario político cunde el escepticismo sobre las posibilidades de llevar el acuerdo a buen puerto. “Con el texto actual, lo descarto. El Consejo Federal no debería haberlo aceptado”, sostiene por teléfono el copresidente del Partido Socialdemócrata (SP), Cédric Wermuth. La formación más europeísta ve peligrar la protección salarial del mercado suizo y sus logros sociales. En contra desde el principio están los ultranacionalistas del SVP, que ven un ataque frontal a la soberanía suiza y sometimiento a los “jueces europeos”. Los Verdes ven problemas en el contenido actual; los liberales (FDP) lo apoyan en esencia, aunque con conatos de disidencia, y en el centro (Die Mitte) hay división. Los Verdes Liberales, en cambio, dan un claro sí. La diputada Tiana Moser, que dirige la fracción parlamentaria, destaca que los ciudadanos suizos, que en última instancia decidirán sobre la cuestión “se han pronunciado en repetidas ocasiones a favor del camino bilateral” en las urnas. La última vez, en septiembre de 2020, cuando con claridad votaron en contra de una iniciativa de los ultranacionalistas para anular la libre circulación de personas con la UE. “Suiza tiene que decidir qué quiere. Los acuerdos bilaterales están hechos a su medida, pero hay que regular las cuestiones institucionales”, afirma Moser, que reclama que el Consejo Federal envíe el acuerdo al Parlamento y seguir la tradicional vía helvética de votarlo. “Tiene que producirse una legitimación democrática de todo el proceso”, añade.

Grünenfelder, de Avenir Suisse, considera que se ha instalado una “narrativa negativa” y no se ha destacado lo conseguido por los negociadores suizos. “Bruselas ha cedido. Quería una adaptación automática de su legislación, y ahora será dinámica; y que nos atuviéramos al derecho europeo, pero habrá un tribunal de arbitraje que ahora no tenemos”, sostiene. “La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? No la hay. Los que se oponen no la concretan”, abunda Dümmler. Ambos expertos creen que el Gobierno “intentará de alguna manera salir del paso”, más en tiempos de incertidumbre por la pandemia.

Los escépticos o los que se oponen, creen que pese a todo no llegará la sangre al río si fracasa el acuerdo, y que se podrá seguir funcionando con los acuerdos bilaterales existentes. “Al final, a nadie le interesa una escalada. Tenemos mejores relaciones con Bruselas que miembros como Hungría”, opina el socialdemócrata Wermuth. Aunque sí se espera una reacción de Bruselas, que no solo bloquearía nuevos acuerdos, sino que podría, entre otras medidas, excluir a Suiza del programa de investigación Horizonte Europa. “No será agradable, pero tampoco el fin del mundo. Tenemos una relación simbiótica que interesa a los dos lados”, considera Schneider, de las pequeñas y medianas empresas. No lo ven así las grandes patronales como Swissmem o Economie Suisse. La congelación de los acuerdos bilaterales acabará teniendo impacto en la economía, “será de nuevo más difícil mantenernos competitivos, y a la larga, puede llevar a que las inversiones de las empresas se desplacen al extranjero”, afirma el empresario Mosimann. La pelota está en el tejado del Consejo Federal, probablemente al menos unas semanas más.

“El acceso al mercado europeo es vital para Suiza”

Philip Mosimann (Berna, 66 años), preside el consejo de administración de Bucher Industries, un consorcio de empresas suizo presente en los cinco continentes con 50 centros de producción y servicios especializado en maquinaria agrícola, entre otros productos. Además de firme partidario de los acuerdos bilaterales con la UE, se ha convertido también en un exponente de la defensa de un nuevo acuerdo marco institucional pendiente de aprobarse por parte helvética. Como otros, considera que “ha habido demasiada demora y una comunicación insuficiente” por parte del Gobierno. Así, el debate en el país se ha enquistado entre partidarios y detractores, “una situación fea porque seguimos sin tener un resultado, es especulación”, afirma Mosimann.

“Si se es un país pequeño (8,5 millones de habitantes), con la UE alrededor, y el 50% de las exportaciones de la industria de maquinaria van a la UE, tienes que encontrar un camino con ese vecino para tener acceso a ese mercado también en el futuro. Sin pegas ni trabas. Ese acceso es vital para nosotros”, explica. Para Mosimann, el acuerdo marco es una vía “para desarrollar el camino bilateral” y si no se aprueba y los acuerdos actuales se congelan, “¿qué valor tendrán en 10 o 20 años?”. A su juicio, “ninguna persona sensata” pondría en peligro o empeoraría la relación actual “sin necesidad”. Como país, “cada segundo franco lo ganamos en el extranjero”, remarca durante una conversación en Zúrich.

El grupo que dirige “hace tiempo que está en Europa con filiales”, pero notaría las consecuencias. “Sería cuestionable que pudiéramos hacer grandes inversiones en nuestras empresas suizas más pequeñas en cinco, 10 o 20 años. Las mantendremos, pero ante una gran inversión, habría que preguntarse si hacerla en Suiza o en una subsidiaria en el extranjero. Ese es el peligro desde una perspectiva suiza”. Y luego estarían los posibles nuevos costes, trabas burocráticas y problemas para la certificación europea de los productos. “Con una empresa filial se puede conseguir una certificación para toda la UE, pero sin acuerdo, eso no será posible desde Suiza”.

La organización de la industria de maquinaria, electrónica y del metal, Swissmen, de cuya dirección forma parte, ha defendido un acuerdo marco “de la A a la Z” por “convencimiento”, pero Mosimann cree que faltan en general “verdaderos defensores” con entusiasmo en el proceso. De fuerte vocación exportadora, el sector se mantiene competitivo “pese a un euro débil” a través “de la innovación, productividad, inversión, automatización y digitalización”, una “receta para el futuro”. “No queremos privilegios, o proteccionismo, sino un ‘playing level field’ (campo de juego nivelado), como en el fútbol, con las mismas reglas para los equipos y que en el partido se decida quién es mejor”, concluye.