Polémica en Túnez tras la condena a 30 años de cárcel para tres jóvenes por posesión de cannabis y consumo de hachís

Las protestas de jóvenes en Túnez no terminan de apagarse. El 14 de enero, décimo aniversario de la revolución que marcó el inicio de la primavera árabe, estallaron disturbios en todo el país que terminaron con 1.600 jóvenes en la cárcel. Pocos días después, el 30 de enero, cientos de tunecinos protestaban en la capital contra los abusos policiales. Y ayer, fueron los sindicatos de policías quienes protestaban contra lo que ellos llaman una falta de respeto de los manifestantes hacia su autoridad. En medio de ese contexto ha trascendido que tres jóvenes han sido condenados a un total de 30 años de cárcel el 20 de enero por el juzgado de primera instancia de la ciudad de Kef, situada a 175 kilómetros al oeste de la capital, por delitos vinculados con la posesión y el consumo de drogas.

Los tres jóvenes fueron condenados el pasado 20 de enero a cinco años por posesión de cannabis con la intención de consumirlo, otros cinco por consumo de hachís, y 20 años por fumarlo en un espacio público, un estadio de fútbol. En total, 30 años. Las protestas de la sociedad civil por este caso han sido tan intensas que el primer ministro, el tecnócrata Hichem Mechichi, anunció este lunes que su Gobierno revisará la ley relativa a la posesión y el consumo de drogas. Una norma de la época de la dictadura con castigos muy severos.

La norma número 92-52 del 18 de mayo de 1992, relativa a los estupefacientes, conocida en el país como ley 52, es un vestigio de la dictadura que se resiste a desaparecer. Fue impulsada por el dictador Zine el Abidine Ben Alí (1987-2011), cuando su hermano Habib se vio envuelto en un asunto de tráfico internacional de droga conocido como Cuscús Connection.

La politóloga Olfa Lamloum, que dirige en Túnez la ONG International Alert, muy presente en varias zonas marginadas, indica a este diario: “La ley 52 ha roto la vida de muchos jóvenes en los barrios populares y en las regiones del interior. Algunos se han visto obligados a abandonar el colegio después de ser arrestados. Un reciente estudio publicado por International Alert reveló que más del 17% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en el barrio popular de Douar Hicher, en la capital, declaran haber sido detenidos o encarcelados en el curso del año que precedía a nuestra investigación. Esta ley no hace más que reforzar las soluciones solo policiales en el tratamiento de la marginación”.

Ben Alí intentó así desmarcarse de su hermano mediante una ley extremadamente dura. Pero la ley solo sirvió para reprimir a una gran parte de la población, incluidos importantes opositores. Una vez que Ben Alí se vio obligado a exiliarse en Arabia Saudí, a causa de la revolución de 2011, en el país quedaron bien arraigadas sus viejas prácticas de corrupción y violencia policial. También dejó como herencia la ley 52 al servicio de sucesivos Gobiernos demócratas. El antiguo presidente Beji Caïd Essebsi (2014-2019) ya hizo campaña en su día contra esta norma, a la que juzgó de excesiva y responsable de haber sacrificado el porvenir de muchos jóvenes.

La politóloga Olfa Lamloum, que dirige en Túnez la ONG International Alert, muy presente en zonas marginadas, indica a este diario: “La ley 52 ha roto la vida de muchos jóvenes en los barrios populares y en las regiones del interior. Algunos se han visto obligados a abandonar el colegio después de ser arrestados. Un reciente estudio publicado por International Alert reveló que más del 17% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en el barrio popular de Douar Hicher, en la capital, declaran haber sido detenidos o encarcelados en el curso del año que precedía a nuestra investigación. Esta ley no hace más que reforzar las soluciones solo policiales en el tratamiento de la marginación”.

Varias organizaciones humanitarias lucharon para que en 2017 el Parlamento aprobase una ley que permitiera que los jueces introdujeran circunstancias atenuantes en su aplicación. Pero a pesar de todo, 10 años después de la dictadura, el 20% de la población carcelaria del país permanece en prisión en virtud de la ley 52, según aseguran varias ONG.

La reciente sentencia del juzgado de Kef ha puesto en evidencia, una vez más, el largo y difícil camino que queda por recorrer hacia las libertades en el único país donde germinó la democracia tras la primavera árabe. Y ha revelado también la situación precaria que padece una juventud abocada al paro, a la droga y a la migración irregular.

A la situación tensa de la calle, además, se suma la tensión entre el primer ministro, Hichem Mechichi, y el presidente, Kais Said, un profesor de Derecho Constitucional, de 62 años, que nunca militó en ningún partido político y que a menudo lanza críticas contra los miembros del Parlamento. Said impulsó la candidatura de Mechichi el pasado agosto, pero cuando Mechichi decidió hace varias semanas deshacerse de los ministros más afines al presidente, este le retiró su apoyo.

El presidente acudió este martes por la tarde, de forma sorpresiva, a la avenida Habib Burguiba, la misma donde se han manifestado cientos de tunecinos esta semana pidiendo la disolución del Parlamento. Kais Said se dio un baño de masas, retransmitido en las redes sociales, rodeado de fieles.