Moscú defiende mal a los rusos entre amigos

Las desaforadas reacciones de Rusia cuando cree ver sus intereses lastimados en unos países (en el Báltico, en Ucrania o en Occidente) contrastan con la pasividad o la tibieza que muestra en otros Estados amigos o altamente apreciados, en los que abandona a sus conciudadanos a su destino. La última manifestación de este género la ha propiciado el líder de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, al detener a 33 ciudadanos rusos por perpetrar supuestamente “un acto terrorista” en vísperas de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.

Ante la enrevesada narración con la que Lukashenko justifica el humillante encarcelamiento de los rusos, Moscú se ha limitado a pedir una aclaración de los hechos y ha afirmado que sus gentes (aparentemente miembros de una compañía de seguridad) estaban de paso en Bielorrusia.

¿Podría imaginarse semejante respuesta si los 33 ciudadanos rusos hubieran sido detenidos en el Reino Unido o en Ucrania y aquellos países hubieran recurrido a explicaciones como las de Minsk? ¿Sería posible que Washington reaccionara como ahora lo hace Moscú si 33 estadounidenses hubieran sido arrestados en México en semejantes circunstancias?

La débil reacción rusa puede tener diversos motivos, entre ellos un secreto aval al juego sucio de Lukashenko para asegurarse los comicios más difíciles de su carrera o el miedo de propiciar procesos que priven a Moscú de su aliado principal en Europa. El Kremlin ya encajó el encarcelamiento del banquero Víctor Babariko, vinculado a intereses financieros rusos y el principal oponente de Lukashenko. Otra cuestión a medio plazo es el precio que cobrarán a Rusia los leales bielorrusos, hartos de Lukashenko.

Sean cuales sean sus razones, el Kremlin muestra inseguridad sobre cómo actuar para resolver un problema concreto que afecta a sus ciudadanos cuando este problema ocurre en un territorio aliado o vinculado por una relación ventajosa.

Dos ejemplos internacionales resultan esclarecedores en este sentido. El primero es el de la población de Turkmenistán que tenía doble nacionalidad en virtud de un acuerdo de 1993 y que, en 2003, en un plazo récord, fue obligada a elegir entre la ciudadanía turcomana o la rusa, con el agravante de que si elegía la rusa perdía sus propiedades en el interior de aquel país centroasiático. En 2003 Gazprom firmó un contrato para la compra de casi todo el gas turcomano por 25 años e, interesada como estaba en aquel combustible, Moscú acabó por aceptar de hecho las condiciones del dictador Saparmurat Niyázov. El contrato con Gazprom fue revisado después, pero hasta hoy la situación de los rusos de Turkmenistán está a merced de las oscilaciones del mercado del gas.

Vladímir Putin había firmado la denuncia del acuerdo de doble nacionalidad con su colega turcomano, pero Rusia no lo denunció en su parlamento y siguió repartiendo pasaportes después de 2003. Desde entonces, quienes poseen el pasaporte ruso en Turkmenistán (tanto los que lo obtuvieron hasta 2003 como los que lo consiguieron después) viven sometidos a todo tipo de sobresaltos y requieren del pasaporte turcomano para abandonar el país. A las 40.000 personas que obtuvieron ciudadanía rusa hasta 2003 se les sumaron después otras 15.000, una décima parte de los potenciales solicitantes (incluidos armenios y tártaros), señalan fuentes rusas en Turkmenistán. Según estos medios, “el vergonzoso acuerdo de intercambio de “gas por gente” de 2003, se subordina totalmente a los intereses de Gazprom. Es una situación muy ilustrativa y muy cínica”.

Otro caso que demuestra los problemas del Kremlin por afirmar los intereses rusos en entornos amistosos se dio en Abjasia, la antigua autonomía de Georgia que Moscú reconoció como Estado en 2008. Según medios diplomáticos rusos, más de 40.000 personas rusas o ruso parlantes perdieron su vivienda en aquel territorio, en parte por los enfrentamientos bélicos de principio de la década de los noventa y en parte también porque después, a lo largo de muchos años, sus casas fueron ocupadas o robadas por otros habitantes locales (en su mayoría abjasios étnicos). Una parte de los rusos víctimas de las ocupaciones en Abjasia decidió defender sus intereses hasta el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo y puso en marcha la vía judicial. Las autoridades abjasias les dieran la razón y les reconocieran como víctimas de ocupaciones ilegales, pero no hicieron nada para devolverles sus viviendas, ni siquiera tras las repetidas intervenciones de Moscú, de cuya ayuda Abjasia es dependiente. En 2015, un pequeño grupo de cinco familias que no habían tirado la toalla y continuaban reclamando inútilmente la devolución de sus domicilios en Abjasia acabaron recibiendo vivienda, pero fue Rusia quien se la dio y en su territorio, cuando ni el curtido ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue capaz de conseguir que los abjasios dieran su brazo a torcer. “La Administración de Vladímir Putin hizo que nos dieran las viviendas que habían sido construidas para voluntarios en las olimpiadas de Invierno de Sochi (en 2014)”, dice una de las afortunadas con un alojamiento en Krasnaya Poliana.

Los problemas concretos de los rusos en Turkmenistán y en Abjasia han estado ligados, respectivamente, al negocio del gas y al deseo de no estropear las relaciones con un territorio clave para la presencia rusa en el mar Negro. “Esto ocurre porque las autoridades rusas identifican sus propios intereses de grupo con los intereses del Estado y los defienden frente a los intereses de la ciudadanía tanto en el interior de Rusia como en el extranjero”, afirma Svetlana Gánnushkina, dirigente de la ONG “Ayuda Cívica”, que ayudó al colectivo de víctimas de las ocupaciones de Abjasia a defender sus intereses en Rusia. Es el turno de Bielorrusia.