Condenada a 22 años de cárcel una exdiputada kurda de Turquía por pertenencia a organización terrorista
La sentencia contra la parlamentaria llega entre las promesas de Erdogan de una reforma de la Justicia y de respeto a los derechos humanos
![Una manifestación contra la detención de la diputada Leyla Güven el pasado junio, en Estambul.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/D6WXBTEQUBE6TNUQJ7OGQM42BE.jpg?auth=1932625c546348eadd1a412fba076eb50219a30ad4db8c1549df6495ede4a892&width=414)
![Andrés Mourenza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fd6901782-2f79-41c1-9897-03dec748d8c1.png?auth=ef0d437bdbaf779179d0997d6d506ac025dfadccb78c112de77e41059148213f&width=100&height=100&smart=true)
La exdiputada kurda Leyla Güven ha sido condenada este lunes a una pena de 22 años y tres meses de cárcel bajo las acusaciones de “pertenencia” y “apología” de banda terrorista, en este caso del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ataca a las fuerzas de seguridad turcas y comete atentados desde 1984 y está, por ello, incluido en las listas de organizaciones terroristas de Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos. La política había sido privada de su escaño en una polémica decisión parlamentaria el pasado junio junto a otros dos parlamentarios opositores, tras lo cual fue detenida y enviada a prisión por otra sentencia pendiente de ejecución, si bien quedó posteriormente en libertad. Ahora, se ha emitido una nueva orden de arresto en una sentencia que choca con las promesas sobre la reforma de la Justicia y el respeto de los derechos humanos hechas el mes pasado por el Gobierno con la intención de evitar sanciones duras por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para -junto a los cambios en la cúpula económica del país- recuperar la confianza de los inversores, que en los últimos años han retirado sus fondos de Turquía.
El tribunal ha incluido en su condena declaraciones de Güven que juzga como propaganda a favor del PKK. Además, consideró probada su vinculación con el grupo armado por ser ella copresidenta del Congreso de la Sociedad Democrática (DTK), una amplia estructura político-social del nacionalismo kurdo que aúna diversas organizaciones, incluido el izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), al que pertenece la ya exdiputada y que es el tercero mayor de Turquía en número de escaños. El Congreso defiende, de forma pacífica, el “confederalismo democrático” como solución al encaje de los kurdos en Turquía, así como otras ideas de Abdullah Öcalan, el fundador del PKK, encarcelado en una isla-prisión turca desde 1999.
De hecho, Güven saltó a la palestra el año pasado por su huelga de hambre para demandar el fin del aislamiento penitenciario de Öcalan, al que durante años se le han prohibido las visitas incluso de sus abogados. La huelga se extendió entre otros presos vinculados al nacionalismo kurdo mostrando el tirón que aún tiene la figura de Öcalan pese a su responsabilidad en la violenta lucha entre el PKK y las fuerzas de seguridad turcas (al mismo tiempo hay cientos de cargos altos, medios y bajos del HDP, incluidos sus líderes Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados con pruebas puestas en duda, pero nadie ha hecho huelga por ellos).
Numerosas organizaciones de derechos humanos, así como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, han criticado duramente la utilización que hace Turquía del delito de terrorismo, definido de una manera muy amplia y usado para perseguir a la oposición. El HDP ha reaccionado a la sentencia contra Güven calificándola de “nula y sin efecto”, fruto de la política represiva del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan contra el partido kurdo. De hecho, además de detener a cientos de miembros y simpatizantes del movimiento nacionalista kurdo, el Ejecutivo ha intervenido 59 de los 65 Ayuntamientos logrados por el HDP en las elecciones municipales de 2019.
En noviembre, el Ministerio de Justicia envió una circular advirtiendo a los jueces de que no se promocionaría a aquellos que aplicasen sentencias en contra los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hecho que llevó a algunos miembros del Gobierno a aventurar la posibilidad de excarcelación de presos como Demirtas, el filántropo y empresario Osman Kavala o el escritor Ahmet Altan, de los que Estrasburgo ha exigido su liberación por haberse violado sus derechos básicos durante el proceso judicial. Sin embargo, Erdogan dejó claro que en ningún momento serán liberados los “terroristas”.
Con todo, hay diversas opiniones en el seno del Ejecutivo sobre cómo proceder respecto a la cuestión kurda, ya que la apuesta por un discurso cada vez más nacionalista turco está mermando el apoyo que Erdogan siempre ha tenido entre los kurdos más conservadores. El socio menor de la coalición, el partido ultraderechista MHP, ha exigido que se ilegalice el partido kurdo HDP, pero el AKP -la formación de Erdogan- no es partidaria de ello. Es más, el canal estatal TRT Kurdî emitió esta semana una entrevista con Osman Öcalan, hermano del fundador del PKK, en la que aseguraba que recientemente mantuvo una “larga conversación” por teléfono con uno de los asesores del presidente turco.
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