Nueva Zelanda presenta 13 demandas por la muerte de 22 turistas que visitaban un volcán en erupción

El volcán Whakaari (Isla Blanca, como se le conoce más comúnmente en Nueva Zelanda), entró en erupción el 9 de diciembre del año pasado con una explosión de ceniza, gases tóxicos y rocas pulverizadas que superó los tres kilómetros de altura. En ese momento 47 personas se encontraban visitando el lugar, situado en la costa este de la Isla Norte, en uno de los populares recorridos donde los turistas podían llegar hasta el lago dentro del cráter humeante del volcán. La erupción provocó la muerte de 22 de ellos y causó heridas graves a los supervivientes, algunos de los cuales aún están recibiendo tratamiento por las quemaduras. Tras un año de pesquisas, el Ejecutivo ha presentado cargos este lunes contra los responsables de las visitas por no garantizar la seguridad.

La agencia de seguridad laboral del Gobierno de Nueva Zelanda, Worksafe, abrió una investigación pocos días después de la tragedia y este lunes ha anunciado que finalmente presenta cargos contra 13 de las partes (10 organizaciones y tres personas) implicadas en el incidente, por no cumplir con su responsabilidad de proteger a los trabajadores y a los visitantes del volcán. “Se trata de un suceso inesperado, pero esto no significa que fuera impredecible”, ha explicado en rueda de prensa el director ejecutivo de Worksafe, Phil Parkes. “Aquellos que visitaban la isla lo hacían con la razonable expectativa de que se habían establecido sistemas apropiados para garantizar que volverían a casa sanos y salvos”.

Las organizaciones que irán a juicio por incumplir la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se enfrentan a una multa de hasta 1,5 millones de dólares neozelandeses (unos 880.000 euros). Entre ellas, tal como se esperaba, se encuentran los propietarios de la isla, la compañía que ofrecía los tours y los dueños de helicópteros que llevaban a los turistas al volcán. Pero lo que ha causado más sorpresa es que entre los acusados se encuentran también dos agencias gubernamentales: GNS Science, que controla la actividad volcánica del país; y la Agencia Nacional de Control de Emergencias. GNS Science ha defendido su trabajo y a sus empleados al mismo tiempo que ha confirmado que cooperará con las autoridades en la investigación.

Tres semanas antes de la erupción, GNS Science detectó un cambio de actividad en Whakaari y revisó la escala de alerta de cuatro niveles para el volcán. Comunicó a los operadores turísticos y a la prensa local que la Isla Blanca ya no se encontraba en alerta 1 (actividad volcánica mínima), sino que se encontraba en el nivel 2: “Elevada agitación volcánica, con el potencial de erupciones volcánicas”.

La compañía que tenía el monopolio de los tours no canceló las visitas porque habían operado bajo nivel 2 en otras ocasiones sin que hubiera ocurrido nada. De hecho, a principios de mes se hizo pública una grabación inédita que pone de manifiesto hasta qué punto se aceptaba el riesgo incluido en las visitas. En el vídeo, recuperado del teléfono móvil de una de las víctimas, se oye decir a uno de los guías turísticos: “Cuanto más alto el nivel, más riesgo de erupción. Nivel 3 es una erupción”, explica a los turistas.

El proceso judicial para determinar si estas organizaciones y compañías fueron negligentes empezará con una vista previa el próximo 15 de diciembre. Algunos de los supervivientes ya han expresado su satisfacción ante el anuncio de Worksafe, ya que consideran que no se les informó debidamente del nivel de peligro al que se enfrentaban.

Nueva Zelanda es un destino turístico famoso por su oferta de actividades de naturaleza y deportes de riesgo, siendo el país donde se estrenó el primer bungee jumping (saltos desde un puente) en 1988. Seducidos por la misma adrenalina, cada año unos 10.000 turistas visitaban Whakaari, uno de los pocos volcanes activos en el mundo abiertos al turismo masivo y donde estaba permitido pasearse hasta el mismo cráter. Los tours del volcán se cancelaron indefinidamente después de la tragedia, y el Ministerio de Trabajo anunció la revisión de la ley que regula las actividades de aventura, con un foco especial en las que ocurren en entornos naturales de riesgo.