Un legado español a la identidad europea
La doble nacionalidad con Francia es un proceso de esperanza para superar los viejos nacionalismos
Decisión histórica, paso adelante en la identidad europea de España. El Gobierno ha adoptado, el martes 23 de noviembre, un convenio que abre la vía de la doble nacionalidad con Francia. España, paralizada por la tradición franquista, era el único de los grandes países europeos (Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia) que rechazaba esta posibilidad de emancipación a millares de ciudadanos que viven a los dos lados de los Pirineos, con lazos profundos con uno y otro país.
Con esta decisión se pone fin a una situación absurda e injusta sufrida por los españoles de Francia, en general arraigados desde el exilio tras el fin de la Guerra Civil, y particularmente por los descendientes de los republicanos españoles. Francia, por su parte, desde hace unas décadas, había aceptado una vía de hecho de la doble nacionalidad, por no exigir a los españoles (como a casi todos los europeos) la renuncia de su nacionalidad al apostar por la francesa.
Tras largos trámites llevados a cabo por el Ministerio de Justicia español, bajo la batuta de la exministra Dolores Delgado y la diligencia de altos funcionarios —Cristina Latorre y el embajador en París, José Manuel Albares—, el convenio ha sido finalmente sellado por los mandatarios Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. No es necesario subrayar aquí la importancia tanto económica como cultural y humana de esta decisión para ambos países. Es, ante todo, un paso adelante en la identidad europea de España, pues solo países latinoamericanos, o Filipinas, podían aspirar, como legado de la época imperial española, al estatuto de la doble pertenencia, mientras que el movimiento de transnacionalización europeo avanzaba lenta pero irreversiblemente desde los años noventa. Los estatutos de doble nacionalidad se están extendiendo entre europeos por razones profesionales, así como por el proceso de fabricación (palabra muy adecuada en este caso) de una ciudadanía europea compartida, que se añade —no reemplaza— a la nacionalidad propia.
Es un proceso lleno de esperanza para la forja de una identidad común capaz de superar los viejos nacionalismos y para abrir la senda a la construcción de la interculturalidad europea. En este sentido, conjuntamente con las últimas orientaciones europeas basadas en la solidaridad económica frente a la pandemia, esta decisión, que merece ser extendida a otros países europeos, es una contribución esencial, por parte del Gobierno de España hacia la Europa de los ciudadanos tan anhelada.
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