El Gobierno griego inicia el internamiento obligatorio de los migrantes de Lesbos
Los 13.000 migrantes que se quedaron sin refugio tras un incendio en el campo de Moria temen ahora por las condiciones y la libertad de movimiento en las nuevas instalaciones
La policía griega inició el jueves el operativo de desalojo de los asentamientos de solicitantes de asilo en la isla de Lesbos. En una operación “sin fuerza y con persuasión”, según un portavoz del Ministerio de Migración griego, un tercio de los 13.000 solicitantes de asilo fueron internados en el nuevo campo que gestiona el Gobierno con la asistencia de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Largas colas se organizaban en los accesos de este campo para que las personas que ingresaran, fueran registradas y sometidas a las pruebas de detección de posibles infectados de la covid-19. El contraste era grande respecto a los días previos, cuando los migrantes se trasladaban voluntariamente, pero en cuentagotas, al centro de acogida. Las autoridades griegas han levantado las nuevas instalaciones en un tiempo récord tras los incendios que la semana pasada arrasaron con el campo de refugiados de Moria. El Ministerio de Migración informó que tenía previsto que el campo acogiera a finales de la jornada a 5.000 de los solicitantes de asilo.
Las obras de ampliación del campamento continuarán en los próximos días hasta tener capacidad para las 13.000 personas que todavía reclaman un espacio. Una familia de internos en el campo relataban por teléfono a última hora de este jueves que no había suficientes tiendas para todo el mundo y se disponían a pasar la noche al raso dentro del campamento. Por su lado, Acnur matiza que pueden producirse retrasos en el alojamiento de los refugiados, pero que hay tiendas para todos los inscritos en el centro.
El nuevo espacio atenderá a los migrantes se encuentra en la playa de Kara Tepe, un antiguo enclave militar colindante con Mitilene, la capital de Lesbos. La aversión generalizada entre los solicitantes de asilo para acudir al nuevo campo se debe el miedo a ingresar en lo que entienden que es una suerte de prisión. El Gobierno ha establecido por lo menos dos semanas de cuarentena por el coronavirus cuando toda la población esté internada, un periodo que muchos refugiados creían que se extendería de forma indefinida. El Ministerio de Migración asegura que tras el confinamiento sanitario, la población interna podrá salir del campo en los horarios establecidos, pero nunca por la noche, para evitar conflictos con la población local y con la extrema derecha, según la explicación oficial.
Otras limitaciones actuales del campo que han disuadido a los solicitantes de asilo son la falta de electricidad y de agua para lavarse. Las previsiones de las autoridades es instalar el suministro de electricidad mediante generadores y los depósitos de agua. Las ONG establecidas en la zona recomiendan a los refugiados que se presenten en el centro de acogida oficial porque es la manera de estar registrados para continuar con el proceso de asilo o, para los que ya cuentan con él, poder formar parte de los cupos de reubicación hacia otros puertos de Grecia y otros países de la Unión Europa. De los grandes Estados miembros de la UE, solo Alemania se ha comprometido con acoger a un número significativo de refugiados, unos 1.500.
La policía impedía sobre el acceso de ONG y medios de comunicación al principal asentamiento de migrantes, en una zona de polígonos, con un supermercado como epicentro del desplazamiento. La razón era que estaba en marcha un operativo humanitario y era prioritario evitar contagios de la covid-19 cerca de una población sobre la que planea la amenaza de brotes que empeoren todavía más su precaria situación. Pese a la prohibición de acceder a la zona del operativo, las autoridades eran permisivas si los periodistas entraban en la zona por senderos rurales. Una vez dentro, la situación a partir de la tarde era tranquila y las ONG podían repartir alimentos o atender a enfermos.
Los migrantes entrevistados por este diario, procedentes de Afganistán, Congo y Somalia, coincidían en que, contra lo previsto, la policía no había actuado con el uso de la fuerza. Los antidisturbios griegos lanzaron el pasado sábado gases lacrimógenos y cargaron contra migrantes que querían abandonar la zona en dirección a Mitilene. Las autoridades sí controlaban con esmero el movimiento de los que no habían acudido al nuevo campo, para evitar que salieran del perímetro controlado por la policía en dirección a núcleos urbanos vecinos.
Zakir Hussein, un joven afgano que llegó a Lesbos a principios de 2020, explicaba que no tenía intención de abandonar el lugar donde pernoctaba, en la entrada de una gasolinera, hasta que no fuera imprescindible. Hussein y su mujer tenían sus pertenencias empaquetadas en unas pocas bolsas porque la policía les indicó que tenían hasta este viernes para salir en dirección al nuevo campo del Gobierno. El portavoz del Ministerio de Migración en Lesbos comentó que no había una fecha concreta para finalizar el traslado, y concedía que el problema podía producirse al final, cuando quedaran los migrantes más reacios, pese a la persuasión, a moverse del lugar donde se encuentran acampados.
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