La UE se replantea su futuro tras la sacudida del Brexit y la pandemia

La UE tiene previsto iniciar este otoño un ejercicio de introspección sin precedentes, tanto por la envergadura del proyecto como por el dramático escenario sanitario, social y económico en el que se va a producir. La llamada Conferencia sobre el Futuro de Europa, pospuesta como tantas iniciativas por culpa de la covid-19 y que ahora gana relevancia a raíz precisamente de la emergencia sanitaria, arrancará en medio de la mayor pandemia sufrida por el Viejo Continente en los últimos 100 años. El objetivo es abrir un gran espacio de debate a largo plazo, de hasta dos años, en el que participen políticos, expertos y ciudadanos de a pie, con temas posibles sobre la mesa como las listas transnacionales en las elecciones al Parlamento Europeo y la creación de un Tesoro comunitario.

La Comisión Europea, la Eurocámara y la presidencia alemana de la UE negocian ya una declaración conjunta para poner en marcha, en septiembre u octubre, las deliberaciones para una gran transformación del club comunitario. El objetivo de la vasta operación de consulta, deliberación y propuesta de reforma, es adaptar la UE a un escenario marcado por su primera escisión (Brexit), por los desafíos globales como el cambio climático o las pandemias y por una inestabilidad mundial que afecta particularmente a las inmediaciones del continente (Rusia y Turquía, Oriente Próximo, el Magreb o el Sahel).

“Ahora más que nunca debemos ofrecer a los ciudadanos de todos los rincones de la UE y de cualquier condición un espacio para un debate abierto, inclusivo, transparente y estructurado sobre los asuntos europeos que consideren importantes”, señala a EL PAÍS la croata Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión Europea y máxima responsable dentro del organismo comunitario de la puesta en marcha de la Conferencia. Šuica, del Partido Popular Europeo, señala que “la conferencia se basará en una combinación de eventos presenciales, digitales e híbridos”. Y la novedosa logística incluirá “una plataforma digital paneuropea y multilingüe que facilitará el acceso a la Conferencia y permitirá maximizar la participación de los ciudadanos y la aportación de propuestas y datos destinados al análisis”.

Bruselas prevé que la conferencia se prolongue durante casi dos años (hasta 2022), con una primera etapa destinada, en principio, a las medidas necesarias a corto plazo porque afectarían a las elecciones europeas de 2024, como la posible introducción de listas transnacionales y la clarificación del proceso (el llamado spitzenkandidat) para elegir a la presidencia de la Comisión Europea.

Los cambios a medio y largo plazo tendrían mucho más alcance. Y en función de la voluntad política que se movilice, podrían alcanzar el salto a una política económica y fiscal común o compartida, la incorporación de un protocolo de derechos sociales o la creación de un ministerio europeo de Exteriores.

El ambicioso ejercicio de renovación no está exento de riegos políticos, como ya se comprobó con el precedente de la convención puesta en marcha en 2002. Aquella iniciativa cogió tanto vuelo que desembocó en un proyecto de Constitución europea. Pero el costalazo de 2005, con los referendos en contra del salto constitucional en Francia y Países Bajos, obligó a rebajar la ambición y a conformarse con un tratado al uso, firmado en Lisboa en 2007. Algunas capitales aún no han olvidado el batacazo.

Trauma

“Es verdad que existe un trauma, pero con un mundo radicalmente distinto, no podemos seguir prisioneros del trauma francés de 2005”, opina el eurodiputado Doménec Ruiz Devesa, portavoz de los socialistas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento. Ruiz Devesa, uno de los representantes de su grupo para la conferencia, dice que, en cualquier caso, “la convención no fue una mala experiencia en sí misma, produjo un texto muy bueno, con participación de los parlamentos nacionales y de la sociedad civil, que acabó siendo el actual Tratado de Lisboa”.

El actual tratado redujo sustancialmente el derecho de veto de las capitales, imponiendo o ampliando el voto por mayoría cualificada en 68 áreas, según el recuento del Parlamento Europeo. Fue la base además para la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, un gran paso aunque incompleto hacia una verdadera política exterior común.

Pero una década después de su entrada en vigor, el tratado acusa carencias, como la ausencia de cualquier alusión a la lucha contra el cambio climático o la falta de un poderoso pilar de derechos sociales. La UE también ha sufrido desde la entrada en vigor de Lisboa una cadena de crisis (financiera, de deuda, migratoria, Brexit, sanitaria) tan fuertes y consecutivas que han minado la confianza mutua entre los socios y han llegado, en algún momento, a poner en duda la viabilidad a medio plazo del proyecto europeo.

Las sacudidas se han visto ampliadas por el impacto en la opinión pública de unas campañas de desinformación e intoxicación de una intensidad desconocida hasta ahora y alimentadas en ocasiones desde rivales geoestratégicos como Rusia o China.

Pero la UE ha resistido contra viento y marea. Y tras el fiasco de la crisis del euro, supo responder con unidad a la salida del Reino Unido, que el 31 de diciembre se descolgará por completo del club. Y los primeros compases ante la pandemia, marcados por la descoordinación y falta de solidaridad, dejaron paso rápidamente a un histórico acuerdo para financiar con deuda común un fondo de recuperación de hasta 750.000 millones de euros.

Federico Fabbrini, director del Instituto Brexit en la Dublin City University, cree que el acuerdo sobre el fondo “ha demostrado que la UE es capaz de reaccionar en momentos de crisis”. Y añade que ese salto hacia el endeudamiento compartido y gestionado por la Comisión “requerirá necesariamente reformas constitucionales para respaldar esos nuevos poderes con los ajustes institucionales adecuados”. Ruiz Devesa coincide en que ha habido “un gran avance federal, que debe hacerse permanente y no es concebible que los Gobiernos decidan en exclusiva”.