Túnez se prepara para estrenar su noveno Gobierno desde la revolución de 2011

La escena que tuvo lugar en el Palacio de Cartago el pasado 26 de julio debió resultar familiar para muchos tunecinos. El presidente de la República, Kais Saied, designaba a un flamante jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, con el encargo de convertir la lucha contra la corrupción en una de las prioridades del nuevo Gabinete, que deberá formar durante las próximas dos semanas y recibir la aprobación del Parlamento. Sus ocho predecesores nombrados desde la revolución de 2011 han fracasado en su cometido. Sin embargo, tanto el presidente como Mechichi, ministro del Interior en el Gabinete cesado, poseen una identidad política que los distingue del resto.

La corrupción se ha convertido en un mal endémico que corroe al Estado tunecino desde hace décadas. Este ya fue uno de los principales acicates de la revuelta que depuso al dictador Ben Alí, un cleptócrata sin más ideología que el enriquecimiento personal.

“La revolución no puso fin a este sistema, sino que lo invirtió y multiplicó. Sin el control del clan de los Trabelsi [la esposa de Ben Alí], los intermediarios han ganado autonomía y los circuitos para obtener favores se han diversificado y se hacen la competencia”, escribe en Orient XXI el periodista de investigación Thierry Bresillon. Es un fenómeno conocido aquí como “la democratización de la corrupción”. Según el índice elaborado por la ONG Transparencia Internacional, el país magrebí ocupa el 74º puesto en el ranking mundial de corrupción, y un 18% de los ciudadanos confiesa haber tenido que pagar alguna “mordida” a un funcionario en el último año.

“Durante años, la capacidad de la Instancia Nacional para la Lucha Contra la Corrupción ha sido limitada, no disponía de los recursos suficientes. Una de las razones es que los empresarios corruptos empezaron a financiar a los partidos políticos para poder mantener sus posiciones de privilegio”, sostiene el analista político Bechir Juini. Al igual que otros observadores, Juini considera que el Gobierno anterior, caído el 16 de julio, es el que se ha tomado más en serio la lucha contra la corrupción. Y esa podría ser una de las razones de su corta duración, apenas cinco meses.

Entre los partidos que formaban la coalición, figuraba la Corriente Democrática, que desde su creación situó la lucha contra el fraude en el centro de su programa político. Su líder, Mohamed Abbu, un opositor histórico a Ben Alí, fue nombrado ministro de la Función Pública, y el número dos, Ghazi Chauachi, ministro de la Propiedad Estatal, dos posiciones clave en la supervisión de la Administración. El resultado fue que, en los cinco meses de vida del Gobierno, se iniciaron procesos judiciales por corrupción contra más de una veintena de funcionarios, incluidos algunos altos cargos, como el antiguo director general de carreteras.

Tráfico de influencias

No obstante, la caída del Gobierno vino provocada, paradójicamente, por un escándalo de presunto tráfico de influencias. El jefe de Gobierno, Elias Fajfaj, de perfil tecnócrata aunque preside un pequeño partido, poseía el 20% de las acciones de una compañía que ganó en abril un concurso público de gestión de residuos por valor de 14 millones de euros. Aunque no existe ninguna prueba de que Fajfaj interviniera para favorecer a su empresa, tras un mes de polémicas y habiendo perdido el apoyo de los islamistas moderados de Ennahda, Fajfaj tiró la toalla y dimitió.

Además, las relaciones entre Ennahda, el partido más votado en las últimas elecciones, y el presidente Said se habían deteriorado después de que no nominara a su candidato como primer ministro, el enésimo conflicto entre la presidencia y los partidos en un país con un sistema político semi-presidencialista, muy parecido al francés, y que se ha convertido en una fuente inagotable de rencillas partidistas e inestabilidad.

El futuro de Mechichi es incierto ya que Ennahda y sus aliados podrían bloquear la aprobación del nuevo Ejecutivo en el Parlamento. Ello llevaría probablemente a comicios anticipados, y no está claro que les favorezca. Chawki Tabib, el carismático presidente del organismo anticorrupción, ha bendecido la designación de Mechichi y ha declarado que “este Gobierno será el de la lucha eficaz contra la corrupción”.

Mechichi, un tecnócrata que ha ocupado varios puestos en la Administración, contará con el firme apoyo del presidente Said, un político íntegro y heterodoxo, con un elevado índice de popularidad después de haber obtenido una victoria abrumadora en las elecciones del año pasado.