El coronavirus se desboca en una de las regiones más vulnerables de Bolivia

Colapso sanitario. Lo que los bolivianos querían evitar con un confinamiento que ya cumple dos meses se ha producido de todas maneras en una de las regiones más grandes del país: el Departamento de Beni, al noreste. Su gobernador, Fanor Amapo, ha declarado estado de “desastre” y ha solicitado la ayuda nacional e internacional. La situación de la capital, Trinidad, ha despertado el fantasma de otros territorios de Latinoamérica severamente golpeados por la pandemia, como la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Esta emergencia se da mientras el Gobierno interino todavía está noqueado por un escándalo de corrupción en el Ministerio de Salud.

La ciudad de Trinidad, capital de Beni, tiene algo más de 100.000 habitantes. Es una de las capitales departamentales más pequeñas de Bolivia. Al mismo tiempo, es la segunda, después de Santa Cruz de la Sierra, con más casos confirmados de la covid-19: 858 hasta este viernes. Pero se teme que esa cifra no llegue “ni a la sombra de lo que realmente está sucediendo”, ha denunciado la prensa local. La dificultad de acceso a las pruebas y la tendencia de los enfermos a quedarse en casa en lugar de presentarse en unos hospitales colapsados y arriesgarse a morir lejos de sus parientes impiden cuantificar con precisión la magnitud del daño que está causando la pandemia en Trinidad.

Hay indicios preocupantes. El número oficial de decesos por la covid-19 en Beni es 57, pero en el cementerio reservado para las víctimas de esta enfermedad en la capital ya se han enterrado a más de 100. Además, se reportan varios fallecimientos en domicilios y escasez de ataúdes y de personal para proceder a los entierros. “Hay varios que mueren en sus domicilios. La gente está en sus casas con mates [infusiones], eucaliptos [nebulizadores], pero en dos o tres días el malestar se convierte en neumonía”, explicó Ronald Gutiérrez, director del Centro Centinela de Trinidad al periódico Página Siete, de La Paz.

Otra medicina de la que echan mano los habitantes de la región es la ivermectina, una sustancia que sirve para desparasitar, y que se solía usar regularmente en Beni, como en otras regiones ganaderas del país. El Gobierno boliviano la autorizó como remedio experimental para la covid-19, después de conocer algunos estudios realizados en Perú que le atribuían la capacidad de disminuir la carga viral en los enfermos. La gran diferencia de la ivermectina respecto a los otros remedios experimentales que se están usando en diferentes partes del mundo contra el virus es su bajo precio; no obstante, los científicos debaten sobre su eficacia y la dosis que debe administrarse, además de que existen problemas de automedicación “preventiva”.

Beni tiene el segundo PIB más pequeño de Bolivia. No cuenta con suficientes hospitales y médicos para enfrentar la crisis. Además, más de 80 doctores y 25 enfermeros se reportaron contagiados. Un grupo de voluntarios llegó de La Paz para reforzar al personal sanitario de la zona. Este grupo encontró que los centros de salud estaban colapsados, faltaban equipos e insumos y los que había no estaban siendo bien usados, lo que explicaba que hubiera tantos casos entre los trabajadores del sector. La principal carencia en Beni, como en el resto del país, es la de respiradores: la decena que se ha instalado ya está ocupada y los pacientes críticos solo reciben la ayuda de bombonas de oxígeno.

La compra de más respiradores era una de las principales promesas del Gobierno interino de Jeanine Áñez a los bolivianos. Esta acción recibió un duro golpe hace unos días, pues estalló un grave escándalo de corrupción que llevó a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de otros funcionarios de este Ministerio. Todos ellos estuvieron involucrados en la compra, a través de intermediarios, de 170 respiradores experimentales de la firma española GPA Innova. Las investigaciones de la Fiscalía desvelan una trama en la que participaron funcionarios y hombres de negocios relacionados con el actual Gobierno y también con el anterior. Hasta ahora ha trascendido que tres intermediarios, una empresa española y dos empresarios bolivianos, inflaron el precio de fábrica de cada respirador, que según confirmó ayer el gerente de GPA Innova, Pau Sarsaneda, a través de Twitter, era de 7.200 dólares. Por esta operación, los aparatos terminaron costando algo menos de 28.000 dólares en el contrato de compra. El valor total del contrato fue de 4,7 millones de dólares, de los cuales se pagaron dos millones con dinero que le había prestado a Bolivia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por este motivo, el personal local de esta institución también se encuentra bajo investigación.

Luego del escándalo, las organizaciones opositoras al Gobierno han pedido que Áñez renuncie a su aspiración de presentarse a las próximas elecciones presidenciales, que fueron postergadas por la emergencia sanitaria. La presidenta no ha respondido a la oposición. En cambio, prometió que investigará el caso de sobreprecio “caiga quien caiga”, que hará devolver el “dinero robado” y que introducirá mecanismos para que el público supervise la corrección de las compras estatales.

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