Singapur condena a muerte por videoconferencia a un narcotraficante

Singapur se caracteriza por la extrema severidad de sus castigos, sin exenciones en época de pandemia. Ante la imposibilidad de celebrar vistas con público en un tribunal, debido a las medidas de distanciamiento social que establece el semicierre impuesto en la ciudad-Estado hace casi dos meses a causa de la pandemia de la covid-19, un juez ha comunicado la condena a muerte a un preso a través de videoconferencia. Se trata de la primera vez que se recurre a la tecnología para algo así en la isla, uno de los pocos países del mundo que aún imponen la pena capital –en su caso, a través de la horca– por narcotráfico.

Punithan Genasan, un ciudadano malasio de 37 años, se enteró de que su destino era el patíbulo por medio de Zoom, la plataforma digital estadounidense de videoconferencias, el pasado 15 de mayo. El condenado fue declarado culpable de ser cómplice en el tráfico de al menos 28,5 gramos de heroína al actuar como mediador entre dos narcotraficantes en 2011, apunta el diario Straits Times. La isla fija en 15 gramos de heroína para importar o exportar el mínimo para aplicar la pena capital, y en 500 gramos si se trata de marihuana.

Su abogado, Peter Fernando, aseguró que no objetó el modo decidido para comunicar el veredicto porque no había posibilidad de réplica. No obstante, asegura que se plantean apelarla, ya que Genasan niega cualquier conexión con los traficantes. Por su parte, los otros implicados, de apellido Shanmugam y Suief, fueron condenados en 2015 a cadena perpetua y 15 latigazos, en el caso del primero; y pena de muerte, en el del segundo.

Desde que el Gobierno isleño impuso un semicierre nacional a comienzos de abril ante los crecientes casos de coronavirus (cerca de 30.000 actualmente), la gran mayoría de las audiencias judiciales se han pospuesto hasta al menos el 1 de junio, cuando el país comenzará la reapertura en varias fases. Pero en el caso de Genasan no hubo demora. “Por la seguridad de todos los implicados en la vista, se condujo por videoconferencia”, aseguró un portavoz del Tribunal Supremo isleño a la agencia Reuters.

Aunque el uso de plataformas de videoconferencia se ha extendido en muchos sectores, también el judicial, debido a las medidas de confinamiento impuestas en buena parte del mundo, se trata de la primera vez que una condena de muerte se comunica por esta vía en Singapur. La isla no es el primer país en hacerlo: a comienzos de mayo, un hombre fue condenado a muerte en Nigeria a través de Zoom por asesinar a la madre de su jefe, según la BBC.

La noticia ha recibido críticas por parte de numerosas organizaciones. Phil Robertson, subdirector para Human Rights Watch (HRW) en Asia, subrayó en un comunicado que, si el empleo de la pena de muerte en Singapur es “inherentemente cruel e inhumano, el uso de tecnología remota para sentenciar a un hombre a muerte lo hace aún más condenable”.

“Este caso es otro recordatorio de que Singapur continúa desafiando la ley internacional imponiendo la pena de muerte por narcotráfico como castigo”, denuncia por su parte Chiara Sangiorgio, de Amnistía Internacional (AI). “Esto debe terminar ya. Singapur es solo uno de los cuatro países que todavía ejecutan a personas por ofensas relacionadas con drogas (…) En un momento en el que la atención global se centra en salvar y proteger vidas en plena pandemia, la aplicación de la pena de muerte es aún más abominable”, añade.

La pena de muerte dejó de ser obligatoria en Singapur en 2013 para los casos en los que se demuestra que el acusado ejercía únicamente de “correo” de la droga y, de ser así, coopera con la Justicia o padece una discapacidad mental. Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que la decisión sigue en manos de la Fiscalía y no de los jueces.

Control de la información

La información sobre las ejecuciones en Singapur, país que ejerce un férreo control sobre la prensa local, es muy escasa y muchas no son anunciadas, según organizaciones como Second Chances (Segundas Oportunidades). Las familias de los condenados son informadas apenas días antes de que se lleven a cabo, normalmente los viernes al alba y mediante la horca, según dicta la normativa singapurense.

Aunque el próspero país también contempla el castigo capital por asesinato y contrabando de armas, las ejecuciones son más frecuentes en casos de tráfico de drogas. En 2013, de las 18 personas que fueron ejecutadas –la cifra más alta en dos décadas, con cuatro registradas el pasado año–, 11 habían sido condenadas por narcotráfico. Pese a la cultura de tolerancia cero hacia las drogas, según estadísticas del Gobierno isleño el número de consumidores de estupefacientes prácticamente se duplicó entre 2003 y 2016.