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El Gobierno escocés exige a Johnson que prorrogue el Brexit durante dos años

Edimburgo considera una “temeridad” la desconexión de la UE, prevista para diciembre, en medio de la crisis del coronavirus

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aplaude al personal sanitario, el 16 de abril de 2020 en Edimburgo.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aplaude al personal sanitario, el 16 de abril de 2020 en Edimburgo.JEFF J MITCHELL (AFP)
Rafa de Miguel

El Gobierno autónomo de Escocia ha pedido este lunes al primer ministro británico, Boris Johnson, que solicite a la Unión Europea una ampliación del periodo de transición, que finaliza el 31 de diciembre. Es el único modo, asegura Edimburgo, de evitar un incremento innecesario de la pérdida de empleos y del deterioro económico que ya ha comenzado a provocar la pandemia del coronavirus. “En vez de la temeraria decisión de seguir impulsando un Brexit duro en medio de esta crisis sin precedentes, el Gobierno del Reino Unido debería pedir hoy mismo a la UE la prórroga máxima de dos años del periodo de transición (...) Las ventajas de una acción europea coordinada nunca han sido tan claras como en estos momentos”, ha dicho Michael Russell, el ministro para Asuntos Constitucionales escocés.

Russell ha pedido a Downing Street que convoque una reunión urgente, a través de videoconferencia, del comité ministerial de las cuatro naciones del Reino Unido (Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte) que analiza las negociaciones con la UE, que lleva sin reunirse desde el pasado mes de enero. “La economía escocesa no se puede permitir el doble impacto de la covid-19 y de la posibilidad cada vez más cierta de un Brexit sin acuerdo, o de un Brexit duro, en menos de nueve meses”, ha advertido el político escocés.

“Seguimos plenamente comprometidos con las negociaciones y la segunda ronda ha comenzado por videoconferencia esta misma semana. El periodo de transición concluirá el 31 de diciembre de 2020, como marca la ley, y como ya ha expresado su voluntad de que no haya cambios el primer ministro”, ha respondido un portavoz de Downing Street.

El Gobierno de Johnson se ha negado desde un principio a considerar una posible extensión del periodo de transición, a pesar de las múltiples voces que reclaman una tregua con Bruselas. De hecho, los dos negociadores principales, David Frost (el Reino Unido) y Michel Barnier (Unión Europea), han reanudado la semana pasada sus contactos y establecido un nuevo calendario de reuniones, después de que el estallido de la pandemia paralizara cualquier avance. Hace semanas, Barnier dio positivo del coronavirus, y Frost tuvo que aislarse después de presentar síntomas de la enfermedad. “Necesitamos un progreso real y tangible de las negociaciones antes de junio. Debemos avanzar en todas las áreas”, escribió el negociador europeo en su cuenta de la red social Twitter.

Los euroescépticos han presionado a Johnson desde el momento en que surgieron las dudas sobre la conveniencia de impulsar una desconexión completa con la UE en medio de la crisis. No solo por el hecho de que el Gobierno británico dedica todos sus recursos a combatir los estragos sanitarios y económicos del coronavirus, sino porque cualquier traba (en forma de controles y aranceles) a las relaciones comerciales en una situación de decrecimiento económico sería, a ojos de muchos expertos, poner palos en las ruedas del Reino Unido.

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El Gobierno de Johnson dispone de tiempo hasta finales de junio para solicitar, por una sola vez, la extensión del periodo de transición, por un máximo de dos años. Downing Street busca una relación con la UE similar a la que ahora tiene Canadá, y se resiste a aceptar un mayor alineamiento con las normas laborales, medioambientales, de protección de los consumidores o de límite a las ayudas de Estado que persigue Bruselas.



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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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