Sin Estado cuando más falta hace

Agencias de la ONU y ONG alertan de la vulnerabilidad de los apátridas ante la crisis del coronavirus

Vendedores sobre un puente en un campo de refugiados rohingya en Bangladés, el 23 de enero pasado.
Vendedores sobre un puente en un campo de refugiados rohingya en Bangladés, el 23 de enero pasado.Allison Joyce / EL PAÍS

En el largo listado de olvidados del planeta, para quienes el aislamiento por el coronavirus es más una cuestión de supervivencia que de aburrimiento, varios millones ni siquiera tienen un Estado al que pedir ayuda. Son los apátridas, personas que –por diferentes carambolas legales o prácticas discriminatorias– carecen de nacionalidad y viven generalmente en los márgenes, sin acceso a sanidad, vivienda o trabajo legal. La suerte ante la pandemia de un colectivo tan vulnerable como disperso, mayoritariamente en África y Asia, ha llevado a agencias de la ONU y a ONG a encender la luz de alarma. Por un lado, para pedir a los Estados que no dejen atrás a quienes carecen de nacionalidad, particularmente expuestos a la disyuntiva entre hambre o virus. Por otro, para advertir de que prevenir la expansión de la Covid-19 entre los ciudadanos de un país sin preocuparse de que se extienda entre las bolsas de apátridas supone dispararse en el pie.

“En muchos países, los apátridas, o no tienen acceso a la sanidad o es demasiado cara para ellos”, explica Melanie Khanna, responsable de la sección de Apatridia de ACNUR, la agencia de la ONU que sigue el tema. No es solamente la capacidad de recibir ayuda o pagarla si se cree tener coronavirus, es también el miedo a salir a la luz, a acudir a un centro médico u organismo oficial donde les pidan una documentación de la que carecen. “En un campo de refugiados se pueden hacer test, pero los apátridas no saldrán a hacérselos por temor a ser detenidos por falta de papeles”, agrega. Malasia, por ejemplo, ha anunciado que no arrestará ni cobrará la “tasa de extranjero” a los apátridas que acudan a los centros médicos con motivo de la pandemia.

La brecha entre la mayoría de la población y los apátridas, refugiados o migrantes en situación irregular se agranda en momentos como estos, en los que apelaciones como “quédate en casa” solo tienen sentido en algunos contextos. “Tienen un mayor riesgo potencial de contraer enfermedades, incluyendo la Covid-19, porque suelen vivir en sitios superpoblados, sin acceso a saneamientos básicos”, apunta Tarik Jasarevic, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Grandes ciudades, por lo general; a menudo en poblados chabolistas u otro tipo de asentamientos, con trabajos en negro de los que dependen para subsistir día a día y retos como obtener agua y jabón o comprender la lengua en la que se comunican las recomendaciones sanitarias. “Los Estados no siempre saben dónde están. Son invisibles para los Estados, pero no para el virus”, lamenta Joshua Castellano, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Minority Rights Group International, con sede en Londres.

También los refugiados atraviesan estos días una situación terrible, pero al menos cuentan con un documento que les permite recibir atención médica y en su mayoría están en campos, en condiciones duras pero con ciertas infraestructuras básicas, señala Khanna. O los inmigrantes en situación irregular: también “invisibles”, pero con la nacionalidad de un Estado que al menos teóricamente puede ayudarlos. Bastantes residen, además, en Estados desarrollados, algunos de los cuales dan atención médica a sin papeles. La situación de los apátridas es particularmente frágil, lo que a su vez fragiliza a todos. “Cuando los recursos están al límite, es casi normal, que no comprensible, que se centren en las personas registradas. Pero si no se tiene en cuenta a quienes no lo están, es difícil luchar contra el virus. Si dejas a alguien atrás, estás dejando a todos atrás. Es también una cuestión de pragmatismo”, señala Castellino.

Los apátridas lo son porque ningún Estado los reconoce como nacional propio. La casuística es variada. Por ejemplo, conflictos legales, como cuando un niño nace en un país que otorga la nacionalidad únicamente por descendencia, pero el país de los padres solo se la da a quien nace en su territorio. O porque las autoridades revocan la nacionalidad por discriminación étnica o religiosa. O por descender de padres apátridas, no haber sido registrado al nacer o haber sido víctima de un movimiento forzoso de población. Son los casos de los rohingyas de Myanmar (que, además de apátridas, son refugiados), de descendientes de migrantes en Costa de Marfil, de los bidún en Kuwait, de romaníes en Europa, de minorías étnicas en Tailandia, de decenas de miles de kurdos en Siria... “No tienen por qué tener una situación de persecución, sino una privación de derechos derivada de que no se les reconoce una nacionalidad”, matiza Francisco Ortiz, oficial de Protección de ACNUR en España. “Y ese no reconocimiento les impide a acceder a muchos derechos: no se pueden casar, ni tener propiedades, ni ir a la escuela, ni a un sistema público de salud, dependiendo de los países”. Los cálculos oscilan entre 10 y 15 millones de personas, pero las organizaciones insisten en que, precisamente porque los Estados no los contabilizan, resulta imposible determinar su número.

Además de la afirmación genérica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, hay dos protocolos específicos sobre la apatridia: uno de 1954 y otro, de reducción de los casos, de 1961. “El problema”, explica Montserrat Abad, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, “es que el primero tiene solo 94 Estados parte y el segundo, 75”. Es decir, menos de la mitad de los Estados miembro de Naciones Unidas. En 2014, ACNUR lanzó la campaña IBelong (Yo pertenezco, en inglés) con el objetivo de acabar con la apatridia para 2024. Aunque es casi imposible que se logre, varios países han ratificado los convenios en los últimos años y Kirguistán se convirtió en 2019 en el primer país en acabar con la apatridia.

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Con información de Erika Rosete.


Los apátridas en el mundo

Myanmar/Bangladés: En 1982, Myanmar, de mayoría budista, aprobó una ley de ciudadanía que convirtió en apátridas a la mayoría de los rohingyas, musulmanes que descienden del sur de Asia. Huyendo de lo que la ONU ha calificado de “intento de genocidio”, muchos abandonaron el país. Hoy hay cientos de miles en Myanmar y alrededor de 900.000 en la vecina Bangladés. Además de apátridas, son refugiados.

Costa de Marfil: Hay 692.000 apátridas, descendientes de migrantes de países vecinos que durante el siglo XX fueron a trabajar a las plantaciones de café y algodón.

Tailandia: Unas 479.000 personas son apátridas, en su mayoría miembros de minorías étnicas como los Yao, Hmong y Karen, que viven en la montañosa zona fronteriza con Myanmar y Laos. También los seminómadas moken, conocidos como los gitanos del mar, en el mar de Andaman.

Estonia y Letonia: Al disolverse la URSS, muchos rusos étnicos permanecieron en los nuevos Estados bálticos y quedaron definidos como “no ciudadanos”. En Letonia, se cuentan casi 221.000 apátridas y, en Estonia, 78.000.

Siria: Antes del inicio en 2011 de la guerra civil en el país, había aproximadamente 300.000 apátridas. Kurdos del noreste a los que se privó de nacionalidad en 1962 en un esfuerzo por arabizar la región. Los datos actuales de la ONU sugieren que el número ha caído a 160.000, pero puede deberse en parte a que muchos han huido de la guerra. Sus descendientes en los campos de refugiados en Líbano y Jordania podrían acabar siendo apátridas.

Kuwait: Hay cerca de 92.000 apátridas en el país, según los datos de Naciones Unidas, aunque otras estimaciones apuntan a un número superior. Se les conoce como bidún, que es la abreviatura de “bidún yinsiya” (sin nacionalidad, en árabe). Algunos tienen sus orígenes en tribus nómadas que se movían libremente por el Golfo.

Nepal: Las autoridades aseguran que no hay apátridas en el país, pero los expertos estiman que podrían ser cientos de miles. Parte del problema proviene de una ley que prohíbe a las mujeres casadas con extranjeros pasar su nacionalidad a los hijos.

República Dominicana: Un fallo judicial de 2013 convirtió de facto en apátridas de forma retroactiva a los haitianos residentes en territorio dominicano al determinar que los hijos de progenitores extranjeros en situación irregular nunca habían tenido derecho a la nacionalidad. La sentencia afectó a los nacidos entre 1929 y 2007, unas 200.000 personas. Las autoridades, que consideran que son haitianos, tienen en marcha un plan para resolver el problema.

Irak: Los apátridas se cuentan en más de 47.000, entre ellos bidún (ver el apartado de Kuwait) y kurdos faili, que históricamente han residido a ambos lados de la frontera con Irán. En 1980, el régimen baazista revocó la nacionalidad a más de 100.000 faili. A muchos se les ha devuelto desde entonces.

Europa: Decenas de miles de romaníes son apátridas a consecuencia de las particiones de Yugoslavia y Checoslovaquia, o de desplazamientos por las guerras (Kosovo y Bosnia) o por la incapacidad de registrar a los hijos por falta de certificados de nacimiento o títulos de propiedad, que dificulta determinar de dónde son. / REUTERS


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