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“Me pegaron. Me arrancaron uñas de los dedos de mis pies. En ese momento perdí el miedo”

Olesia Muñoz, de 47 años, soprano y comerciante, se unió a las manifestaciones contra Ortega. Denuncia torturas. Las autoridades la condenaron a 47 años de cárcel

Olesia Muñoz vive en la clandestinidad tras ser liberada luego de haber sido condenada por participar en las manifestaciones contra Ortega.
Olesia Muñoz vive en la clandestinidad tras ser liberada luego de haber sido condenada por participar en las manifestaciones contra Ortega.

En la celda 5 de la cárcel de mujeres La Esperanza, a Olesia Muñoz, de 47 años, las custodias le ordenan que se prepare para ir al juzgado. “Yo no estoy yendo”, responde la detenida, recostada en su litera, vestida solo con ropa interior. Afuera de la celda comienzan a aglutinarse agentes antidisturbios. Dos compañeras acuerpan a Muñoz mientras ella refuerza: “Estoy en calzón y brasier, pero si me llevan a la fuerza me desnudo”, insiste la rea, declarada unos días antes culpable de los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, amenazas, robo agravado y portación y tenencia ilegal de armas. Y añade: “Díganle a esa vieja que mande su sentencia aquí”.

A quien se refiere Muñoz es a la juez María del Rosario Peralta, a cargo del juicio realizado en la capital a Olesia y su hermana, Tania Muñoz, de 45 años, una cantante y la otra comerciante, ambas de la ciudad de Niquinohomo, del departamento de Masaya. Un par de días después, llega la sentencia al penal. El hombre, joven y aparentemente inexperto, sostiene con nerviosismo las 29 páginas que debe leer a las prisioneras. “Ya decime cuánto es”, interrumpe la rea. La judicial condena a Olesia a 33 años y seis meses, y a Tania a 26 años y dos meses de prisión. Con poco asombro, Olesia recibe el documento y en vez de firmar, escribe: “Que se rinda tu madre”, la frase usada en las protestas antigubernamentales.

Cantante soprano, música profesional y comerciante de especies, Olesia Muñoz se había unido a las protestas después de conocer de la muerte de un joven de 15 años que había sido asesinado mientras repartía agua entre los estudiantes universitarios que protestaban en Managua. Se llamaba Álvaro Conrado. Gracias a su impulso logró que miles de habitantes de pueblos del sureste de Nicaragua se unieran a las manifestaciones. "Fueron marchas multitudinarias", recuerda. Después vinieron los bloqueos de carreteras, pero asegura que ella no los organizó, sino los jóvenes. Dice que nunca los visitó. Era su hermana Tania quien ayudaba a los manifestantes con algunos alimentos, sobre todo con café y pan.

El 15 de julio, el mismo día en que la “Operación Limpieza” llegó a la ciudad de Niquinohomo, la casa de la familia Muñoz fue allanada violentamente por paraestatales a cargo del operativo. Aunque dispararon a la vivienda, destruyeron gran parte de sus pertenencias y robaron todos sus equipos musicales, no lograron atraparla sino hasta el 31 de julio. “Esa es la hijueputa que buscamos”, dijeron los hombres encapuchados mientras se la llevaban a la delegación policial de Masaya. Olesia recuerda su suplicio:

"Allí me hicieron zanganadas, me arrancaron las uñas de mis dos dedos gordos [de los pies]. Yo solamente miré un alicate. Sentí un dolor terrible, como que me estaban matando. Cuando llegué a El Chipote mis calcetines iban pegados con sangre a mis pies. Cuando me desnudaron, me arrancaron los calcetines y me volvió a reventar la sangre. Las preguntas que me hacían eran que quién me financiaba. Les decía que qué les iba a decir, si nadie me ha financiado. Yo el único delito que cometí fue alzar mi bandera y mi voz. Yo así les hablé. Y hubo un momento que entre más me golpeaban más les decía que me mataran, que eso para mí no era nada, morirse. Ustedes están aferrados a este mundo, yo no, les digo. Yo no sé cómo aguanté tantos golpes, en ese momento perdí el miedo. Ahí [en Masaya] me golpearon mujeres y varones. Masaya para mí es un trauma, ni en El Chipote [centro de detención] me hicieron eso. Ellos me decían que me iban a tirar al volcán [de Masaya], que me iba a arrepentir de meterme con el Comandante [Ortega]. Les dije que el Comandante se iba a ir al infierno con ellos. 'Tirame al volcán, mi cuerpo se va a quedar en el volcán, pero yo me voy a ir al cielo'. Ahí me dejaron ir un cachimbazo [golpe], me pusieron una bolsa [en la cabeza] y el mae me tenía con el arma [en la sien]. Y decía: “San Miguel Arcángel, defendeme”. Y me decían: “hijueputa bruja, si tus oraciones no nos van a llegar”.

Una semana después de su detención, Olesia Muñoz fue presentada por la Policía Nacional como una “peligrosa delincuente”, que integraba “grupos terroristas que cometían actos criminales en contra de la población, instituciones públicas y privadas” en la ciudad de Masaya. La revisión de archivos policiales develó que 1 de cada 2 procesados por su participación en las protestas fueron presentados por la Policía como terroristas o delincuentes, una acción que viola el derecho a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución de Nicaragua.

Olesia recuerda que durante los 11 días que estuvo detenida antes de ser presentada ante un juez, no pudo comunicarse ni con su abogado ni con sus familiares. Rosario Flores, la abogada que finalmente asumiría el caso durante el juicio, manifestó que tampoco le permitían hablar con sus representadas durante las audiencias para evaluar las estrategias que asumiría para defenderlas.

La Fiscalía aseguró que Olesia organizaba el levantamiento de bloqueos de carretera o tranques en la ciudad de Niquinohomo —“destruyendo las calles adoquinadas e impidiendo y obstruyendo el servicio público y la libre circulación de la población”— y que recibía financiamiento para realizar pagos a quienes resguardaban los tranques. A Tania la acusaron de levantar tranques y “puntualizar personas de afiliación política sandinista” para después hostigarlas y amenazarlas.

Pero las pruebas no sustentaron dichas acusaciones, según Flores. Los fiscales aseguraron que Olesia portaba un arma de 9 milímetros y un machete, pero no aparecieron como pruebas en el juicio. Tampoco probaron el supuesto financiamiento. Finalmente, no la acusaron de ese delito. “(La Fiscalía) No demuestra absolutamente nada”, refuerza la abogada, una penalista que ha defendido al menos a 11 mujeres apresadas por su vinculación con las protestas.

Ley de Amnistía

Desde mayo y junio de 2019, Tania y Olesia se encuentran en libertad. El Gobierno de Nicaragua, a través de la Asamblea Nacional, aprobó sin consulta previa una Ley de Amnistía que otorga perdón a quienes participaron en “los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018”.

Pero lejos de aceptar dicha ley, tanto las hermanas Muñoz como opositores al Gobierno y organismos de derechos humanos han rechazado la aplicación de la cuestionada normativa legal. Su principal argumento es que esta ley propicia la impunidad de los verdaderos responsables de la violencia desatada en Nicaragua: hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha contabilizado 328 muertos, más de dos mil heridos, 70.000 exiliados y más de mil personas encarceladas, de las cuales fueron procesadas al menos 400.

Aunque la Ley de Amnistía permitió que los presos políticos fueran liberados, incluyendo a Medardo Mairena, Kysha López, Nelly Roque, Dilon Zeledón y Olesia Muñoz, también permite que no se realicen investigaciones sobre los crímenes que expertos internacionales han catalogado de lesa humanidad.

Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales que señaló la posible ocurrencia de cinco crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, concuerda con que la Ley de Amnistía tiene “profundas debilidades e inconsistencias”, porque los procesos judiciales que enfrentaron los presos políticos no tuvieron garantías del debido proceso, lo que habría provocado la nulidad de los juicios y la libertad inmediata de los acusados.

Paz y Paz, actual directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señala que durante los meses que trabajó en Nicaragua, el grupo revisó siete expedientes judiciales: “ninguna de las causas tenía fundamentos contundentes para determinar la responsabilidad de los hechos de las personas procesadas. En algunas causas, estas personas eran inocentes porque se encontraban en otro lugar cuando ocurrieron los hechos, o las pruebas científicas, testimoniales, no coincidían con la tesis de la Fiscalía, más bien la contradecían”.

Pero aunque la mayoría de procesados fueron liberados, y a pesar de que la legislación nicaragüense instruye el sobreseimiento o cierre definitivo de los procesos en caso de Amnistía, esto no ha ocurrido. “Que los casos no sean sobreseídos implica que las causas contra las personas se puedan abrir en cualquier momento”, explica María Asunción Moreno, académica y doctora en derecho. “Si te mandan a archivar la causa, en cualquier momento se puede reabrir. No están programando juicios, audiencias, pero las causas están abiertas”, añade.

Hasta la fecha, la CIDH contabiliza las nuevas detenciones de 13 personas que ya habían sido privadas de su libertad y criminalizadas con anterioridad. Esta vez, sin embargo, están siendo procesadas por delitos comunes como tráfico de armas, robo con intimidación, amenazas o tráfico de drogas.

Y esa no es la única preocupación de los excarcelados. Todas las personas que enfrentaron procesos judiciales entrevistadas para esta investigación reportaron continuar siendo víctimas de asedio y persecución tanto de policías como de partidarios sandinistas. Ni Medardo, ni Dilon regresaron a vivir a sus hogares después de ser excarcelados, y Olesia vive en la clandestinidad. Sus rostros y sus nombres aún continúan apareciendo en las búsquedas de Google bajo las etiquetas de terroristas y golpistas, como los presentaban los medios propiedad de la familia Ortega Murillo y la misma Policía Nacional. Nelly aseguró sentirse portadora de una enfermedad contagiosa: “la gente no se nos acerca porque teme salir afectada”. Dilon fue expulsado de su universidad.

Moreno asegura que los excarcelados políticos se convirtieron en “víctimas del sistema”, y que por lo tanto aún falta que reciban justicia. “La justicia de los presos políticos no se hace solo con su liberación, que no la tienen, también se debe hacer recuperando sus bienes, que quienes los torturaron en las cárceles paguen por las torturas, que quienes cometieron violación respondan por esos hechos. A las personas se les priva de libertad, pero no se les violenta su integridad. Fue como una bola de nieve de violaciones de derechos”.

Y eso, la justicia, es a lo que muchos se aferran. Claudia Paz y Paz ve dos posibles escenarios para obtenerla: uno, el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad ahora es posible en varios países latinoamericanos, aunque los crímenes hayan sido cometidos en Nicaragua, y aunque los perpetradores y las víctimas sean nicaragüenses. Y: “una vez que exista un verdadero Estado de derecho en el país pueden ser juzgados en los tribunales nacionales”.

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