Muere el militar detenido por conspirar contra Maduro

La última conspiración contra el régimen chavista denunciada por Nicolás Maduro dio con la detención sin órdenes judiciales de cuatro militares y dos policías y otros ocho venezolanos quedaron señalados por estar supuestamente implicados en un plan para asesinar al líder chavista y a otras figuras de su cúpula. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, falleció bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) este sábado.

El militar inicialmente fue reportado como desaparecido el viernes 21 de junio, cuando la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet aún estaba en Venezuela. Este jueves fue vinculado al plan de presunto intento de magnicidio por el fiscal Tarek William Saab y la noche del viernes fue presentado ante los tribunales militares. Quienes lo vieron señalaron que entró en silla de ruedas y con evidentes signos de tortura, denunció en su cuenta de Twitter la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla, que en mayo pasado presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) vídeos y testimonios sobre los tratos crueles y torturas que sufren los detenidos en el DGCIM.

“No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No podía ponerse de pie. El capitán contestó, asintiendo con la cabeza, a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM, pero no podía casi gesticular palabras. Su estado era ya crítico. El juez ordenó trasladarlo al hospital y falleció a la 1 de la madrugada”, contó en varios tuits Suju, quien es delegada de la World Jurist Association ante la Corte Penal Internacional, y agregó que llevará el caso a esa instancia.

El jefe del Parlamento reconocido como presidente por más de 50 países, Juan Guaidó, condenó lo ocurrido y señaló que ordenó a sus representantes diplomáticos entrar en contacto con la familia del militar, que se presume está en Colombia, y con la alta comisionada de la ONU. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también expresó su rechazo. “Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada”, escribió Guaidó.

En octubre pasado el concejal Fernando Albán, detenido por supuestamente estar implicado en el atentado con drones contra Maduro durante una parada militar el 4 de agosto de 2018, murió al caer del décimo piso de la sede del servicio de inteligencia donde estaba preso. Las autoridades chavistas alegaron que se trató de un suicidio.

A través de un comunicado el régimen de Maduro se refirió a la muerte de Acosta Arévalo. En el texto aseguran que ante “la artera y continuada intención de los enemigos de la Constitución y la paz de perpetrar intentos de golpes de Estado, terrorismo y masacres” las fuerzas de seguridad emprendieron un proceso de pesquisas por meses que condujo al arresto de los militares -a los que califican de terroristas confesos- “con respeto absoluto al debido proceso y los derechos humanos”.

El Gobierno sostiene que el capitán de corbeta fue imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración durante el acto de presentación ante los tribunales ocho días después de su detención sin órdenes judiciales. Las versiones de la esposa del militar Waleska Pérez y de abogados y defensores de derechos humanos señalan que ante el estado de gravedad en que se encontraba Acosta Arévalo no pudo ser imputado, pues el juez ordenó que lo enviaran al Hospital Militar del Ejército, en Fuerte Tiuna. “Yo sabía que lo estaban torturando y tanto fue que lo mataron. No podía hablar, recibió muchos golpes en la cabeza”, dijo Pérez en una entrevista al medio colombiano NTN24. El comunicado señala que Maduro solicitó al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, una exhaustiva investigación de “los hechos que resultaron en el fallecimiento” de Acosta Arévalo.