La intervención de los jueces empaña las elecciones presidenciales de Guatemala
La anulación de la candidatura de Thelma Aldana ha socavado las esperanzas de los que apostaban por un cambio en el sistema
La política de Guatemala lleva desde 2016 dividida entre quienes apuestan por un proyecto reformista, de combate a la corrupción y los partidiarios de mantener el statu quo. No hace falta esperar a la primera vuelta electoral de este domingo para constatar que los segundos harán todo lo posible por consolidar el poder. La principal opción de quienes quieren un cambio, la exfiscal Thelma Aldana, no ha podido concurrir después de que se prohibiese su candidatura. La intervención inusual del poder judicial a favor de las élites dominantes ha marcado una campaña electoral atípica, donde el hastío y la incertidumbre de quién concurrirá a la segunda vuelta es la nota predominante.
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el domingo para elegir al sucesor del controvertido Jimmy Morales en medio de un fenónomeno no asumido en su justa dimensión por la mayoría de votantes: la judicialización del proceso electoral. Como tal se entiende el intento de dar forma legal a una serie de maniobras más bien leguleyas, tendentes a eliminar a los adversarios políticos o a justificar que se hayan autorizado candidaturas con serios cuestionamientos legales.
Es un fenómeno sin precedentes desde el fin de las dictaduras militares en 1985 y cuyas víctimas más conspicuas han sido dos de las tres candidatas con mayor intención de voto en las encuestas, en las antípodas ideológicas: la ex fiscal general del Estado, Thelma Aldana, y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt. Aldana, que como fiscal General trabajó hombro con hombro con la CICIG, logró el desmantelamiento de poderosas estructuras mafiosas enquistadas en el Estado y propició el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez y de miembros de poderosas familias, algo que para las élites fue un atrevimiento.
La exfiscal ha repetido constantemente que esas élites conspiraron para bloquear su cadidatura, hasta que le revocaron el finiquito, una constancia que se exige a quienes han ejercido cargos públicos y que garantiza que no hubo malos manejos durante su administración. Lo extiende la Contraloría General de Cuentas, una de las instancias más cuestionadas del Estado. A Aldana se le atribuye la contratación anómala de un abogado para que dictara cursos de capacitación a los fiscales.
Para el abogado Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, que preside el empresario Dionisio Gutiérrez, la judicialización es un peligro para la institucionalidad del país, ya de por sí cuestionada. “Ante la incapacidad de resolver los problemas políticos, el sistema judicial se ha convertido en una segunda instancia del juego político. Ahí radica el peligro: que las Cortes comiencen a ser los árbitros. Al saber que el juego político se judicializa, el mayor incentivo será controlarlas para manejar el poder. Es, decididamente, una regresión de la que difícilmente podremos recuperarnos. Quienes manejan esa agenda regresiva encuentran en las cortes un mecanismo de salvación que puede intensificarse en el mediano plazo”, asegura.
Para el analista Edgar Gutiérrez, el caso de Aldana reviste meridiana claridad. “Era la candidata antisistema. La fiscal que, de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) puso en evidencia cómo el Estado ha sido secuestrado por mafias políticas”.
Sacar de la contienda a Zury Ríos, quien goza del apoyo de algunos sectores ultraconservadores, les resultó más sencillo. La constitución impide las candidaturas a golpistas y a sus parientes aspirar a la Presidencia. La heredera del dictador no cuenta con la capacidad de movilización que hizo posible el chantaje del viejo general, en 2003, a las autoridades electorales –sus seguidores tomaron la ciudad ante la pasividad total de las fuerzas de seguridad– hasta lograr ser inscrito. El correctivo en las urnas fue rotundo. Apenas alcanzó el tercer lugar, muy lejos de quienes se disputaron entonces la presidencial, Óscar Berger y Álvaro Colom.
En el otro plato de la balanza se encuentra el caso de Sandra Torres, la favorita según todas las encuestas, en contra de quien la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) elevaron una denuncia minuciosamente documentada por financiamiento electoral no reportado. La actual fiscal general, Consuelo Porras, engavetó el expediente durante semanas y solo lo hizo llegar al Tribunal Supremo Electoral 24 horas después de que Torres fuera inscrita y gozara, por lo tanto, de inmunidad. No es el único caso. Sobre otros candidatos presidenciales, como el oficialista Estuardo Galdámez y otros aspirantes a diputaciones o alcaldías también pesan señalamientos de falta de idoneidad por señalamientos de corrupción, sin que los mismos tuvieran alguna influencia en las autoridades electorales para negarles la inscripción.
De acuerdo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, esta “judicialización” no es del todo negativa. “Hay casos relativos a la corrupción que no pueden dejarse de juzgar. Es importante que la justicia opere. Lo fundamental está en que sea independiente". Critica, eso sí, que se hayan utilizado distintos baremos para descalificar o autorizar ciertas candidaturas, extremo que deja a muchos guatemaltecos sin la libertad de elegir a la persona de sus preferencias. “Eso deja muchas dudas con respecto a que la justicia sea realmente independiente”, afirma. “El guatemalteco, cierra, ha despertado de la anomia en que estaba sumergido, como producto de la guerra vivida en el país, pero hay personas que se resisten a esta realidad. Es escenario no es alentador. Hay muchos nubarrones”.
