La carta que exonera a Trump de conspiración con la trama rusa, comentada

Tras una investigación de dos años sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en EE UU, el fiscal general estadounidense, William Barr, entregó este domingo un resumen de las conclusiones del informe Mueller. Lo hizo con una carta de cuatro folios y dos ideas muy claras: que la injerencia rusa tuvo lugar, pero que no hay rastro de que la campaña de Trump u otro ciudadano estadounidense se coordinara con ella. A continuación, el equipo de corresponsales de EL PAÍS en Washington comenta el texto íntegro de la carta del fiscal.

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Documento original en inglés

Estimado presidente (Lindsey) Graham, presidente (Jerrold) Nadler, congresista (Dianne) Feinstein, y congresista (Doug) Collins - del Comité Judicial de la Cámara de Representantes:

Como suplemento a la notificación facilitada el viernes 22 de marzo de 2019, les escribo hoy para informarles sobre las conclusiones principales alcanzadas por el fiscal especial Robert S. Mueller III e informales del estado de mi revisión inicial del informe que ha preparado.

El informe del fiscal especial

El viernes, el fiscal especial me entregó "un informe confidencial explicando las decisiones de enjuiciamiento o rechazo" que ha alcanzado, como fue requerido por el 28 C.F.R. 600.8 (c). Este informe está titulado "Informe sobre la investigación en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016". Aunque mi revisión sigue en curso, creo que es de interés público describir el informe y resumir las conclusiones principales alcanzadas por el fiscal especial y los resultados de su investigación.

Este es el fondo de la primera batalla política que llega. Según las normas del Departamento de Justicia, Mueller debía entregar a Barr su informe de manera confidencial, y Barr debía proporcionar una notificación al Congreso para satisfacer “el interés público” de información. Eso hizo Barr el domingo, en estas cuatro páginas. Pero los demócratas defienden que ese interés público se extiende al informe Mueller en su integridad. La ofensiva para exigirlo empezó antes de que Barr entregara el resumen y se redobló, una vez recibido, el domingo por la tarde. | Pablo Guimón (Washington)

El informe explica que el fiscal especial y su personal investigaron a fondo alegaciones de que miembros de la campaña presidencial de Donald J. Trump, y otros asociados con ella, conspiraron con el Gobierno ruso en los esfuerzos por interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, o buscaron obstruir las investigaciones relacionadas. En el informe, el fiscal especial observa que, para completar su investigación, empleó 19 abogados que fueron asistidos por un equipo de aproximadamente 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, forenses contables y otros profesionales. El fiscal especial emitió más de 2.800 citaciones judiciales, ejecutó 500 órdenes de registro, obtuvo más de 230 órdenes para registros de comunicaciones, emitió cerca de 50 órdenes autorizando el uso de registros de llamadas, realizó 13 peticiones de evidencias a Gobiernos extranjeros, y entrevistó a aproximadamente 500 testigos.

El fiscal especial obtuvo un número de imputaciones y acusaciones de individuos y entidades en conexión con su investigación, todas las cuales han sido divulgadas públicamente. Durante el curso de su investigación, el fiscal especial también remitió algunos otros asuntos a otras oficinas para que tomaran medidas. El informe no recomienda ninguna otra imputación, ni tampoco el fiscal especial ha obtenido ninguna imputación lacrada que tenga que hacerse pública. Debajo expongo las principales conclusiones del informe del fiscal especial.

Imputados ha habido ya muchos, en realidad, pero ningún ciudadano estadounidense o colaborador de Trump lo ha sido por colusión con Rusia, el corazón de la investigación de Mueller, y el mayor argumento del presidente para desdeñar todo el proceso. Una treintena de individuos han sido acusados de delitos, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia, por la injerencia. Sin embargo, las imputaciones a seis exasesores de Trump tienen que ver con otro tipo de delitos, como el fraude, la mentira a las autoridades o el trabajo no declarado de lobista para país extranjero. | Amanda Mars (Washington)

Interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE UU de 2016

El informe del fiscal especial se divide en dos partes. La primera describe los resultados de la investigación del fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. El informe subraya los intentos rusos de influenciar en la elección y documenta crímenes cometidos por personas asociadas con el Gobierno ruso en conexión con esos intentos. El informe explica más adelante que una primera consideración para la investigación del fiscal especial fue si algún estadounidense —incluidos individuos asociados con la campaña de Trump— se unió a la conspiración rusa para influir en las elecciones, lo que hubiera supuesto un crimen federal. La investigación del fiscal especial no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales de EE UU en 2016. Como establece el informe: “[La] investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspirasen o se coordinasen con el Gobierno ruso en sus actividades para interferir en la elección”.*

La interferencia rusa, entendida como la injerencia electoral del Kremlin para favorecer la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton, no está cuestionada por este informe. Los servicios de inteligencia estadounidenses la dieron ya por probada en enero de 2017. De lo que Mueller no ha hallado pruebas es de algún tipo de conchabanza entre Moscú y Trump o su entorno. | Antonia Laborde (Washington)

La investigación del fiscal especial determina que hubo dos principales intentos rusos de influenciar en la elección de 2016. El primero involucraba intentos por parte de una organización rusa, la Agencia de Búsqueda en Internet (IRA, Internet Research Agency), para provocar desinformación y llevar a cabo operaciones en las redes sociales en Estados Unidos para sembrar la desavenencia social, eventualmente con el objetivo de interferir en las elecciones. Como se cita más arriba, el fiscal especial no encontró que ningún estadounidense o nadie relacionado o asociado de forma oficial con la campaña de Trump conspirase o se coordinase con conocimiento con la IRA en sus esfuerzos, aunque el fiscal especial ha presentado cargos criminales contra una serie de ciudadanos rusos y entidades de ese país en conexión con esas actividades.

La Agencia de Búsqueda en Internet (IRA, en sus siglas en inglés), según un informe de la inteligencia de EE UU, está financiada por un aliado cercano a Vladímir Putin que tiene nexos con el espionaje ruso. La finalidad de la también conocida como "granja de troles" era reunir identidades robadas de ciudadanos norteamericanos y crear una suerte de enciclopedia sobre qué era lo que funcionaba y lo que no a la hora de crear polémica en las redes sociales para exaltar los ánimos de los estadounidenses. | Yolanda Monge (Washington)

El segundo elemento tiene que ver con los intentos del Gobierno ruso de llevar a cabo operaciones de hackeo de ordenadores, diseñados para reunir y diseminar información que influyera en las elecciones. El fiscal especial encontró que actores del Gobierno ruso accedieron con éxito a ordenadores y obtuvieron correos electrónicos de personas afiliadas a la campaña de Clinton y organizaciones del Partido Demócrata, y que públicamente diseminaron esos materiales a través de varios intermediarios, incluyendo WikiLeaks. Basado en esas actividades, el fiscal especial presentó cargos contra un número de militares rusos por conspirar en el asalto (hack) a ordenadores en Estados Unidos con el propósito de influenciar en las elecciones presidenciales. Pero según se cita arriba, el fiscal especial no encontró que la campaña de Trump, ni nadie asociado con ella, conspirase o se coordinase con el Gobierno ruso en esos intentos, a pesar de las múltiples ofertas de individuos asociados con Rusia para ayudar en la campaña.

“Me encanta Wikileaks”, dijo Donald Trump el 10 de octubre de 2016, menos de un mes antes de ganar las elecciones. La organización de Julian Assange había empezado a publicar el 7 de octubre cientos de correos electrónicos robados por hackers rusos al jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Un asesor y amigo de Trump, el operador político Roger Stone, llevaba desde la primavera presumiendo de estar en contacto con Assange. Desde finales de agosto, Stone tuiteaba que se acerca un problema para Podesta y Clinton. Wikileaks niega cualquier contacto con Stone, pero se comunica directamente con Donald Trump Jr. por mensaje de Twitter y le anima a dar difusión a sus publicaciones. Nunca ha quedado claro qué sabía el propio Trump sobre la estrategia de publicación de Wikileaks o el origen ruso de la información sobre Clinton. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, en aquel entonces de su máxima confianza, declaró ante el Congreso que Stone informó a Trump de los planes de Wikileaks en julio de 2016. | Pablo X. de Sandoval (Los Ángeles)

Obstrucción de la justicia

La segunda parte del informe aborda una serie de acciones por parte del presidente —la mayoría de las cuales ha sido objeto de informes públicos— que el fiscal especial investigó como posibles casos de obstrucción a la justicia. Después de realizar una "investigación exhaustiva y objetiva" sobre estos asuntos, el fiscal especial consideró si evaluar la conducta bajo los estándares del Departamento [de Justicia] que se refieren a las decisiones de acusación o rechazo, pero al final decidió no llevar a cabo un juicio tradicional de acusación. Por lo tanto, el fiscal especial no extrajo una conclusión —en un sentido u otro— en cuanto a si la conducta examinada constituía una obstrucción a la justicia. En vez de eso, para cada una de las acciones relevantes investigadas, el informe presenta evidencia de ambos lados de la cuestión y deja sin resolver lo que el fiscal especial considera como "asuntos difíciles", de hecho y de derecho, concernientes a si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una obstrucción. El fiscal especial afirma que "si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera de este".

He aquí un atisbo de esperanza al que se pueden agarrar los demócratas. “Completa y total exoneración”, dijo el presidente nada más conocer el resumen del informe. Pero lo cierto es que Mueller explícitamente renuncia a exonerar al presidente del delito de obstrucción a la justicia. Son Barr y su adjunto, Rod Rosenstein, los que más abajo explican que, al hacerse Mueller a un lado, toman la iniciativa y deciden que la evidencia “no es suficiente para establecer que el presidente cometió” dicho delito. | Pablo Guimón (Washington)

La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación sobre la obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal hace que sea el fiscal general el que determine si la conducta descrita en el informe constituye un delito. En el transcurso de la investigación, la oficina del fiscal especial mantuvo conversaciones con ciertos funcionarios del Departamento de Justicia en relación a varios asuntos legales y fácticos relacionados a la investigación sobre la obstrucción. Después de revisar el informe final del fiscal especial sobre estos temas; consultando con los funcionarios del departamento, incluida la oficina de asesoría legal; y aplicando el principio de la fiscalía federal que guía nuestras decisiones de imputación, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein y yo hemos llegado a la conclusión de que la evidencia conseguida durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia. Nuestra decisión se tomó sin tener en cuenta, ni tampoco se basa en las consideraciones constitucionales que rodean la acusación y el procesamiento penal de un presidente en ejercicio**.

La doctrina de la justicia estadounidense establece que los presidentes no pueden ser procesados mientras ocupan el cargo, por eso, para que rindan cuentas, hay que destituirles (el famoso impeachment). Lo que el fiscal Barr quiere aclarar aquí es que, si a su juicio no valoran delito de obstrucción a la justicia, no es por la limitación jurídica de imputar al mandatario, sino porque de veras no ven pruebas de ello. | Amanda Mars (Washington)

Al tomar esta determinación, notamos que el fiscal especial reconoció que "la evidencia no nos demuestra que el presidente estuvo involucrado en un crimen subyacente relacionado con la interferencia en las elecciones rusas", y que, aunque no es determinante, la ausencia de tal evidencia se relaciona con el intento del presidente con respecto a la obstrucción. En términos generales, para estar convencidos de la obstrucción a la justicia, el Gobierno tendría que demostrar, más allá de toda duda razonable, que una persona, actuando con intenciones corruptas, participó en una conducta obstructiva con un nexo suficiente para un procedimiento pendiente o contemplado. Al catalogar las acciones del presidente, muchas de las cuales se realizaron en público, el informe no identifica acciones que, a nuestro juicio, constituyan una conducta obstructiva que tuvieran un nexo con un procedimiento pendiente o contemplado, y fueran realizadas con una intención corrupta. Bajo los principios de la fiscalía federal que guía las acusaciones, sería necesario probar, más allá de toda duda razonable, que se cometió un delito de obstrucción a la justicia.

Uno de los aspectos que más había alimentado la sospecha de obstrucción a la justicia fue el despido del director del FBI, James Comey, mientras investigaba la trama rusa, y las presiones por parte de Trump que Comey relató ante el Congreso. El Departamento de Justicia no ve intenciones criminales más allá de lo correcto de las actuaciones. | Amanda Mars (Washington)

Estado de la revisión del Departamento

Las regulaciones relevantes contemplan que el informe del fiscal especial será un "informe confidencial" para el fiscal general. Ver Oficina de Asesoría Especial, 64 fed. reg. 37,038,37,040-41 (9 de julio de 1999). Sin embargo, como he dicho anteriormente, soy consciente del interés público en este asunto. Por esa razón, mi objetivo e intención es divulgar la mayor cantidad de informes del fiscal especial que pueda en conformidad con la ley, los reglamentos y las políticas aplicables.

Basándome en mis conversaciones con el fiscal especial y en mi revisión inicial, es evidente que el informe contiene material que está o podría estar sujeto a la regla federal del procedimiento penal 6 (e), que impone restricciones en el uso y divulgación de información relacionada con un(os) "asunto(s) que ocurren ante un gran jurado". Fed. R. Crim. P. 6 (e) (2) (B). La regla 6 (e) generalmente limita la divulgación de cierta información del gran jurado en una investigación y acusación criminal. La divulgación de material 6 (e) más allá de los límites estrictos establecidos en la regla es un delito en ciertas circunstancias. Véase, por ejemplo, 18 U.S.C. 401 (3). Esta restricción protege la integridad de los procedimientos del gran jurado y garantiza que los poderes de investigación únicos e inestimables de un gran jurado sean usados estrictamente para la función de justicia penal para la que están destinados.

Teniendo en cuenta estas restricciones, el cronograma para procesar el informe depende en parte de la rapidez con que el Departamento pueda identificar la información 6 (e) contenida en el informe tan pronto como sea posible. Por separado, también debo identificar cualquier información que pueda afectar a otros asuntos en curso, incluidos aquellos que el fiscal especial ha remitido a otras oficinas. Tan pronto como acabe ese proceso, estaré en una posición para avanzar rápidamente en la determinación de lo que se puede publicar a la luz de las leyes, regulaciones y políticas del Departamento.

El Departamento de Justicia debe ir con mucho cuidado al hacer públicos los detalles del informe Mueller, porque los problemas legales de Donald Trump están lejos de haber acabado. Hay investigaciones federales y estatales en curso que implican a antiguos socios. Algunos de ellos estuvieron muy involucrados en su carrera política. El trabajo del fiscal contribuyó a arrojar luz sobre una trama criminal que va más allá de la trama rusa. Nueva York es el epicentro de los peligros que acechan al presidente por su forma de hacer negocios, sus artimañas financieras y su conducta. Hay casos también en Washington y Virginia. | Sandro Pozzi (Nueva York)

Como observé en mi notificación inicial, las regulaciones del fiscal especial establecen que "el fiscal general puede determinar que la divulgación pública de" las notificaciones a sus respectivos comités "sería de interés público". 28 C.F.R. 600.9 (c). Así lo he decidido, y divulgaré esta carta al público después de entregársela.

Atentamente,

William P. Barr

Fiscal general