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Liberados los dos activistas indígenas secuestrados en Guerrero

Los defensores de derechos humanos, Obtilia Eugenio e Hilario Castro, han sido puestos en libertad por sus captores la madrugada de este sábado

Karina Suárez
Héctor Astudillo (centro) con los activistas indígenas, este sábado.
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Después de cuatro días en cautiverio han sido liberados los activistas indígenas Obtilia Eugenio e Hilario Castro. El rastro de los defensores de derechos humanos se perdió el pasado martes mientras intentaban huir del municipio de Ayutla (Guerrero) ante las constantes amenazas telefónicas que la activista había recibido en días previos. La noche del viernes el teléfono volvió a sonar. El esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, escuchó de nuevo la voz de Obtilia, ella le dio las instrucciones que pedían sus captores para liberarlos. No se exigió ningún rescate económico. La única condición fue que acudiera solo al centro municipal de Tierra Colorada la madrugada de este sábado. El sitio de la liberación se localiza a menos de 85 kilómetros de Ayutla.

“En el zócalo de Tierra Colorada, ahí la encontré (a Obtilia). Está golpeada, no puede caminar bien. Un poco lastimada, pero está bien" ha relatado Ramírez en una conferencia de prensa este sábado. No hubo operativos, ni agentes en la zona, tal como lo pedían los captores. Ramírez ha dicho que desconoce la identidad de quienes secuestraron a los defensores indígenas, tampoco sabe el lugar donde permanecieron privados de su libertad. Tras su liberación, las víctimas acudieron a la Fiscalía del Estado en Chilpancingo a declarar.

Las autoridades locales tampoco han dado más detalles sobre la desaparición y liberación de los activistas. En un escueto mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo celebró el hallazgo con vida de los defensores indígenas. Horas más tarde publicó por esta misma vía una fotografía junto a Obtilia e Hilario en las oficinas de la Fiscalía local. Junto a la imagen Astudillo prometió el reforzamiento de las medidas cautelares de los activistas, protección con la que contaba la mixteca desde 2006.

Diego Castro integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa, organismo que fundó Obtilia en 2002, celebra también el hallazgo con vida de sus compañeros. Sin embargo, reconoce que este suceso es una clara señal de que en Guerrero los defensores sociales carecen de garantías para poder realizar sus actividades. “El hecho de Obtilia es un ejemplo de que no existe libertad, tememos por la vida, tememos por el secuestro, por la desaparición forzada, es una limitante que nos permite visualizar que en Guerrero está muy jodido, está muy preocupante la situación de nuestro Estado”, comenta.

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Castro subraya que el apoyo de los organismos internacionales, nacionales y de líderes sociales como el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde fue determinante para que se respetara la vida de Obtilia e Hilario. Tras las primeras noticias sobre su desaparición la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigieron a las autoridades el esclarecimiento del caso. El reclamo se llevó a las calles donde un centenar de personas marcharon para denunciar la negligencia del gobierno para proteger a sus activistas, pese a que Obtilia ya había externado en ocasiones anteriores que era víctima de amenazas. Frente a esta presión, el Gobierno de Guerrero anunció la puesta en marcha de un operativo de búsqueda y ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos (104.000 dólares) para quienes dieran información sobre los desaparecidos. Roberto Álvarez, vocero de seguridad de Guerrero, ha admitido que estos recursos no fueron utilizados porque fueron los propios captores los que se comunicaron con los familiares de las víctimas.

La mixteca, de 42 años, tiene una trayectoria de más de dos décadas como defensora de las comunidades indígenas. Ella fue testigo en primera persona de las violaciones que padeció su comunidad por parte del Ejército tras el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994. Desde entonces ha abogado por la desmilitarización de la zona y ha acompañado a mujeres víctimas de tortura sexual de manos de militares así como a los afectados por negligencias médicas. Estas batallas la han convertido en una líder entre las comunidades indígenas, pero también la han expuesto al peligro. Desde 2006, la activista contaba con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido. Estas medidas cautelares no frenaron su desaparición.

La zona donde se perdió el rastro de los activistas ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos de autodefensas y bandas del narcotráfico dedicadas a la heroína y la amapola. A los enfrentamientos entre grupos criminales se sumó la tensión política en Ayutla, primer municipio en Guerrero en regirse por usos y costumbres. José Alfredo Pineda, representante de la Coordinadora Universitaria, aseguró el martes pasado que la desaparición de Obtilia estaba relacionada con las denuncias que hizo sobre la corrupción en el otorgamiento de obras públicas municipales.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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