Justicia para Jamal Khashoggi

El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul ha puesto a la comunidad internacional ante el espejo. El crimen, reconocido por Arabia Saudí tras varias explicaciones rocambolescas y atribuido a un grupo de la policía secreta presuntamente vinculado al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, ha suscitado tibias condenas, sanciones mínimas y sólo en unos pocos casos la censura clara.

La comunidad internacional parece paralizada, entre el estupor por la brutalidad del crimen y las exigencias y el corto plazo de la “política real” de alianzas políticas y comerciales. Como escribió hace unos días en estas mismas páginas Sami Naïr, parece cuestión de tiempo que el silencio cubra la sangre del periodista saudí. Entre los 44 asesinatos de periodistas documentados en 2018 por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), 28 de ellos fueron premeditados, como en el caso de Khashoggi, cuyo cuerpo todavía no ha aparecido. La mayoría de estos crímenes queda impune. Pero la justicia para Jamal Khashoggi es necesaria y posible.

Los relatores especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y las ejecuciones sumarias, David Kaye y Agnes Callamard, han reclamado al Consejo de Seguridad que autorice una investigación independiente y urgente. No deja de ser irónico que haya sido el Gobierno turco quien haya filtrado poco a poco los detalles del crimen ocurrido en el consulado saudí y desmontado las sucesivas coartadas de Riad. El Gobierno de Erdogan parece un gato entretenido con un ratón, como señalaba una crónica reciente en The New York Times, pero carece de la más mínima autoridad cuando se trata de libertad de prensa y derechos humanos. Según el censo anual que elabora el CPJ, en diciembre de 2017 había al menos 73 periodistas en las cárceles de Turquía, junto con China y Egipto el país con más periodistas presos por su trabajo.

A través del Consejo de Seguridad o de la Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas puede garantizar la independencia y transparencia de la investigación y aportar pruebas que justifiquen posibles sanciones políticas y económicas, como ha ocurrido en investigaciones anteriores sobre Siria, Myanmar o Burundi. España y el resto de países europeos tienen la obligación de impulsar esta investigación.

Estados Unidos tiene también un papel clave en asegurar que el asesinato de Khashoggi no quede impune. El periodista era residente en Estados Unidos, donde trabajaba para The Washington Post, y algunos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Varios instrumentos legales permiten al presidente Donald Trump, al Departamento de Estado y a los tribunales abrir una investigación ante la sospecha de tortura o la violación flagrante de derechos humanos. Veintidós senadores han remitido una carta al presidente Trump para que active esta vía.

En su última columna, Khashoggi se lamentaba de la “carta blanca” que disfrutan los países árabes para reprimir a los periodistas críticos. En la “nueva” Arabia Saudí de Mohamed Bin Salmán, inmersa en la desastrosa guerra de Yemen, la política, la religión y la familia real son intocables. El CPJ estima que al menos 14 periodistas han sido encarcelados desde que Mohamed Bin Salmán accedió al poder en julio de 2017. Las detenciones en ocasiones no se conocen hasta meses después de que se produzcan y es difícil estimar el alcance real de la represión.

“Estas acciones ya no conllevan el rechazo de la comunidad internacional. Como mucho, desencadenan una condena rápidamente seguida del silencio”, escribió Khashoggi sobre las condenas a periodistas. La comunidad internacional no puede permitir que sus últimas palabras sean también su epitafio.

Carlos Martínez de la Serna es Director de Programas del Comité de Protección de Periodistas