Assange demanda a Ecuador por “amordazamiento” y vulneración de sus derechos

Julian Assange no está dispuesto a acatar las nuevas normas de convivencia que le ha impuesto Quito y su defensa ha presentado este viernes una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por “amordazamiento” y “vulneración de derechos”. El exjuez español Baltasar Garzón y el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, han denunciado este viernes la “incomunicación” y la decisión “unilateral y arbitraria” a la que se está sometiendo al fundador de Wikileaks si quiere permanecer como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva seis años. Los abogados del australiano han recurrido a los tribunales ecuatorianos para que el nuevo protocolo de visitas y comunicación impuesto por el país latinoamericano quede sin efecto.

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La acción de protección está dirigida contra el canciller ecuatoriano, José Valencia, y contra el procurador del Estado, Íñigo Salvador, como representantes del Estado. Es “inhumano” e “impropio para una situación de armonía y de asilo”, según Garzón, que el estatus Assange esté condicionado a que cumpla con un estricto régimen de visitas y de comunicaciones. La Cancillería ecuatoriana ha respondido a la iniciativa jurídica apelando a la soberanía y al derecho del país latinoamericano a proteger su sede diplomática, confirmando así, por primera vez, la autenticidad del protocolo.

“El protocolo no es un asunto que alguien quiera o no quiera respetar. Es una norma para regir la estadía del señor Assange en la embajada. Ecuador es un estado soberano y la embajada tiene una jurisdicción clarísima que es la del Estado ecuatoriano. Ecuador tiene absolutamente todas las prerrogativas, todo el derecho de proteger esa oficina, a los funcionarios que trabajan ahí e incluso al señor Assange. El protocolo va enfocado en ese sentido. Queremos que se registren las visitas que se reciban. Eso pasa en todas las embajadas del mundo”, ha defendido el canciller, José Valencia, preguntado por los periodistas en un acto. El responsable de Relaciones Externas también ha asegurado que el Gobierno responderá a la acción de protección presentada por la defensa del australiano “de una manera adecuada, con apego a Derecho”, ya que la decisión de imponer un nuevo protocolo cuenta “con todo el respaldo legal” y se ajusta “a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana”.

El fundador de Wikileaks está incomunicado desde marzo pasado, cuando el Gobierno de Lenín Moreno ordenó que se le impidiera el acceso a Internet y se prohibieran sus visitas para evitar que siguiera pronunciándose sobre asuntos de política interna de otros países que erosionaban las relaciones diplomáticas del Estado, como ocurrió con el conflicto independentista de Cataluña. Pero esta semana, como condición para recuperar la conexión y la posibilidad de recibir visitas, Ecuador envió al hacker australiano un protocolo con 32 disposiciones en el que supeditaba su condición de asilo a que respetara las nuevas normas.

Entre ellas, el australiano tendría que asumir sus propios gastos de manutención, mantener su estado de salud con revisiones médicas trimestrales, asumir tareas de aseo de su espacio y de su mascota. Además, sus visitantes tendrían que solicitar una autorización a la Embajada con tres días de antelación, que podría ser aceptada o rechazada sin dar argumentos por la delegación diplomática y solo podría conectarse a la red wifi de la sede diplomática con su teléfono móvil y con su propio ordenador.

Sobre la entrega de documentos a la Asamblea que revelan que la concesión del pasaporte ecuatoriano a Assange no cumplió con todos los requisitos legales, Garzón ha insistido en cuestionar la vulneración de datos privados. “No es agrado de nadie que se desvelen datos de la partida de nacimiento de una persona que están protegidos. No es lícito, es ilegal. Hay protección de datos. Una cosa es que esa información esté en el Registro y otra cosa es que se haga pública en Internet”, ha resaltado. El abogado del hacker australiano también ha negado, ante las preguntas de los periodistas, que hubiera un plan elaborado con Rusia para sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres. “Eso es falso”, ha atajado. Sin embargo, la información revelada a la Asamblea ecuatoriana contiene una estrategia de Quito para que Assange, una vez obtenida la nacionalidad, se trasladase a Moscú como miembro del cuerpo diplomático.