“Las élites quieren seguir manejando Guatemala”

Las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad (Cicig) se han enfocado en los últimos años en algunos de los grandes empresarios que han controlado el poder político en Guatemala y que parecían intocables. Las investigaciones del fiscal Iván Velásquez, al frente de la comisión, han llevado al banquillo a apellidos como Bosh, Paiz o Castillo, dueños de bancos, telefonías, mineras, cerveceras o ingenios azucareros que han confesado sobornos y financiación ilegal de partidos. Las investigaciones coinciden con el momento de mayor rechazo y soledad del presidente Jimmy Morales.

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Una gran parte de esta élite económica que se siente perseguida y un grupo de oscuros militares vinculados a la guerra civil son el único apoyo con el que cuenta el mandatario. Según los analistas, ellos lo han empujado a tomar la decisión de enfrentarse a la Cicig, de quien Morales dijo en Naciones Unidas: “Es una amenaza para la paz”.

Sin embargo, el otrora monolítico bloque empresarial ha comenzado a fracturarse y han surgido voces que reclaman mantener el combate a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Ellos han recogido la bandera que en 2015 levantaron los estudiantes con sus movilizaciones en la calle a favor de la Cicig.

“El empresariado quiere la salida del país de la comisión y de Velásquez porque quieren protegerse de las investigaciones. La élite se siente más cómoda en los esquemas del pasado donde manipulaban al Gobierno y se garantizaban la impunidad”, describe Estuardo Porras, dueño de fincas de café y negocios en telecomunicaciones y uno de los empresarios más grandes del país. Según Porras, “por primera vez la Cicig ha puesto en evidencia la forma de operar de las élites no solo guatemaltecas, sino latinoamericanas, que utilizan al Gobierno para sus fines”.

Originalmente, las principales fortunas de Guatemala se aglutinaron en dos cámaras para protegerse de “la amenaza comunista” en tiempos de la guerra civil. Ambas han llegado hasta nuestros días manejando a su antojo al presidente en turno. “Pero ahora que se abrieron los mercados las asociaciones gremiales han perdido sentido y siguen funcionando como una junta militar que opera como en los años ochenta”, añade Porras.

Porras ha defendido públicamente a la Cicig, a pesar de que procesaron a su hermano, Julio Carlos Porras Zadik, que fue el primer empresario en colaborar con la justicia cuando se descubrió que la multinacional telefónica Claro financió ilegalmente al Partido Patriota de Otto Pérez Molina, hoy encarcelado.

Para Dionisio Gutiérrez, uno de los empresarios más poderosos de Centroamérica, propietario de la cadena Pollo Campero, entre otras empresas, la élite económica debería estar más comprometida con los problemas de Guatemala “y esforzarse por lograr unos acuerdos mínimos que nos permitan darle oxígeno al país y avanzar en las reformas del Estado que necesitamos”, señala en entrevista en su oficina.

Aunque considera “muy exitoso” el trabajo de la Cicig, reprocha a Iván Velásquez haber tenido “poca cintura política” para no desgastarse en casos “menores” como el que sentó en el banquillo al hijo y al hermano del presidente Morales por una compraventa de facturas que no superó los 10.000 dólares.

Según Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, Jimmy Morales representa a los poderes oscuros que no quieren que el país avance y admite que un grupo de empresarios y turbios militares controlan la presidencia del país. “Pasará a la historia como el mandatario peor asesorado de la democracia”, señala. “Desde que el mundo es mundo ha habido grupos han querido apoderarse y tener el control del poder, por eso es urgente desarrollar partidos fuertes, división de poderes y un Estado de derecho”, concluye.