Masacre anunciada en la Anapu de Dorothy Stang

“Ya he mirado la lista, mamá. Mi nombre no está”, garantizó Leoci Resplandes de Sousa, pocos días antes de que transformaran su cuerpo en un colador. En la mayoría de las ciudades, las listas podrían ser muchas. La de la nota de la Selectividad, los contratados en una empresa, los seleccionados en unas oposiciones. Pero no en Anapu, el municipio del estado de Pará que entró en el mapa mental de Brasil y del mundo en 2005, cuando la hermana Dorothy Stang fue ejecutada con seis disparos por defender los derechos sobre la tierra de los más pobres y, de este modo, enfrentar los intereses de los grileiros (ladrones de tierras públicas). En Anapu, en Pará, 13 años después del asesinato de la misionera, la lista todavía es la de los campesinos marcados para morir.

Leoci no estaba en la lista. Aun así, lo asesinaron el 3 de junio, a fin de tarde, sentado con su mujer en el porche de su casa tras un día de labranza. Según su madre, líder del lote 46 de la Gleba Bacajá, “con 23 balas del 12 (calibre de la escopeta)”. La lista o no estaba completa. O hay más de una lista. Según afirman algunas personas que no pueden ser identificadas, la “lista” está en manos de uno de los jefes de los sicarios. Habría por lo menos tres figuras clave entre los sicarios y una milicia armada. Cuando un trabajador rural necesita saber si su nombre está en la lista, acciona a intermediarios para que lo indaguen. Esto se cuenta con naturalidad en la ciudad y en el campo de Anapu, como un dato más de la rutina. No hay límites para lo que se puede naturalizar en las regiones en las que el Estado no está presente, o está presente al servicio de los grileiros y los extractores de madera ilegal, lo cual es bastante común en el territorio amazónico.

La de Leoci fue solo una de las 16 cruces de madera clavadas en las casas de los muertos durante la Romería de la Selva, entre el 19 y 22 de julio. Realizada desde hace 13 años, desde el asesinato de Dorothy Stang, esta ha sido la primera vez que la romería ha recorrido la ciudad en lugar de 25 kilómetros de carreteras rurales por día. El cambio lo pidieron los campesinos, que temen por su vida debido a la escalada de la violencia y a la criminalización de los movimientos sociales en la región de Anapu y en toda la Amazonia.

El padre José Amaro Lopes, uno de los principales sucesores de Dorothy Stang en la defensa de los pequeños agricultores, fue detenido el 27 de marzo con un abanico de acusaciones. Y arrojado a la misma prisión en que Regivaldo Galvão, el “Cachondo”, uno de los que mandaron matar a Dorothy Stang, cumple pena. Después de tres meses en la prisión, el padre Amaro salió en libertad provisional, pero sujeto a varias restricciones. En la romería, los campesinos gritaban: ¡La hermana Dorothy vive! ¡El padre Amaro libre!”.

Dos semanas antes de que lo detuvieran, el padre Amaro dio una entrevista al periódico The Guardian, en la que afirmó que “algo se estaba cociendo”, refiriéndose al hecho de que sabía que algo le sucedería. “Como matar a Dorothy generó mucha repercusión y problemas para los grileiros, harán que parezca un accidente o se inventarán algo para acusarme”, dijo. A él, un sacerdote desarmado que se preparaba para cumplir sus obligaciones diarias, lo detuvieron como si fuera un jefe de la mafia. La aparatosa operación envolvió a 15 policías y varios sectores de la policía estatal. Una de las acusaciones, la de acoso sexual, se retiró enseguida, pero ya había cumplido el objetivo de descalificar al padre ante parte de la población de Anapu y de la región.

Las 16 cruces y nombres, según la Comisión Pastoral de la Tierra, corresponden a los muertos por conflictos de tierra solo en Anapu, de 2015 hasta hoy. Excepto un puñado de hombres y mujeres con las manos agrietadas por la azada y los pies marcados por la dureza del camino, nadie más parece indignarse contra la ejecución de estos brasileños pobres: Edinaldo Alves Moreira (05/07/2015), Jesusmar Batista Farias (11/08/2015), Cosmo Pereira de Castro (23/08/2015), Hercules Santos de Souza (17 años, 10/10/2015), José Nunes da Cruz (“Zé de la Lapada”, 27/10/2015), Claudio Bezerra da Costa (“Ivanzinho”, 31/10/2015), Wislen Gonçalves Barbosa (17/11/2015), José de Nascimento (“Jacaré”, 20/04/2016), Lourinho (20/04/2016), Marrone Gomes da Conceição (16 años, 08/06/2016), Antônio Pereira Queiroz (“Titela”, 08/06/2016), Parazinho (desaparecido en 2016, considerado muerto por las organizaciones), Jhonatan Alves Pereira dos Santos (“Jhon”, 26/07/2017), Valdemir Resplandes dos Santos (“Muletinho”, 09/01/2018), Gazimiro Sena Pacheco (“Gordinho”, 09/01/2018), Leoci Resplandes de Sousa (03/06/2018).

El 24 julio, la organización británica Global Witness (Testigo Global) difundió un informe llamado “¿A qué precio?” (aquí está la versión en español). El 2017 fue el año más peligroso en el mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente. Brasil es el país más letal para estos luchadores, con 57 de los 207 asesinados. Hoy, no existe en el planeta ningún lugar más peligroso para quien lucha por la tierra o por el medio ambiente que Pará, el más mortal de los estados brasileños.

Global Witness afirma que la letalidad de Brasil se ha agravado con las medidas tomadas por el gobierno Temer

En el análisis de Global Witness, las causas del descontrol, de la violencia y de las muertes, el 80% de las cuales han ocurrido en la Amazonia, se deben a acciones y omisiones programadas del gobierno de Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB): “Brasil tuvo el peor año registrado. El presidente Temer debilitó sistemáticamente la legislación, las instituciones y los presupuestos que podrían apoyar a los pueblos indígenas, prevenir posibles conflictos por la tierra y proteger a las personas defensoras de derechos humanos. El mandatario inclinó aún más la balanza del poder a favor de las grandes empresas, dejando a las y los activistas más vulnerables que nunca”. El gobierno sin credibilidad de Michel Temer contestó el informe de la organización alegando justamente... falta de credibilidad.

Por primera vez, según el informe de Global Witness, “la agroindustria superó a la minería como sector más peligroso” para una persona o grupo que se oponga a sus intereses: 46 de los 207 defensores ejecutados en el mundo, 12 de los 57 asesinados en Brasil estaban relacionadas con esa área. “En comparación con 2016, el número de personas asesinadas al manifestarse contra la agricultura a gran escala aumentó a más del doble”, afirma la organización.

Hay que diferenciar quien es grileiro de quien es hacendado de quien es agricultor, para no beneficiar a los predadores de la Amazonia

Hay que tener cuidado al tratar la “agroindustria” —y todavía más la “agricultura”— como un sector predador de por sí. Es importante diferenciar quiénes son los “hacendados” y quiénes son los “grileiros”. Aunque en parámetros históricos toda propiedad privada de la tierra sea una expropiación, existe una diferencia entre los que producen dentro de alguna legalidad y los que invaden tierras de comunidades indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos rebeldes) y ribeirinhas (ribereños de los ríos amazónicos) y tierras destinadas a proyectos agrarios. Los grileiros se apropian de tierras públicas a punta de pistola, muchas veces con el apoyo de la policía y de sectores corruptos del poder judicial y de las notarías.

Pero siempre que a un grileiro lo llaman “hacendado”, y al robo de tierras públicas lo llaman “agroindustria”, se borra el origen criminal y sus protagonistas ascienden a una actividad bien vista y valorada en naciones jóvenes como Brasil, al igual que en los demás países de Latinoamérica. El hacendado y el agricultor suelen ser descodificados por el sentido común como pioneros y exploradores, especialmente cuando llegan al norte de Brasil. Eso los convierte en un elemento de la construcción identitaria del país. Cuando las organizaciones generalizan y los llaman delincuentes, la lucha por el medio ambiente no solo pierde el apoyo del conjunto de la población sino también posibles aliados, creando una tensión innecesaria.

En este sentido, la comunicación de parte de las organizaciones comete un error de información y también estratégico. Es parecido a lo que ocurre con la “bancada ruralista” en el Congreso. ¿Cuántos de esos diputados son hacendados, o agricultores, o ganaderos que actúan legalmente? ¿Cuál es la historia factual y jurídica de sus propiedades? ¿Cuál es su pasado? ¿Y su presente? ¿Quiénes son sus reales inversores? ¿A qué lobby de hecho sirven? ¿Qué producen concretamente para alimentar a casi 208 millones de brasileños?

La palabra “ruralista” reúne bajo la misma bandera a productores que actúan legalmente junto con grileiros, deforestadores y otros agrodelincuentes. Bajo la jerga “ruralista” se legitiman ante una población que valora el trabajo en el campo, aun cuando lo que hacen de hecho no tiene ni siquiera una remota relación con poner comida en la mesa de la gente. Al contrario. Sus acciones predadoras no solo se apropian de lo que es público, por medio de la corrupción y de la fuerza, sino que también corrompen la tierra, el agua y el planeta que es la casa de todos, amenazando justamente la producción de alimentos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Gran parte de los agricultores del planeta, hombres y mujeres trabajadores, posiblemente están en contra de la agrodelincuencia que mancha su nombre de sangre.

En el epicentro de este proceso de privatización criminal de tierras públicas a punta de pistola (y más recientemente, a base de medidas provisionales y proyectos de ley), con la omisión o el apoyo de las instituciones representantes del Estado, están regiones como Anapu, un municipio de unos 27.000 habitantes. La calle principal es la carretera Transamazónica. Como todo barril de pólvora, a simple vista parece solo demasiado silencioso. Después, la telaraña de muertes y los testigos van dibujando otro escenario: el rastro de cadáveres, hoy marcado por las cruces de la Romería de la Selva, las casas de los sicarios, la dirección de quienes mandan matar. Alrededor del pequeño núcleo urbano, hay un intrincado mapa de propiedades rurales, tierras públicas robadas, milicias armadas, ocupaciones y asentamientos de campesinos.

La central de Belo Monte agravó los conflictos de tierra en Anapu

La tensión es permanente, las muertes se suceden. Para aumentar todavía más la complejidad, en los últimos años se ha formado un nuevo asentamiento, el “Mata Preta”, formado por trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, que ya no tenían a dónde volver cuando las obras disminuyeron de volumen, y de obreros que fueron a buscar trabajo en la represa, pero que ya no encontraron. Las consecuencias de la desplanificación de Belo Monte resuenan en todos los rincones y recrudecen conflictos históricos.

Tres de las 16 cruces clavadas en el suelo por los romeros son de la familia Resplandes, hoy la más amenazada en Anapu: Hercules, de 17 años, fue el primero, en 2015, Valdemir y Leoci, de 29 años, fueron asesinados en 2018. Respectivamente, sobrino, hermano e hijo de Iracy Resplandes dos Santos, de 52 años. Con la muerte de su hermano, Valdemir, ella se convirtió en líder del lote 46 de la Gleba Bacajá.

La mañana en que los romeros clavaban la cruz del hijo asesinado en el terreno de su casa en la ciudad, llamaron a la puerta de Iracy para darle el siguiente recado: “He venido a avisarte que van a matar a otros dos de tu familia”. Junto a ella estaban sus nietos, de 11 y 8 años, huérfanos de padre. Días antes, una moto ya había cruzado por delante de la moto de una sobrina para darle un recado parecido. La cuestión es cuánto tiempo hay entre los avisos y la consumación del acto. “Mi nombre no está en la lista, pero el de mi hijo tampoco estaba y aun así lo mataron”, dice Iracy. La normalidad con la que los campesinos se refieren a la lista es una señal de que Brasil se pudre.

Iracy no dice quién fue, tampoco confía en la policía para proteger a la familia que le queda. Una carta escrita a mano, de manera rudimentaria, reza así: “Tu doña Resplandes te atrebes a jugar con fuego te vas a quemar iras al mismo lugar que tu ermano cojo”. En otro punto dice que está cavando su propia tumba. Y afirma que toda la familia Resplandes morirá.

Los únicos que apoyan a Iracy y su familia en el municipio son otros campesinos, tan desamparados como ella, y las hermanas misioneras Jane Dwyer y Katia Webster, amigas y compañeras de Dorothy Stang, que continúan su trabajo en el campo con gran valentía. Con la repercusión internacional del asesinato de Dorothy, la situación se acomodó durante algunos años en Anapu. El robo de tierras públicas sufrió algunos reveses y pérdidas financieras con la presencia más activa del Estado en toda la región. Por eso, cambió la manera de operar.

Según las misioneras, en los últimos años los asesinatos han dejado de cometerse en la zona rural y han pasado a ejecutarse en la zona urbana, para dificultar la relación con los conflictos por la tierra. Desde que la bancada “ruralista” fue aumentando su poder para hacer chanchullos en el Congreso, la violencia se ha recrudecido y se ha acentuado en el gobierno de Michel Temer. Cualquier señal de Brasilia se interpreta de forma muy literal en Anapu y otras regiones con conflictos de tierra en la Amazonia: si se amnistía a los grileiros y se legaliza el robo de tierras, como ha sucedido en el gobierno Temer, la interpretación inmediata es que tienen permiso para apoderarse de tierras públicas, deforestar y matar a quien se interponga en su camino.

Cuando el candidato a la presidencia de la República Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), defiende en un discurso público la muerte de agricultores sin tierra por parte de la policía, al referirse a la ejecución de 19 personas en la masacre de Eldorado de Carajás, que tuvo lugar en 1996 en el sudoeste del estado de Pará, e incita al público a la violencia, sin responder legamente por ello, el efecto en las áreas de conflicto de la Amazonia también es inmediato. Cuando Bolsonaro grava un vídeo agradeciendo el apoyo de un amigo de la región de Altamira, un grileiro que la mayoría de la población sabe que está relacionado con el consorcio de la muerte que ejecutó a Dorothy Stang, lo que se entiende es que en Brasil se puede hacer de todo. Y quien puede hacer más puede hacer más que de todo. Y antes que nadie. Como el rastro de cruces demuestra de manera inequívoca.

“No se puede vivir con miedo”, dice la hermana Jane

La figura de Dorothy Stang, una mártir que para los más pobres empieza a convertirse en una santa, es un fuerte elemento aglutinador para la población más desprotegida. Junto a su tumba se ha colocado el escarabajo blanco con el que circulaba por la región. Hoy su memoria es una fuerza viva, ese cuerpo simbólico no se puede matar. Jane y Katia son tan actuantes como Dorothy lo era en vida. Jane es más alegre, irónica y parlanchina. Katia es más asertiva y reservada. Ambas son muy fuertes. Y están decididas a no dar marcha atrás. “No se puede vivir con miedo” dice Jane a los 79 años, con unos ojos oscuros que casi saltan de tan vivos y la boca formando una sonrisa. Además de la atención de la población, la principal protección en la casa de madera donde viven, permanentemente vigilada por sus enemigos, es una perra llamada Pitica. Es famosa por atacar solo a hombres, y directamente en los puntos más sensibles: la picha y los cojones.

Antes, las misioneras todavía acompañaban a los más desamparados a la policía para apoyarlos en las denuncias. Hoy, la situación en Anapu está tan explosiva que su presencia se utiliza para criminalizar a los campesinos. En junio, el Vaticano difundió un documento en el que sugiere la posibilidad de dar a las mujeres algún tipo de “ministerio oficial” en la Amazonia, entre otras iniciativas para enfrentar la escasa presencia católica en una región de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, la mayor parte en Brasil. A simple vista se ve que los católicos están perdiendo espacio a ritmo acelerado frente a los evangélicos neopentecostales también en la Amazonia.

Lo que hay que contar al Papa, como ya escribí, es que, si la Iglesia Católica todavía tiene relevancia en la selva, se debe en gran parte a una red de misioneras que están en la línea de frente en todos los lugares donde hay conflictos de tierra y que tienen mucho menos apoyo y protección de lo que deberían. En general, son menos vanidosas y autocentradas que los sacerdotes, que gozan de más privilegios y estatus, y demuestran ser más inmunes a las tantas tentaciones y trampas que las rodean por todos lados, además de tener una gran capacidad para la articulación política.

La situación, que ya era grave en Anapu, ha empeorado en 2018 con la detención del padre Amaro Lopes, el 27 de marzo, y con el asesinato de Luciano Fernandes, el 19 de mayo. Se autodeclaraba “hacendado”, aunque fuentes en la región afirman que la víctima era grileiro. La familia Fernandes es muy conocida en un área marcada por los conflictos agrarios y la explotación ilegal de madera. Cuando murió, la prensa regional presentó a Luciano Fernandes como un “empresario y pionero de la región de la Transamazónica”. Algunos sectores intentaron vincular su muerte con el movimiento social de lucha por la tierra y con el mismo padre Amaro.

Un vídeo amenazador, que responsabiliza a la Iglesia Católica (e incluso al papa Francisco) y a los líderes del movimiento social de la región del Xingú, se difundió ampliamente por YouTube, Twitter, Facebook y WhatsApp, multiplicando la tensión y expandiéndola. Sin embargo, la Comisaría Especializada en Conflictos Agrarios cree que la muerte de este miembro de la conocida familia Fernandes fue provocada por desacuerdos en la explotación de madera. “A pesar de actuar en las invasiones de tierras, todavía no hemos podido caracterizar el motivo del crimen como conflicto agrario. Quien supuestamente mandó que lo mataran, Tarcísio (Oliveira Pereira, maderero), está en prisión preventiva. Sin embargo, la relación que Tarcísio tenía con Luciano no era de conflicto agrario. Y sí de conflicto por madera”, afirma el comisario Flávio Amaral a la reportera Solange Azevedo, para EL PAÍS. “Tarcísio estaba extrayendo madera de forma ilegal de las tierras de Luciano. Tuvieron una discusión muy seria y creemos que eso motivó el asesinato. Pero no puedo dar más detalles”.

El comisario llama “guerra fría” a la situación de Anapu y alrededores, “invasiones” a las ocupaciones de los sin tierra y “productores rurales” a los del otro lado: “Existe una tensión, los conflictos existen y las invasiones continúan. Es lo que llamamos guerra fría. Hay un productor rural que sabe que han invadido su tierra. Pero han preservado el área de pasto y extracción de madera. Entonces permanece esta guerra fría, cada uno en un lado”.

El comisario dice que Anapu vive una “guerra fría”

Ante la petición de EL PAÍS del número oficial de homicidios en Anapu, una información básica para cualquier línea de investigación, la Secretaría del Estado de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará respondió la semana pasada: “Informamos que la solicitud ha sido reenviada a la Secretaría de Inteligencia Criminal, sector responsable de las estadísticas. Su petición no podrá ser atendida dentro del plazo informado, ya que se requiere un plazo mayor para verificar los datos. Con relación a los homicidios resultantes de conflictos agrarios en Anapu, no existen datos específicos que muestren en porcentajes esa información. Habría que hacer un estudio basado en las conclusiones de las investigaciones policiales, pero eso llevaría tiempo”.

Una parte de la policía de Pará tiene vínculos estrechos con páginas sensacionalistas en las redes sociales y programas policiales sensacionalistas en la televisión, por donde desfilan fotos de cadáveres de “delincuentes”, al igual que de víctimas muertas y ensangrentadas, que recuerdan la incómoda película Nightcrawler (Dan Gilroy). En estas “coberturas”, la información siempre es abundante. Ante las peticiones formales de EL PAÍS, los comisarios siempre “acaban de llegar a la ciudad” y nunca pueden afirmar lo que ocurre, porque aparentemente la memoria de la institución se agota en los individuos. Como suele ironizar una experimentada periodista de sucesos, si los datos fueran positivos, la policía de Pará los recitaría de memoria desde el año 1500.

Entre fuerzas poderosas, el cuerpo de los más frágiles se convierte en blanco. “Hoy la situación en Anapu es más peligrosa que en la época en que Dorothy fue asesinada” afirma la hermana Jane. “Son muchas más tierras y un número mucho mayor de familias. Los sicarios y la violencia aumentan día a día”. Le pregunto si tiene miedo. Ella muestra una sonrisa luminosa: “¡Vivir es correr riesgos!”. Y sigue su camino, siempre muy apresurada.

Provenientes del sur del estado, la familia Resplandes anda por Pará hace décadas en busca de un pedazo de tierra para cultivar. Por el camino, sufrió una diáspora, en Anapu sus miembros empezaron a ser ejecutados. Su cuerpo contiene el ADN de Brasil. Y la marca de una reforma agraria jamás realizada, ni siquiera en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff.

Iracy Resplandes ha decidido dejarlo todo atrás. Y emprender de nuevo el camino con sus hijos y nietos, sin nada a parte del deseo de permanecer viva y de nunca más enterrar a un hijo muerto a tiros. “No sabéis cómo duele enterrar a un hijo. Mi hijo iba a labrar la tierra conmigo. Hoy amanece y cae la tarde y no veo más a mi hijo. Vinimos a Anapu a vivir, no a morir. Y no vinimos a matar. No somos matadores. Entonces, nos vamos”. ¿A dónde? “No lo puedo decir, si no nos alcanzan”.

La injusticia contra los pobres otra vez prevalece en Brasil.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - O avesso da lenda, A vida que ninguém vê, O olho da rua, A menina quebrada, Meus desacontecimentos, y de la novela Uma duas. Web: desacontecimentos.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: @brumelianebrum. Facebook: @brumelianebrum.

Traducción: Meritxell Almarza