Equilibristas en la desconfianza

Uno de los dramas que afecta profundamente a toda América Latina es una enorme desconfianza que se proyecta simultáneamente en dos planos. De un lado la débil confianza interpersonal; por otro, la desconfianza en las instituciones públicas y de Gobierno. En una “operación tenaza”, eso erosiona el tejido social y la legitimidad de las instituciones.

En las encuestas de Latinobarómetro se recoge el dato lacerante de que las cifras de confianza interpersonal son las más bajas del planeta. En las últimas dos décadas han disminuido los pobres en cerca de 100 millones, ha crecido la clase media y se ha extendido la educación pero “la confianza en el otro no ha variado”.

Pero no sólo se desconfía de las personas, la mayoría tampoco cree en las instituciones públicas y desconfía de ellas: la confianza en que se mueven los partidos, el congreso y el poder judicial —las instituciones de la democracia— en los últimos 20 años no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos.

¿Indiferencia o desafección? La disyuntiva no es una sutileza del lenguaje. De tratarse de una mera “indiferencia” eso apuntaría a que la dinámica social y política marchen en rutas paralelas: la vida económica y social operando al margen de lo que pase en el Gobierno, el Congreso y otras áreas del Estado. La “desafección” —definida como “mala voluntad”— apunta, por el contrario, a la contradicción, al choque y, en general, el conflicto. Hay señales en ambas direcciones en todos lados.

En la raíz de todo esto destacan cuatro procesos simultáneos que se interconectan entre sí.

En primer lugar, el cambio social producido luego de la “década expansiva” (2002-2012): crecimiento económico del 80%, reducción de la pobreza en un 30% y crecimiento de la clase media en otro 30%. Si bien en algunos países —México, por ejemplo— los índices fueron mucho más modestos, el promedio regional es impresionante.

En segundo lugar, el desdibujamiento de las instituciones de representación, incluida la de las presidencias de la república. La dinámica social ha ido generando espacios de ejercicio de poder que no se han articulado al poder formal y del cual, además, se perciben distanciadas: asociaciones comunales, economía informal, organizaciones de vecinos, etc. que no se han articulado al poder formal/oficial.

El Perú ha sido especialmente pródigo en procesos políticos en los que los presidentes han navegado con muy bajos índices de aprobación; en torno al 25% al poco tiempo de asumir funciones. El presidente Vizcarra lleva menos de tres meses en el cargo y su aprobación ha bajado ya a un modesto y prematuro 37%. Aun así, al presidente del Congreso —Galarreta— con su pequeño 19% ese 37% le debe parecer un sueño.

En tercer lugar, la creciente autopercepción de derechos entre la población lo que se traduce en una creciente demanda democrática. Lo que siendo muy bueno, en principio, ocurre, sin embargo, en un contexto de muy débil legitimidad de las instituciones públicas y de los sistemas de representación. Esto gatilla la acción directa de curso y resultado imprevisible.

A esto se suma el efecto impredecible de esa clase media que creció vigorosamente. Contra lo que algunos creen, no es necesariamente “factor de estabilidad”, no sólo porque hay expectativas no resueltas (mejor calidad de transporte público, salud o educación) sino que se siente —y está— amenazada por el enfriamiento económico.

En cuarto lugar, la mutación acelerada de sociedades rurales a urbanas. Tiene profundas implicancias políticas y sociales que más del 80% de la gente en Latinoamérica viva hoy en ciudades —o megaciudades— que se encuentran colapsadas en asuntos cruciales como el transporte público, el abastecimiento de agua y la seguridad. Esto erosiona el tejido social y alimenta la violencia y la tensión.