Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Bachelet logra a última hora que la Justicia investigue 30.000 casos de torturados en la dictadura

El Estado se comprometió en 2003 a mantener en secreto por 50 años los testimonios de las víctimas y, por lo tanto, los tribunales no tienen acceso a esos relatos

Bachelet, este mes en el Palacio de La Moneda.
Bachelet, este mes en el Palacio de La Moneda. EFE

El sábado 10 de marzo, el día antes de que la expresidenta Michelle Bachelet entregara el poder a la derecha de Sebastián Piñera, su subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fríes, realizó una denuncia ante la Justicia para que se investiguen unos 30.000 casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisión Valech, una instancia creada durante el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) y que documentó los abusos y prisión política contra miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El Estado en ese momento se había comprometido ante las víctimas a mantener el secreto por 50 años, pero en el último tiempo este acuerdo fue criticado por determinados sectores ligados a los derechos humanos y por el propio Gobierno de Bachelet (2014-2018), que en septiembre pasado solicitó al Congreso la discusión de un proyecto legislativo para revelar los testimonios.

La denuncia de Fríes recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos en la zona centro del país. A cargo de conocer la verdad judicial de las muertes del expresidente Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda, entre otras de alta connotación, el magistrado decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.0000 casos. El secreto de los testimonios deberá resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporación que no depende del Poder Ejecutivo, autónoma e independiente. Cuando Carroza pida la información, será este organismo el que decida si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.

La subsecretaría de Derechos Humanos se formó en 2016 y depende del Ministerio de Justicia. Fríes suscribió la denuncia como subsecretaria, en unos de sus últimos actos administrativos. En cualquier caso, contactada por EL PAIS, Fríes aclara: "Desde el Gobierno [de Bachelet] me autorizaron".

El primer mandato democrático luego de la dictadura, el de Patricio Aylwin (1990-1994), formó la Comisión Rettig, una instancia que investigó por primera vez la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el régimen de Pinochet. Pero los detenidos y torturados no habían tenido un reconocimiento del Estado. Fue apenas en 2003, cuando se cumplieron los 30 años del Golpe de Estado contra Allende, cuando el presidente Lagos anunció la creación de la Comisión Nacional de Política y Tortura, liderada por el sacerdote Sergio Valech. Esta comisión recolectó miles de testimonios de víctimas y sus familiares y estableció que 28.459 personas habían sufrido prisión política y torturas en la dictadura.

La denuncia de Fríes del sábado 10 de marzo pasado, que Carroza dio curso, representa un nuevo intento para el levantamiento del secreto para los tribunales de justicia de los archivos de la primera Comisión Valech de 2003

Alguna vez el propio Lagos explicó las razones para los 50 años de secreto y no 30, como se pensó decretar en un primer momento. Siendo presidente, una víctima fue a verlo a la sede del Gobierno y, según Lagos, la mujer le señaló: "Presidente, usted ve que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre, presidente, que yo espero estar viva todavía cuando tenga 80 años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela; 30 años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted que pueda extender la privacidad de mi declaración durante 50 años".

Pero algunos sectores de izquierda y ligados a la defensa de los derechos humanos sospechan que lo que hubo fue una especie de acuerdo entre el Gobierno de la época y las Fuerzas Armadas. "No se entiende por qué se puso secreto por 50 años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron", señaló en septiembre pasado el diputado comunista Hugo Gutiérrez, que impulsó el proyecto de ley en el Congreso. Las supuestas negociaciones secretas, en cualquier caso, han sido negadas enfáticamente por Lagos y su Administración.

El primer Gobierno de Bachelet (2006-2010) formó una nueva comisión, conocida como Valech 2, que estableció la existencia de 9.795 nuevas víctimas de prisión política y tortura en la dictadura. Tanto la información recogida en esta instancia como la contenida en el Informe Rettig están a disposición de los tribunales, a diferencia de la Comisión Valech de la Administración de Lagos. La denuncia de Fríes del sábado 10 de marzo pasado, que Carroza dio curso, representa un nuevo intento para el levantamiento del secreto para los tribunales de justicia de los archivos de la primera Comisión Valech de 2003.

Según explica Fríes a EL PAIS, en el Parlamento el Ejecutivo estaba por incorporar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que permitiera que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, "pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las víctimas". La exsubsecretaria señala que, sin embargo, la comisión de Constitución del Senado no alcanzó a discutirla antes del receso legislativo y el cambio de Administración.

Agrega otro antecedente: "Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura". La exsubsecretaria señala que una de las iniciativas que querían realizar antes de que terminara el Gobierno era la generación de una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia que tuviera entre sus funciones revisar los testimonios rechazados por la Comisión Valech 2 y cuyas víctimas no tuvieron derecho a apelación. "Pero la autoridad [el exministro de Justicia, Jaime Campos] no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar. Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los expresos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos".

Fríes dice que como funcionaria pública que tiene el deber de denunciar si tiene conocimiento de ilícitos, sobre todo los imprescriptibles como las violaciones a los derechos humanos, realizó la denuncia: "Ante el cambio de Gobierno [de la derecha de Sebastián Piñera], me pareció que podía entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura. Utilicé el mecanismo de la denuncia, porque no tenía facultades para iniciar una querella", indica la exsubsecretaria. "Está claro que en los próximos cuatro años no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sentí con la responsabilidad de hacerlo".

Las gestiones contrarreloj

No es la última gestión que el Gobierno de Bachelet realizó en los últimos días u horas. A cinco días del cambio de mando, la presidenta presentó su proyecto de nueva Constitución, que ha sido criticado por el Gobierno entrante de derecha, de Sebastián Piñera, cuya Administración frenará la iniciativa. "No lo conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda", señaló el mandatario en entrevista con EL PAÍS.

Hasta algunas horas antes de la ceremonia de traspaso de poder, por otra parte, Bachelet realizó gestiones para llevar a cabo su último proyecto estrella: cerrar la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado exclusivamente a violadores de los derechos humano de la dictadura, criticado por las víctimas desde su fundación en 1995 por las condiciones privilegiadas en que viven los exmilitares y agentes. Pero la mandataria no tuvo éxito: su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto. Fue la propia subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fríes, que señaló haber visto el documento firmado por la presidenta Bachelet.

El exministro Campos, a través de un video, relató hace unos días: "A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?". "En el año y medio de mi ejercicio ministerial, en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia de que adoptásemos una resolución sobre el particular, e incluso, como Ministerio de Justicia, le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas, a objeto de concretar nuestros anhelos en orden a encontrar una solución a esta materia. Sin embargo, nunca tuve respuesta sobre ello", criticó Campos en el video. La expresidenta, hasta ahora, no se ha referido a este episodio que ha sido catalogado de "bochornoso".

Un tercer caso polémico se produjo por la nominación de un notario, un cargo apetecido en Chile, nombrado por el Ministerio de Justicia. A cinco días de entregar su cargo junto con la presidenta, Campos cambió la designación de un notario para entregársela a un exfiscal que fue justo el primero en examinar el caso Caval, que investigó los negocios de la empresa de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon. El exministro reveló que recibió "instrucciones superiores".