Costa Rica cierra el año en alerta por una ola de violencia y nuevo récord de asesinatos

“Según unos audios que me llegan de la zona de Pavas, la situación está bastante pesada. Los diablos se están haciendo responsables de la muerte del Gringo. Se está declarando en este momento zona de guerra a Pavas, Villa Esperanza, todo Desamparados, Zapote y Curridabat”.

Esta es la transcripción de uno de los audios que se hizo viral en la noche del sábado entre habitantes asustados del área metropolitana central de Costa Rica por el brote de enfrentamientos entre bandas narcotraficantes. Para ese momento estaba en las noticias la información sobre los últimos asesinatos de una ola de violencia que hizo a este país centroamericano alcanzar un nuevo récord anual en cantidad de homicidios y elevar la percepción de asemejarse cada vez más a sus vecinos centroamericanos.

En el fin de semana el registro de asesinatos llegó a 582 en este 2017, 25 más que en el 2016, en un incremento en el volumen y la crudeza de los enfrentamientos entre grupos que se disputan el mercado de drogas en cantones urbanos que rodean a la capital San José. La cifra podría llegar a 600 al finalizar el año. Desde 2015 en cada año se registra un nuevo récord, pero ahora hay algo nuevo: la ola de violencia ha propiciado la difusión de mensajes entre pobladores para evitar salir a la calle en ciertos sectores por temor a ser víctima de algún balazo ajeno, como ya ha ocurrido en algunos incidentes.

Las noticias no ayudan a la calma: la Policía capturó en mitad de semana una buseta (microbús) con dos cuerpos mutilados cuando circulaba por el parque metropolitano La Sabana, dos días antes de que asesinaran al supuesto líder de la banda ejecutora, conocido como Gringo, y de que circulara en redes sociales la imagen de su cuerpo ensangrentado en manos de un supuesto rival con pasamontañas. Solo unas horas antes del hallazgo del cadáver descuartizado, un sicario mataba a balazos tres personas en la vía pública junto a una parada de buses en el centro de un poblado a ocho kilómetros de San José llamado Coronado. Y así otros ataques. En total, 14 homicidios en un solo fin de semana

Así el año está para cerrar en Costa Rica con una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, considerada una epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una “emergencia nacional” y así debería declararse, dijo al diario local La Nación el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, después de argumentar que este país centroamericano ha omitido tomar medidas de Estado para enfrentar la oleada de drogas que los traficantes llevan de Sudamérica hacia Estados Unidos y la manera en que estas se filtran en bandas locales. Ya no se debe hablar de “narcomenudeo” o “microtráfico”, sino de narcotráfico en todas sus letras, dijo el ministro a quien han criticado por su gestión desde 2015.

El jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, también reaccionó con preocupación porque considera que los asesinatos de los líderes de los bandas podrían generar nuevas venganzas o violencia interna en los grupos por ocupar sus espacios. Las organizaciones se componen sobre todo de jóvenes menores de 25 años que residen en zonas marginales y que en muchas ocasiones reciben salario. También se han reportado de casos de comunidades al sur de San José controladas por estos grupos al punto de cobrar extorsiones a los comercios para dejarles operar. “En los últimos años no recordamos una situación semejante a lo que estamos viviendo”, dijo Espinoza a la prensa, a pesar de que desde hace al menos dos años se reportan ataques con violencia explícita en las calles de la ciudad, incluso a plena luz del día.

La situación, coincidente con la campaña electoral para elecciones presidenciales y legislativas en febrero, ha reactiva el debate entre las posiciones de “mano dura” en este país sin ejército o las propuestas más integrales que abordan la violencia como una manifestación de la marginalidad social producida por el incremento de la desigualdad en los últimos 20 años. También surge la disyuntiva sobre el efecto de las políticas represivas contra el narcotráfico internacional, pues los expertos coinciden en que el control en los mares liderado por Estados Unidos ha forzado a los traficantes a ir por tierra y esto propicia el surgimiento de organizaciones locales a las cuales pagan con droga para que la vendan a consumidores locales.