2.958 colombianos (Registraduría Nacional, Bogotá)

Y, mientras nosotros nos tomamos esta campaña presidencial como cuestión de vida o muerte, los viejos partidos políticos de Colombia hacen lo que les viene en gana con las listas de candidatos para el Congreso de la República. Podríamos llamarlo “un señuelo”: nosotros nos concentramos en conseguir que llegue a presidente una persona que no lo incendie todo –o nos reunimos, sudorosos y comiéndonos las uñas, contra las candidaturas que creemos que van a poner en marcha el Apocalipsis–, y mientras tanto los políticos entre comillas, que realmente son mercaderes de lo que es de todos, tienen el camino despejado para quedarse con sus curules –que podrían desminarnos tantos temas– como quedándose con el botín. El lunes de la semana pasada quedaron inscritos en la Registraduría Nacional, en Bogotá, todos los aspirantes al Senado y a la Cámara: 2.958 colombianos. Y el horizonte hoy es cualquier cosa.

No es extraño que el prestigioso exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, reacio a codearse con politiqueros, encabece esta vez la lista de la errática Alianza Verde: Mockus, el profesor que hace ocho años pudo ser presidente pero chocó contra un establecimiento sin fisuras –y bueno: contra la propaganda sucia en los letales tiempos de internet–, habrá caído en cuenta de que Colombia es lo que ocurre mientras ignoramos lo que pasa en el Congreso. Y es claro que el Congreso de 2018 a 2022 será el escenario en el que habrá de revisarse esta democracia de partidos desdibujados, tendrá que conseguirse que los representantes en verdad representen y podrá resolverse la paz con los grupos armados que han estado defendiendo los intereses de unos cuantos terratenientes y gobernando a sangre y fuego los parajes de la droga.

Resulta fundamental que el nuevo Congreso dé menos vergüenza, que tenga suficientes ciudadanos del lado de los ciudadanos, que tenga suficientes colombianos del lado de la ley: es una obviedad, sí, pero nadie tiene tiempo para detenerla. Se habla con repugnancia patriótica de los doce discutibles exguerrilleros de las Farc que tendrán un lugar en el Capitolio, pero no se revisa lo suficiente el cinismo –que sirve de excusa a los traficantes disfrazados de ángeles vengadores– de esta clase política que se ha puesto de acuerdo para avalar a decenas de candidatos al Senado y a la Cámara que son los herederos de los líderes condenados por su corrupción o sus vínculos con los ejércitos ilegales: varios de estos sucesores –según detallan informes de los principales medios colombianos– pertenecen al partido de Gobierno.

El exministro Aurelio Iragorri, el presidente del partido que digo –el hechizo Partido de la U–, ha resuelto con desvergüenza de campeonato la polémica por los herederos de los clanes políticos deshonestos: ha dicho “no existen crímenes de sangre” como si la ciudadanía no le estuviera reclamando que hubiera acreditado aspirantes dudosos dentro del partido del presidente, sino que hubiera contratado parientes de corruptos para su restaurante. Hay 1.886 hombres y 1.071 mujeres que quieren llegar al Congreso de la República. Hay 26 listas para el Senado y 356 listas para la Cámara. Y sin embargo, aun cuando los principales partidos colombianos tuvieron hasta este lunes para revisar algunos nombres, puede pasar que estos allegados de ciertos criminales y ciertos investigados se queden con buena parte del Congreso.

Ay, los políticos entre comillas. Se odian entre ellos y quizás tengan razón. Pero a la hora de la verdad se encogen de hombros porque se han tomado el mismo barco. Y porque sea quien sea el próximo presidente de Colombia, el que tanto teme usted o el que yo veo menos grave, tarde o temprano tendrá que lidiar con todos ellos.