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El pragmatismo empuja a Reino Unido hacia un Brexit suave

La precariedad de Theresa May y el lento avance de la negociación se llevan por delante el dogma de la ruptura radical y preparan el terreno para concesiones

Algo ha cambiado en Downing Street. La precariedad en que ha quedado Theresa May y la constatación de lo ajustado de los plazos de la negociación se ha llevado por delante el dogma del Brexit duro. Mientras la primera ministra se dispone a cargar sus pulmones con aire puro de los Alpes antes de afrontar un curso político decisivo, dos paisajes se dibujan en el horizonte de Reino Unido: una ruptura suave y escalonada con la UE o un salto al vacío sin red.

La primera ministra británica, Theresa May.
La primera ministra británica, Theresa May. EFE

Dos factores explican el cambio en Londres. El primero es el resultado electoral del pasado 8 de junio. Al despojar a May de su mayoría absoluta, los votantes rechazaron el Brexit duro que venía defendiendo desde que llegó al poder hace un año. Una encuesta de YouGov para The Economist publicada esta semana constata que, en efecto, el 51% de los británicos quiere un Brexit suave frente al 44% que prefiere una ruptura radical.

Tampoco la realidad parlamentaria aconseja esta última opción. A la vuelta de vacaciones, se empezará a debatir la primera gran ley para el Brexit. Los diputados tendrán al fin su verdadero escrutinio del proceso, y la oposición promete una dura pelea, para la que buscarán aliados entre los tories rebeldes. Los partidarios de un Brexit duro no cuentan con mayoría en la Cámara: perseguirlo sería una batalla suicida para May.

El segundo factor es el reloj que, como advirtió Michel Barnier, jefe negociador de la UE, sigue avanzando inexorablemente hacia el 29 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido deberá estar fuera de la UE. Los Veintisiete han dejado claro que, antes de empezar a hablar de un acuerdo que rija las relaciones en el futuro, necesitan avances sustanciales en los términos del divorcio. Estos incluyen tres asuntos peliagudos: el futuro de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico y viceversa, cómo evitar una frontera entre Reino Unido e Irlanda y la factura económica del divorcio. Han pasado ya cuatro meses desde que se activó el artículo 50 y, concluidas ya dos rondas de negociaciones en Bruselas, no hay constancia de avances en ninguna de las tres cuestiones.

Los términos del divorcio y del futuro acuerdo deberían estar cerrados en otoño del año que viene, para que el Parlamento Europeo pueda ratificarlo en plazo. Y ahí sí que parece que se ha alcanzado un acuerdo: es materialmente imposible. Por eso, esta semana el Gobierno ha reconocido que será necesario un periodo transitorio –“fase de implementación” es el eufemismo elegido- después del 30 de marzo de 2019, que evite el salto al vacío.

Durante sus paseos por los Alpes italianos, May tendrá ocasión de pensar qué forma tendrá esa transición. No es asunto fácil, sobre todo para una primera ministra cuya autoridad en el Gobierno, el partido, el Parlamento y la sociedad ha quedado gravemente dañada. Se trataría de mantener a grandes rasgos el statu quo, durante tres o cuatro años, hasta que se firme la “profunda y especial relación” que busca May.

Resulta evidente que no es el escenario soñado por los más antieuropeos, temerosos de que el periodo transitorio acabe convirtiéndose en permanente, como secretamente desea el otro bando, o de que se llegue a las elecciones de 2022 sin que se haya salido efectivamente de la UE, y estas se conviertan en un plebiscito sobre un asunto que desean dar por cerrado. Por eso, los más recalcitrantes siguen prefiriendo un portazo.

Diversos estudios coinciden en que la economía británica sufrirá más cuanto mayor sea su separación de la UE. Y muchos, entre ellos el ministro de Economía, Philip Hammond, ven las orejas al lobo. La caída de la libra y la inflación pesan ya en los bolsillos. Quienes, apoyados en los buenos datos económicos que siguieron al referéndum, desdeñaron el “proyecto miedo” de David Cameron y otros agoreros, deben enfrentarse a una nueva realidad: Reino Unido ha pasado, en el primer trimestre de 2017, de ser una de las economías que más crecía de la UE a ser la que crece más lentamente.

El país llega a las vacaciones parlamentarias con dos escenarios en el horizonte: un periodo de transición que difumine la salida o un salto al vacío. Durante sus paseos alpinos, May tendrá tiempo para reflexionar sobre cómo vender esto a una opinión pública a la que los políticos populistas y la prensa irresponsable convencieron de que podían conservar las ventajas del mercado único y mantener el control de las fronteras y las leyes o, en palabras del hoy ministro de Exteriores, “tener su pastel y comérselo”.

Diálogo con los empresarios

Muestra del cambio de actitud de Theresa May en los últimos días respecto al Brexit es su nueva relación con el mundo empresarial. Durante sus primeros meses en Downing Street, la primera ministra propicio un enfriamiento un colectivo tradicionalmente aliado del Partido Conservador. Su empeño en un Brexit duro no gustó en el mundo empresarial, generalmente partidario de mantener el mayor acceso posible al mercado único y la posibilidad de contratar mano de obra extranjera. Pero ahora May ha abierto el diálogo con los empresarios. Esta semana recibió a una representación en Downing Street y les transmitió su voluntad de evitar un ruptura radical. El creciente poder de Philip Hammond, canciller del Exchequer que se está imponiendo a los ministros más euroescépticos, supone también un guiño al mundo empresarial. Hammond y Damian Green, el también proeuropeo vice primer ministro oficioso, serán los encargados de sustituir a May durante sus vacaciones.

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